Este año, la conmemoración del Día Mundial de la Salud hace un llamado urgente a la defensa y la protección del derecho de todas las personas a acceder a servicios de salud de calidad
Cada día, son evidentes los efectos de la vulneración de los derechos humanos. Aun cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos —aprobada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas— proclama, en su artículo 25, el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, este se ve constantemente amenazado y vulnerado.
En Puerto Rico, la ley que crea el Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico (Ley Núm. 235 de 22 de diciembre de 2015, según enmendada) sostiene: “Que la salud es un derecho humano y se reconoce como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que la salud es un asunto de naturaleza ética, de justicia social y de derechos humanos sobre el ánimo de lucro”. Y añade: “Que la salud es un derecho fundamental y no debe ser visualizada ni manejada como un bien de consumo más”.
Por su parte, la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente (Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, según enmendada) determina en el artículo 4 que: “Todo paciente tendrá derecho a recibir servicios de salud de la más alta calidad, consistente con los principios generalmente aceptados de la práctica de la medicina”. En el artículo 6 sostiene que los seguros de salud deberán permitir que cada persona reciba los servicios necesarios para el mantenimiento de la salud”.
Sin embargo, la garantía que asegura el derecho a la salud —que nos corresponde por el hecho de existir— es letra muerta. Como parte de su primer informe Basta ya de parchos en el sector salud, de 2016, el Consejo Multisectorial expuso la escasez de mecanismos para una efectiva participación ciudadana, la exclusión de los proveedores de atención sanitaria en los procesos contractuales con las aseguradoras, y la falta de transparencia y de rendición de cuentas.
Hoy, Día Mundial de la Salud, múltiples variables han sido el caldo de cultivo para la fractura del sistema de salud en Puerto Rico. La recesión económica, la privatización sanitaria, las medidas de austeridad de la Junta de Control Fiscal, la mercantilización de la salud, las aseguradoras, la emigración del personal sanitario en busca de mejores oportunidades laborales y económicas, las limitaciones de Medicare y Medicaid en Puerto Rico, y la vulneración de otros derechos como la vivienda digna y el acceso a una alimentación adecuada, por mencionar algunas, han menoscabado el bienestar de la población.
“Desde la experiencia de Iniciativa Comunitaria [de Investigación, o ICI], el sistema de salud no está atemperado para atender las necesidades actuales y emergentes con la agilidad que la calle y el paciente están demandando”, comentó Yorelys Rivera Amador, directora ejecutiva de la organización que atiende principalmente a las personas sin hogar y a aquellas con uso problemático de drogas.
Entre los retos que afronta día a día la población, la entrevistada mencionó la brecha digital o la desigualdad en el acceso a las herramientas y los recursos tecnológicos que dificulta o imposibilita hacer uso de la telemedicina (atención sanitaria a distancia mediante el uso de la tecnología), por ejemplo. Asimismo, señaló el prolongado período de espera para conseguir una cita con los proveedores de servicios de salud y la fuga de médicos.
Además de la importancia de desarrollar y mantener servicios de prevención y educación, Rivera Amador reclamó que el acceso a la atención sanitaria no debe estar limitado por las aseguradoras.
En cuanto a las personas sin hogar, afirmó que el Estado debe garantizar techo seguro, por lo que los determinantes sociales de la salud (condiciones o circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen) deben atenderse de manera integral.
Con relación a los servicios de ICI, Rivera Amador destacó la relevancia de trabajar con cada persona su plan de atención y cuidados, escuchar sus necesidades y que participe en la toma de decisiones. Las iniciativas de la entidad incluyen, pero no se limitan, a una clínica integral para atender personas con uso problemático de drogas, programa comunitario de prevención y educación para jóvenes expuestos a contextos o conductas de alto riesgo social, programa de servicios médicos y educación dirigido a personas que viven con VIH/sida, y rondas nocturnas para proveer alimentos y kits de prevención, entre otros servicios, a personas sin hogar.
“La recuperación es real. El 8 % de nuestros empleados son personas que estuvieron en la calle. Son historias de recuperación”, contó.
Recientemente, ICI recibió una subvención de $2 millones de la organización Lever for Change, que invertirá en su programa Brega Bien, con un espacio dirigido a brindar servicios de salud mental a niños y jóvenes.
Por su parte, la directora ejecutiva del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, doctora Marianyoly Ortiz Ortiz, expresó que el principal reto es el acceso a los servicios de salud. “Pensamos que hay acceso para todos por igual, pero no es así”, dijo y abordó las dificultades que enfrentan las personas que residen fuera del área metropolitana y en las zonas rurales para recibir atención sanitaria.
Igualmente, coincidió con Rivera Amador sobre los obstáculos para conseguir las citas médicas a tiempo. Las restricciones para poder desplazarse por falta de transportación y el rezago de la población adulta mayor en la alfabetización digital fueron otros de los problemas que Ortiz Ortiz precisó.
El estigma que prevalece sobre los asuntos concernientes a la salud mental y emocional, así como la advertencia del Cirujano General de Estados Unidos sobre la “epidemia de soledad y aislamiento”, son temas críticos que demandan acción urgente, de acuerdo a la directora ejecutiva del Fideicomiso.
“Vivimos en una infodemia. Hay mucha información por el acceso que tenemos a internet, pero se ha prestado para la desinformación”, indicó Ortiz Ortiz acerca del problema que se le presenta al personal sanitario al tener que desmentir datos no fidedignos que ocasionan que las personas tomen decisiones inapropiadas con respecto a su salud y bienestar.
Así, la entrevistada declaró que es necesario que, al considerar el derecho a la salud, se tomen en cuenta los determinantes sociales como un todo. Del mismo modo, resaltó que la educación en salud debe ser práctica y culturalmente apropiada, y subrayó la importancia de la alfabetización digital y la identificación y el reconocimiento de los promotores de salud comunitaria.
El Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico cuenta con 47 promotores en 27 municipios. Además, promueve el uso de la telemedicina, por lo que ha distribuido equipo, ha llevado a cabo capacitación y tiene una librería digital con recursos sobre diversos temas para el aprendizaje a través de la telementoría (https://recursos.prpht.org/).
La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.
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