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Uno de los reclamos de la Coalición del Sector Privado es que se elimine la Ley de Cierre, porque lo que hace es encarecer los costos operacionales. (GFR Media)

La Coalición del Sector Privado (CSP) ha vuelto a insistir en que Puerto Rico necesita reformar sus leyes laborales, ya que representan un obstáculo para impulsar la economía, por lo que le ha solicitado al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, mediante carta, que presente legislación para enmendar varios de esos estatutos.

La entidad, que agrupa a una veintena de organizaciones empresariales, urgió también al Primer Ejecutivo a que derogue la Ley de Cierre, un pedido que ha hecho el sector privado por más de 20 años.

En declaraciones escritas, el coordinador de la CSP, Francisco Montalvo Fiol, indicó que al flexibilizar las leyes laborales se incentivará la contratación de personal. Aclaró que algunas de estas enmiendas aplicarían solo a los empleados contratados en el futuro, y no al personal que ya está en la nómina.

Sobre la Ley de Cierre, la CSP entiende que la misma “ya no tiene razón de ser, y solo tiene el efecto de aumentar los costos de operación de las tiendas al detal”.

Asimismo, la entidad procurará el que se permita en Puerto Rico “más flexibilidad en los horarios de trabajo y el periodo para tomar alimentos. Se debe autorizar por ley que los empleados puedan acordar con sus patronos autorizar itinerarios de trabajo semanal alternos o flexibles”.

“Con dichos acuerdos, un empleado podría cumplir con su horario semanal de trabajo en menos días, y así tener más tiempo libre, sin que ello represente un tiempo perdido en el trabajo para el empleado ni un costo adicional al patrono. Pero en todo caso, horas trabajadas en exceso de 10 en un día continuarán pagándose a tiempo y medio”, señaló el coordinador.

Periodo probatorio y Ley 80

Otra de las enmiendas que pidió la CSP es que extienda el periodo probatorio a 18 meses para los empleados nuevos y que se facilite también el uso de contratos temporeros.

Sobre las leyes de despido y discrimen (Ley 80 de 1976), la entidad desea que se elimine la presunción de que los patronos siempre violan la ley. “Esas presunciones no se justifican, y afectan adversamente la capacidad de poder tomar decisiones necesarias para el bienestar de la empresa y todos sus componentes”, reclamó Montalvo Fiol. “Debe quedar claro que los patronos son renuentes a despedir a sus empleados. Sin embargo, a veces es necesario tomar esa decisión. En esos casos, debe haber un límite a la cuantía que debe pagarse”, expresó, al tiempo que sugirió que el límite sea de seis meses de sueldo.

De igual forma, propone que se abra a la competencia del sector privado el servicio que ofrece la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. para administrar el programa de seguro para accidentes ocupacionales. Esto por entender que así es que funciona en la mayoría de los estados de Estados Unidos, donde las compañías de seguros privados ofrecen dicha protección a un costo menor y con más eficiencia.

La misiva propone también que se enmiende la ley de contribución sobre ingresos para permitir que se pueda conceder a los empleados en Puerto Rico todos los beneficios marginales contenidos en los llamados “planes de cafetería”, y que el pago que se realice a un empleado despedido esté exento del pago de contribuciones sobre ingresos.

“De esa manera se incentiva la concesión de más beneficios voluntarios a los trabajadores, y que ellos tengan más dinero en su bolsillo cuando se encuentren sin empleo, y dicho dinero se reinvertirá en la economía local”, señaló Montalvo Fiol.

Entre las organizaciones empresariales que componen la CSP están: la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la Asociación de Industriales, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, la Asociación de Productos de Puerto Rico, la Asociación de Hospitales, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, la Asociación de Constructores y la Asociación de Restaurantes.


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