Uroyoán Walker y Carlos Severino, expresidente y exrector, respectivamente, de la Universidad de Puerto Rico. (horizontal-x3)
Uroyoán Walker y Carlos Severino, expresidente y exrector, respectivamente, de la Universidad de Puerto Rico. (Archivo/GFR)

El expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Uroyoán Walker y el exrector del recinto de Río Piedras, Carlos Severino serán investigados por un fiscal especial independiente por la controversia de las becas presidenciales, informó la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives.

Según Cotto Vives, del informe del Departamento de Justicia se aduce que existe causa suficiente para investigar si Walker violó el artículo 264 del Código Penal, que se refiere a la malversación de fondos públicos, y el artículo 4.2 de la Ley de Ética, utilizar los deberes o facultades de un cargo para beneficios directos o indirectos de una persona privada.  

En cuanto a Severino, se investigará si violó el artículo 4.2 de la Ley de Ética.

Mientras, se informó también que Justicia recomendó al FEI que refiera al expresidente de la Junta de Gobierno de la Universidad, el doctor Jorge Sánchez, a la Oficina de Ética Gubernamental, para investigar si hubo violación al mismo artículo 4.2.

El año pasado surgió una polémica ante la supuesta otorgación de becas de estudios por influencias o amistad. Los hallazgos del primer informe provocaron la salida de Walker Ramos, de Severino y de los decanos de estudios generales, Carlos Rodríguez, y de asuntos académicos, Palmira Ríos.

Los beneficiados fueron Mónica Sánchez, sobrina de Sánchez; Arturo Ríos Escribano, exasesor del entonces gobernador Alejandro García Padilla, y Carlos Pagán Cuebas, pasado ayudante del hermano del gobernador y expresidente de la UPR, Antonio García Padilla.

Ríos Escribano devolvió su beca de $25 mil, y a la arquitecta Sánchez Sepúlveda le fue concedido un plan de pago para regresar los $23,2000 que se le otorgaron. Por su parte, Pagán Cuebas no devolverá los fondos y tampoco el informe le exige ninguna retribución.

La licenciada Iris Meléndez fue designada como FEI y la licenciada Zulma Fuster Troche como fiscal delegada. Estas tendrán 90 días para rendir un informe completo al Panel.

En el Departamento de Justicia las fiscales Mónica Rodríguez Madrigal y Mibari Rivera Sanfiorenzo, directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, estuvieron a cargo de la investigación. Contaron con el apoyo del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).


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