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Es hora de que la UPR rompa con la dependencia

Afectada por la crisis en la financiación que hasta ahora le ha provisto el gobierno central, la Universidad de Puerto Rico tendrá que trabajar por su propia sostenibilidad y, como otras entidades gubernamentales que también rinden servicios vitales para el País, debe asumir de forma decidida su responsabilidad de hacer economías.

En el derrotero de enderezar las finanzas públicas para viabilizar la recuperación económica y social de Puerto Rico, la institución debe empezar por mirarse a sí misma en el espejo del siglo 21.

La UPR debe presentar a fines de mes un plan fiscal viable y ajustado a la actual realidad, según le ha solicitado la Junta de Supervisión Fiscal, como la hoja de ruta para una reestructuración que la conduzca a la autosuficiencia. Ruta que debe estar acompañada por demostraciones de que las reestructuraciones de la oferta académica y su administración, ambas ya comenzadas, concluirán dentro de un tiempo razonable para que puedan respaldar un sistema universitario emprendedor.

Cumplir con la reducción de un 30% en su presupuesto significa operar con $300 millones menos que al presente. El hecho es que atrás quedaron los tiempos en que la institución podía contar con casi el 90% de sus ingresos de forma automática.

En dólares y centavos, la fórmula actual, que tiene asiento en la Constitución de Puerto Rico, se traduce en el manejo por la UPR de un presupuesto anual que ronda los $1,000 millones. De estos, cerca de $900 millones provienen del Fondo General del gobierno, con algo de menor cuantía de los juegos de azar. Los restantes $100 millones surgen de lo que llaman ingresos propios, producto mayormente del pago de las matrículas, y es lo que la Junta propone aumentar mediante una fórmula a base de las necesidades del alumno.

Ante la precariedad fiscal, la Universidad queda retada a optar por fuentes de ingresos propios, tales como la adopción de la matrícula ajustada a los ingresos familiares, la cual cuenta con el aval del ente federal.

El concepto de matrícula ajustada a los ingresos no es nuevo para la UPR. De hecho, ha sido un reclamo histórico de ciertos sectores universitarios. Desde la década de 1970 y en ocasiones en que las autoridades universitarias han propuesto aumentos en las cuotas de matrícula, se viene planteado que la uniformidad en la matrícula perjudica a los pobres en beneficio de los que tienen ingresos suficientes para aportar más.

Por otra parte, que los costos de los créditos aporten apenas el 10% del presupuesto universitario es inusual en las instituciones de educación superior en los Estados Unidos. Los bonistas consecuentemente catalogan ese hecho como una dependencia que perjudica la capacidad de la UPR de tomar dinero prestado para hacer mejores y obras capitales, y ahora, para volver al mercado de valores.

Otras fuentes de ingresos que la Universidad debe explotar con ahínco es la comercialización de las innovaciones científicas producto de la gran variedad de investigaciones universitarias y la prestación de servicios a diversos sectores sociales, comunitarios y gubernamentales.

De este modo, la Universidad estaría en mejor posición de salir de la precariedad reinante, la cual, sin fuentes alternas de ingresos, la obligará a continuar la reducción de secciones de cursos, la congelación de plazas docentes y no docentes y de aumentos programados, sin poder detener el deterioro de su infraestructura.

El plan fiscal para el próximo presupuesto universitario debe, por lo tanto, contemplar nuevas fuentes de ingresos y Ia inversión eficaz de los recursos universitarios. La verdadera autonomía universitaria radica ahí, en la autosuficiencia y la modernización de sus aparatos administrativo, educativo y fiscal.

Ese es el camino para servir con excelencia a una matrícula de sobre 60,000 estudiantes con una infraestructura tecnológica, de servicios y física adecuada.

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