(horizontal-x3)
El gobernador Ricardo Rosselló y Elías Sánchez, representante del primer ejecutivo ante la Junta de Supervisión Fiscal, participaron ayer en el foro denominado “Puerto Rico Future’s Path”, organizado por el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) (Ramón Tonito Zayas)

El Gobierno de Puerto Rico no ha presentado aún una oferta como parte de la negociación de la deuda y espera por una movida, a esos efectos, de los acreedores.

El Nuevo Día supo, sin embargo, que la ausencia de una oferta sobre la mesa fue una petición de los acreedores que desde la semana pasada mantienen reuniones con representantes del gobierno en Nueva York y esta semana se disponen a retomar el diálogo en el que intercambian información.

El gobierno persigue lograr un acuerdo con bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y aquellos de obligaciones generales (GOs en inglés) antes del próximo 1 de mayo, cuando expira la protección contra litigios.

“Es la aspiración, pero la bola está en la cancha de ellos. Ahora tienen que hacer una oferta. Sin eso, no se puede trabajar”, dijo el gobernador Ricardo Rosselló como parte de su participación en el foro “Puerto Rico Future’s Path”, organizado por el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).

Rosselló participó del foro de CEAL, que agrupa a bonistas e inversores de Puerto Rico, junto al representante del gobierno en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Elías Sánchez Sifonte. Este diario estuvo presente mientras ambos funcionarios contestaron las preguntas de los participantes, bajo la moderación de la reportera Joanisabel González.

Y aunque tanto Rosselló como Sánchez Sifonte han enfatizando que se inclinan por resolver la deuda de Puerto Rico mediante el Título VI de la ley federal PROMESA, ayer dejaron la puerta abierta para echar mano al Título III, de ser necesario.

El Título VI permite un acuerdo consensual entre el gobierno y sus acreedores, vehículo bajo el que hoy día la administración Rosselló, con la participación del juez Allan Gropper, participa de un proceso de mediación en busca de un acuerdo. El Título III, por otro lado, vislumbra la participación activa del tribunal en un proceso que se asemeja al de la quiebra.

“PROMESA trae una serie de instrumentos que no teníamos previamente: el Título VI para poder renegociar los términos de buena fe, pero también trae el componente del Título III. Nuestra preferencia, y siempre lo hemos dicho, es renegociar esto de buena fe. Entendemos que es lo más conveniente para todos los acreedores. Pero lo cierto es que, cuando llegue el momento, trabajaremos para que la discusión sea la que resulte en un mejor bien para Puerto Rico”, enfatizó el primer ejecutivo.

“Siempre el tiempo ha obrado en contra de nosotros, pero hasta el momento, hemos podido vencer esos obstáculos y nuestra aspiración y la de nuestro equipo de trabajo es sentarnos, ser razonables, mirar los números. Esto, después de todo, se aterriza en una discusión de números, si los acreedores piensan que tienen una mejor oportunidad por otra vía o si renegociar en buenos términos es la alternativa”, abundó.

Sánchez Sifonte se mostró incrédulo de que un tribunal –ante PROMESA– tenga “poder jurídico para congelar las cuentas” del gobierno. “Tú puedes demandar, pero que sean ejecutables, eso es otra cosa”, afirmó.

De llegar el 1 de mayo sin haber logrado nada con los acreedores, el gobierno contempla varias opciones, como un acuerdo de no ejecutar o recurrir a los tribunales.

De acuerdo con el plan fiscal de Rosselló, aprobado por la JSF, solo se pagará a los bonistas el 20% de lo que debería ser el pago a la deuda.

Algunos acreedores han pedido públicamente que se enmiende el plan fiscal, pero, durante el foro, Sánchez Sifonte descartó esa posibilidad.

“Eso no es un proceso que le corresponde al gobierno de Puerto Rico. Quien estableció el parámetro –desde enero– fue la Junta. El gobierno se tuvo que regir por los distintos parámetros (de la Junta). La ley (PROMESA) le da plena facultad a la Junta”, aseveró Sánchez Sifonte.

“Aquí no estamos hablando que el gobierno está cruzado de brazos. El gobierno está recortando significativamente”, puntualizó.

Levantó también el argumento del desconocimiento ante el cuestionamiento de cuánto del dinero, según el plan fiscal, será destinado para servicios esenciales y cuánto no.

“La ley es nueva. Todavía hay muchos grupos que están encerrados en la discusión de la Ley de Moratoria que estaba predicada bajo los poderes del Estado, que existen independientes a la Constitución. Bajo esa teoría, se argumentaba que podías usar dinero para el pago de servicios esenciales por encima de lo que diría la Constitución. Esa fue la base jurídica legal de la pasada administración, de la ley de moratoria local. (Algunos bonistas) todavía están encerrados en esa discusión de lo que es esencial y no esencial. PROMESA no requiere nada de eso”, dijo.

Sánchez Sifonte destacó que PROMESA no exige que para certificar el plan fiscal se tuvieran que identificar los servicios esenciales “y esos son los únicos que vas a pagar”.

“Eso no es lo que dice PROMESA. Da 14 puntos. Dispone, entre ellos, que se tiene que separar dinero para invertir en Puerto Rico, para pagar las pensiones, para servicios esenciales, pero no únicamente para eso... Si no revisan esos 14 puntos, siempre van a estar haciéndose esa pregunta”, apuntó.

No obstante, antes de la certificación del plan, el gobierno argumentó que debía identificar los servicios esenciales, que esa tarea recaía sobre el equipo fiscal y que salvaguardarían esos servicios esenciales que tampoco están detallados en el plan fiscal.

El plan busca atender un déficit de $7,600 millones, y contempla recortes en los gastos del gobierno, que solo para el próximo año fiscal ascienden a $1,623 millones y un nuevo modelo para el Plan de Salud del Gobierno.

Confrontado con el hecho de que los recortes puedan tener efectos nocivos sobre la ya maltrecha economía del País, Rosselló defendió su trabajo.

“Precisamente, nuestro plan fiscal no es meramente un plan fiscal. Es un plan fiscal y de desarrollo económico. Hemos tomado en consideración, número uno, el impacto de dónde es que se recorta. Por ejemplo, no es lo mismo despedir 45,000 empleados públicos, que el impacto proyectado es crecimiento negativo en la economía de 9%, que empezar a tener unas estrategias de reducción en las contrataciones, eliminación de ciertos subsidios, de trabajar con la movilidad del gobierno para maximizar los recursos”, detalló.

De paso, Rosselló mencionó otras iniciativas –aprobadas y en curso– como la reforma laboral, la reforma de permisos, la reforma contributiva, la creación de la Organización de Manejo de Destino y las alianzas público privadas que entiende que ayudarán a impulsar el desarrollo económico de la Isla.


💬Ver 0 comentarios