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Rosselló aseguró que siguen abiertos al diálogo con los bonistas. (Xavier J. Araújo Berríos)

El gobernador Ricardo Rosselló anunció hoy que notificó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que el gobierno de Puerto Rico se acogerá al Título III de la ley federal PROMESA para salvaguardar los servicios esenciales y el pago de nómina, así como a los suplidores.

“Hemos llegado a esta decisión porque entendemos que así se defienden los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, destacó el primer ejecutivo en una conferencia de prensa en La Fortaleza acompañado de su representante ante la Junta, Elías Sánchez Sifonte.

Rosselló anticipó que habrán “otras entidades” del gobierno que también se acogerán al Título III. “Eso se va a estar trabajando ahora en el diálogo. Algunas de las entidades se van a acoger a Título III potencialmente y otras a Título VI. A lo largo de estos días estaremos indicando cuáles son”, adelantó el primer ejecutivo sin dar más detalles. 

Indicó que la Junta acogió la petición del gobierno y “de manera inmediata” estaría sometiendo el recurso legal. Distribuyó la carta enviada al presidente de la JSF, José Carrión en la que hace la solicitud formal. 

“Como es de conocimiento de la Junta, el gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe para alcanzar un acuerdo consensual con sus acreedores. Desafortunadamente estas discusiones y negociaciones no han demostrado suficiente progreso como para alcanzar un acuerdo a tono con el nivel de deuda que reconoce el plan fiscal certificado por la Junta”, lee la misiva.

Rosselló dijo aunque ya hizo la petición a la Junta, aún discuten en qué tribunal se presentará el recurso legal.

“Ahora mismo, esas consideraciones se están detallando. Obviamente ahora es que se somete eses esfuerzo. La Junta estará hablando esos particulares en su momento”, apuntó.

Sánchez y Rosselló aseguraron que la corte debe acoger la solicitud del gobierno de Puerto Rico. Ahora bien, “puede haber un reto de parte de opositores al proceso de la radicación de Título III, pero ese reto no se puede presentar hasta 120 días después (de radicado el Título III)”, explicó Sánchez.

“Estamos más que preparados”, aseveró.

El primer mandatario defendió su decisión, que dista del discurso que mantuvo en campaña, porque supuestamente le indicaron que el déficit era de $3,000 millones y luego se certificó que era de $7,5000 millones.

“Es un proceso legal, número uno. Primero se tenía que certificar un plan fiscal. No podíamos llegar a acuerdos, a negociaciones sin beneficio del plan fiscal porque no sabíamos cuál era el número (disponible para negociar la deuda). Tenía que existir un espacio para poder ese diálogo de buena fe. Lo tuvimos y desde que el plan fiscal se certificó teníamos la protección de la moratoria federal que entonces fue levantada el 1 de mayo a la medianoche”, explicó Rosselló.

“En aquel entonces (cuando estaba en campaña) lo que se hablaba por el gobierno, sin dejar mucha evidencia, y lo que había trabajado era un déficit como máximo de $3,000 millones. Cuando entramos en la transición pudimos determinar que esto era $7,500 millones y la Junta por su parte pudo investigar que el número era alrededor de eso. Por lo tanto, ¿qué significa este cambio? Significa un cambio dramático”, afirmó.

Las expresiones del primer ejecutivo se produjeron en una conferencia de prensa convocada por La Fortaleza desde temprano en la mañana.

Tanto los bonistas de Obligaciones Generales (GOs) como los de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) ya demandaron al gobierno. Aún así Rosselló aseguró que continuará el diálogo.

“Estamos comprometidos con seguir este diálogo”, dijo Rosselló.

“El objetivo final de este es proteger a nuestro pueblo asegurar que tengamos una pronta resolución”, agregó.

Tanto Rosselló como Sánchez Elías se mostraron confiados en que el Capítulo III evitaría que el dinero del gobierno sea embargado. De hecho, Rosselló fue enfático en que pese a esta acción el gobierno se mantiene en negociaciones. 


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