El más reciente episodio en la bochornosa e insensible conducta de los secretarios de Educación y los funcionarios que, por unas tres décadas, han tenido a cargo el manejo del Programa de Educación Especial se centra en la evaluación hecha por Carlos Rivera Martínez, comisionado especial en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez. Según la misma, plasmada en 70 páginas de evidencia y reseñada por El Nuevo Día, Educación sigue incumpliendo con su obligación en general, inclusive por debajo del mínimo que podría esperarse, con los continuos mandatos de los tribunales, con los servicios y con el suministro de materiales y equipos que requiere una buena parte de los 159,000 estudiantes matriculados en el programa.