Una pieza legislativa de la Cámara de Representantes, aprobada sin vistas públicas en el Senado, ha hecho saltar las alarmas sobre otra injusta y perjudicial reducción en las asignaciones que reciben las organizaciones sin fines de lucro (ONG’s), lo que amenaza una variedad de servicios esenciales que el propio gobierno es incapaz de ofrecer y, que por lo tanto, no se deben tocar.