La radicación el pasado miércoles de una petición de quiebra territorial bajo el Título III de PROMESA es lo único que detiene a los acreedores del recobro. (horizontal-x3)
La radicación el pasado miércoles de una petición de quiebra territorial bajo el Título III de PROMESA es lo único que detiene a los acreedores del recobro. (Archivo)

El gobierno no tiene dinero suficiente para responder en caso de que los pleitos de bonistas prosperen en los tribunales o se determinen pagos a los acreedores mayores a los contemplados en el plan fiscal.

La situación se agrava porque el fondo especial para el pago de demandas, que desde hace años tiene el gobierno, tampoco cuenta con los recursos para atender estas eventualidades.

“No hay previsiones. El plan fiscal contempla lo que son los ingresos que en términos fiscales debemos allegar y los gastos que tenemos que hacer y el servicio de la deuda según lo que se tiene para eso”, dijo Elías Sánchez Sifonte, representante del gobernador Ricardo Rosselló Nevares ante la Junta de Supervisión Fiscal, al ilustrar la vulnerabilidad del gobierno ante una decisión adversa.

Sánchez Sifonte explicó que la ausencia de contingencias o de un “plan B” se debe a que el objetivo siempre fue alcanzar acuerdos con los bonistas en los que se redujeran los pagos a los acreedores de modo que se pudiera usar ese dinero para reinvertirlo en la economía y en financiar los servicios básicos que ofrece el gobierno.

“(El plan fiscal) no contempla contingencia en caso de que una demanda baje en contra del gobierno porque el objetivo era llegar a un acuerdo de buena fe, y eso implicaba hacer un programa de pago que se ajustara al Plan Fiscal. Ahora, eso mismo se tendrá que hacer bajo el Plan de Ajuste de Deudas que se requiere en el proceso de Título III”, señaló Sánchez Sifonte.

Actualmente, el gobierno carga con impagos ascendentes a $3,200 millones, por lo que su exposición a demandas es grande. Esa cantidad es más que el presupuesto consolidado del Departamento de Educación en un año. Por lo tanto, para pagar ese dinero en impago, se tendrían que tomar medidas económicamente más drásticas que el cierre del sistema educativo público por todo un año.

La radicación el pasado miércoles de una petición de quiebra territorial bajo el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) es lo único que detiene a los acreedores del recobro.

De hecho, según datos de la demanda de quiebra territorial, presentada por la JSF a nombre del gobierno de Puerto Rico, al menos 22 pleitos judiciales, la mayoría de estos para exigir el pago de los bonos de Puerto Rico, fueron paralizados a partir del miércoles.

Previo a esto, los pleitos enfrentaban el detente judicial que proveía la Ley PROMESA durante los primeros meses de su vigencia. Dicha disposición venció el pasado martes, día en el cual al menos cinco demandas se sumaron a las reclamaciones contra el gobierno central y sus instrumentalidades.

Las propias demandas presentadas por los acreedores muestran algunas de las controversias desatadas en las negociaciones.

La queja principal era que el plan fiscal certificado separa, en promedio, $800millones anuales para el pago a los bonistas. Esta cantidad es considerada como “muy poco” por los acreedores, dado que el monto cubre alrededor del 22% de las deudas por vencer en el periodo de 10 años que cubre el plan.

Otro asunto que ha levantado grandes ronchas y que ya es objeto de disputas judiciales es el manejo de los fondos desinados al pago de los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Normalmente, una porción de este tributo pasa a manos de un fideicomiso que se encarga de cumplir con los pagos a los bonistas de Cofina. Esto podría cambiar, puesto que el Plan Fiscal certificado y la Ley 26 de Cumplimiento con el Plan Fiscal proveen para que el gobierno use ese dinero para cuadrar la caja de Hacienda.

Sin embargo, Sánchez Sifonte indicó que esto se hará solo si es necesario. La expectativa ahora, con la radicación de la quiebra territorial, es que el proceso de negociación pase a ser supervisado por un juez del tribunal federal que deberá avalar un ajuste de deudas en sintonía con el plan fiscal certificado por la JSF.

“Una vez se llegue a una conclusión del Plan de Ajuste de Título III, pues ahí se sabrá el detalle de qué va a pasar con la deuda y los pagos”, dijo Sánchez Sifonte.


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