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Roques Arroyo indicó que su decisión estuvo basada en que las condiciones actuales no son las mismas a las presentadas el día de los alegados hechos. (Vanessa Serra Diaz)

La jueza Lauracelis Roques Arroyo, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, no extendió la orden de “entredicho provisional” que fue solicitada por el Banco Popular en su demanda contra varios manifestantes por los actos de violencia ocurridos durante el paro nacional realizado el pasado 1 de mayo. 

Roques Arroyo indicó que su decisión estuvo basada en que las condiciones actuales no son las mismas a las presentadas el día de los alegados hechos.

"No voy a extender la orden de entredicho provisional porque entiendo que las circunstancias no son las mismas. No es lo mismo alegarlo que probarlo", dijo la jueza al anunciar su decisión durante una vista en la sala 907 para determinar la extensión del remedio judicial. 

El 1ro. de mayo, el Banco Popular radicó una demanda que pedía al Tribunal de Primera Instancia, mediante un entredicho provisional e interdictos permanente y provisional, que los demandados desistieran de toda acción con la que pretendían causar daños a su edificio ubicado en la avenida Ponce de León. La empresa contó 14 cristales rotos durante los disturbios.

Ese mismo día, la jueza Roques Arroyo declaró, con lugar, el remedio de entredicho provisional y ordenó el cese y desista. Sin embargo, dicha orden solo iba a estar vigente hasta hoy, 10 de mayo a las 10:00 a.m. 

Aunque la orden podía ser extendida por el tribunal, la togada no lo determinó así a pesar de los argumentos que presentaron hoy los abogados de Banco Popular.

La licenciada María Dolores Trelles, representante legal de la institución bancaria, argumentó, sin éxito, que se debía extender el entredicho porque, según las reglas, el recurso se debe extender hasta que se pueda celebrar una vista en su fondo, la cual no ocurrió hoy. 

De hecho, Trelles estableció que del grupo de los demandados, sólo se pudo emplazar a cuatro de ellos: Nina Alejandra Droz, Dennis Montalvo, Valeria Herrera Huyke y Andrés Cortés. 

Al momento, no han podido emplazar a Jorge Santana, Carlos Farmer del Toro, Ian Camilo Cintrón y Scott Barbés. De estos últimos dos, precisó que no tienen ni sus números telefónicos ni sus direcciones. 

Trelles, además, argumentó que el Banco Popular, en distintas oficinas y sucursales alrededor de la Isla antes, durante y después del 1 de mayo, ha estado bajo un "patrón de violencia". 

Incluso, reveló que durante el pasado fin de semana descubrieron que un edificio de esta institución bancaria fue baleado. No especificó cuál fue la sucursal ni la oficina afectada. Sólo se limitó a decir que el incidente está "bajo investigación". 

La jueza Roques Arroyo autorizó el emplazamiento por edictos solicitado por Trelles.  Una vez se publiquen los edictos y se notifique al tribunal, se pautará una nueva fecha. 

La licenciada Trelles argumentó, fuera de la sala, que el Banco Popular continúa con el pleito para "proteger" a sus empleados y clientes de incidentes futuros. 


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