El voto de confianza que la Junta de Supervisión Fiscal dio ayer al gobierno de Puerto Rico, al extender las fechas límites para presentar el Plan Fiscal y la moratoria de litigios judiciales amparada en la ley federal PROMESA, es una señal de armonía que las autoridades puertorriqueñas deben corresponder con la presentación de las medidas, respaldadas con cifras específicas, en las que apoyará la ruta del cuadre presupuestario necesario para iniciar la reestructuración de la deuda.