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Uno de los factores que inciden directamente en la criminalidad del País es el nivel de deserción escolar. La razón es simple: las personas con menos competitividad laboral sufren con mayor intensidad las presiones económicas y contemplan con más detenimiento algún tipo de actividad criminal como fuente de ingresos, coincidieron varios expertos.

Las estadísticas más recientes del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) estiman que alrededor del 58% de los presos en el País tienen un nivel de escolaridad de undécimo grado o menos. Es decir, alrededor de 6,670 presos de los 11,500 que hay en el sistema carcelario del País ni llegaron al cuarto año de escuela superior.

“Uno de los problemas más grandes que tenemos es la deserción escolar... Muchos no tienen empleos (formales). Podrían tener algo como narcotraficante porque para ellos eso es un trabajo”, afirmó el superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha.

La deserción escolar en el pasado ha sido estimada en alrededor del 15% de los estudiantes que ingresan en la escuela elemental. Actualmente, en las escuelas del País hay cerca de medio millón de estudiantes.

“Salir del desempleo ahora mismo es difícil para una persona con un grado de universidad. Imagínate para ellos”, expresó el criminólogo José Raúl Cepeda.

Según Cepeda, el problema educativo va más allá del simple grado que alcanzan los estudiantes. El profesor de criminología afirmó que en las cárceles, por ejemplo, muchos de los presos alcanzaron grados de escuela superior, pese a que sus destrezas ni se acercan a las que deberían poseer a ese nivel.

“Muchas veces, opinó, son jóvenes con problemas de aprendizaje que el sistema educativo los echó a un lado. Los maestros fueron ascendiendo de grado al estudiante sólo para salir de ellos”, afirmó.

Un sistema educativo comprensivo, que tome en cuenta las necesidades especiales de los estudiantes, evitaría gran parte de la delincuencia y por ende bajaría la población carcelaria. “Pero aquí ese no es el caso”, dijo Cepeda.

Según el secretario de Corrección, Carlos Molina, en las cárceles del País se intentan corregir las deficiencias educativas de los reos, con cursos para que los presos aprendan algún oficio. Esto, de acuerdo con Molina, ayuda a que cuando salgan tengan una herramienta con la que puedan competir en el mercado laboral.

Sin embargo, según el criminólogo Joel Villa, el problema mayor está en el servicio que logra ofrecer a los estudiantes el sistema educativo del País. Indicó que, por ejemplo, las autoridades escolares usualmente no cumplen con las metas de aprovechamiento escolar, la enseñanza a niños con necesidades especiales no funciona y la detección e intervención con estudiantes y familias disfuncionales apenas logra resultados.

“A los maestros ni se les instruye a detectar e intervenir con las familias disfuncionales. Si ocurren las intervenciones, casi siempre es por una motivación especial de algún maestro”, dijo Villa.

“Además de la deserción, preocupa la gran cantidad de jóvenes sin supervisión en horas de la noche y la mañana. Esto puede ser por muchos factores. Puede que el padre tenga uno o dos trabajos, como puede que no estén valorando la vida de sus hijos”, dijo Figueroa Sancha.

El Superintendente, por su parte, señaló que muchos de esos jóvenes desertores ni llegan a la cárcel ya que terminan asesinados en las calles, como parte de la lucha por el trasiego de drogas.

Según Figueroa Sancha, las víctimas de la mayor parte de los asesinatos son jóvenes entre los 16 y 20 años. En el 2010, hubo 983 asesinatos.

“La juventud se está yendo”, dijo.


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