Christian Arvelo

Tribuna Invitada

Por Christian Arvelo
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La UPR bajo total control

En el 1993, el entonces gobernador Pedro Rosselló creó la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y le quitó al Consejo de Educación Superior las responsabilidades administrativas sobre la institución. De los trece miembros de esa Junta, el gobierno de Rosselló incluyó a un representante estudiantil. Desde entonces, los representantes estudiantiles ante la Junta de Síndicos (ahora Junta de Gobierno) han tenido la responsabilidad de: 1) mantener informados a los estudiantes sobre las incidencias que ocurren en dicho cuerpo; y 2) representar los intereses del estudiantado ante el mencionado foro institucional.

Dos décadas más tarde el ahora gobernador Ricardo Rosselló pretende revertir lo adelantado por su padre al someter el Proyecto de la Cámara 451. Esta pieza esboza que:

“El Gobernador podrá remover de la junta de directores de una corporación pública, agencia, dependencia o instrumentalidad del Gobierno o de cualquier entidad que reciba subsidios del Gobierno de Puerto Rico incluyendo pero sin limitarse a la Universidad de Puerto Rico,  a cualquier miembro que entienda que no está ejecutando la política pública establecida por éste o que no goce de su confianza para formular e implementar el plan fiscal requerido por la legislación federal conocida como PROMESA”.

El ejecutivo podrá remover a aquellas personas que no respondan a sus intereses, incluyendo a los representantes de la comunidad universitaria en la Junta de la UPR y los representantes de los consumidores en las Juntas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). En fin, tanto los representantes de los universitarios como los representantes de los consumidores no podrán adelantar los intereses de sus constituyentes cuando estos no estén a tono con los deseos del Gobernador.

En el caso de la UPR, el asunto se complica ya que dicha medida representa una violación a la autonomía universitaria y atenta en contra de los estándares de gobernanza con los que se rige la Middle States Commission on Higher Education para acreditar la institución. Contrario a lo que sucedió el cuatrienio pasado, que el gobierno se montó en los pedidos de la comunidad universitaria para que ocurriera un cambio de administración, el presente gobierno intenta subordinar a la gerencia universitaria para tomar total control de la institución. No basta con nombrar a las personas, sino que también deben ser fieles y seguir las órdenes emitidas desde la Fortaleza.

La legislación propuesta es una usurpación de los poderes que han adquirido los estudiantes y los docentes, en el caso de la UPR, y los consumidores, en los casos de la AEE y la AAA. La Legislatura, como mínimo, debe enmendar este proyecto para que los representantes ante las mencionadas juntas, que no son nombrados por el ejecutivo, queden excluidos de esta medida. De lo contrario, se estaría tomando una acción sin precedentes con el únicoobjetivo de acallar a aquellos que piensen distinto al gobierno de turno y excluirlos de los foros de deliberación de las corporaciones públicas. 

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