Mientras el equipo de AAFAF y sus asesores negociaban hasta la madrugada del 3 de mayo con el Grupo GO, la noche antes, el gobernador ya había solicitado el Título III para Puerto Rico. (horizontal-x3)
Mientras el equipo de AAFAF y sus asesores negociaban hasta la madrugada del 3 de mayo con el Grupo GO, la noche antes, el gobernador ya había solicitado el Título III para Puerto Rico. (Archivo / GFR Media)

Antes de la histórica petición del Título III de la Ley federal PROMESA, Puerto Rico y sus acreedores intercambiaron al menos cinco ofertas y contraofertas y ninguna se completó.

Según tres fuentes separadas de El Nuevo Día, una de las ofertas que permaneció viva hasta el final fue hecha por el grupo organizado de Obligaciones Generales (Ad Hoc-GO) el que mantuvo conversaciones con el Gobierno hasta la madrugada del 3 de mayo, horas antes de que Ricardo Rosselló Nevares anunciara el inicio del Título III para la Isla.

La oferta infructuosa del grupo GO, según las fuentes, habría sentado las bases para un acuerdo de indulgencia y el retiro de la demanda de Aurelius Investments y otros fondos.

La razón para el fracaso de las negociaciones voluntarias, es decir, bajo el Título VI de PROMESA, se encuentra en la renuencia de la JSF a aceptar cambios al Plan Fiscal y a cualquier propuesta que no fuera cónsona con el servicio a la deuda propuesto, según el Plan Fiscal certificado del pasado 13 de marzo.

Puerto Rico se convirtió la semana pasada en el primer gobierno estatal y territorial en la historia estadounidense en entrar en un proceso similar al de bancarrota municipal. La petición del Gobierno central junto a aquella para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) que se radicó el viernes, colocan el caso de Puerto Rico como el más grande en la historia estadounidense.

Movida inevitable

Según las fuentes, que pidieron anonimato por conocer las negociaciones, la radicación del Título III era inevitable porque el ente federal no fue ágil en promover las negociaciones entre las partes.

Empero, las fuentes dijeron que el proceso que ahora comienza tras la designación de la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain, no habría sido tan contencioso como ahora parece ser.

El freno de la Junta

“La Junta se opuso a todo, forzó el Plan Fiscal, rechazó hacer cambios a ese plan, denegó todas las ofertas que se hicieron y ahora también forzó al Gobierno a radicar el Título III”, dijo una de las fuentes.

Las fuentes aseguran que aunque se dio la impresión de que entre el 13 y 28 de abril pasados se dieron dos semanas de conversaciones, en realidad, durante ese período apenas se dieron unas tres reuniones con el mediador, el exjuez Allan L. Gropper.

El Nuevo Día preguntó a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y a la JSF, cuántas reuniones entre las partes se dieron y cuántos grupos de acreedores participaron del proceso. La AAFAF no ofreció respuestas a este diario y la JSF indicó que no emitiría comentarios.

El pasado 3 de mayo, luego de que el gobernador anunciara el pedido del Título III, el abogado Andrew Rosenberg, de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison y que representa al grupo Ad Hoc-GO, sostuvo que “justo cuando un acuerdo podía alcanzarse”, la JSF intervino para “bloquearlo”.

“Es nuestro entendimiento que la Junta rechazó respaldar un acuerdo entre el Gobierno y el grupo de GOs, aún cuando estaba en los límites del Plan Fiscal certificado”, reza una carta enviada por Rosenberg al juez Gropper con fecha del 4 de mayo.

Las ofertas de Cofina

Las fuentes también aseguran que los dos grupos organizados de bonistas Cofina, es decir, la Coalición y los bonistas institucionales asesorados por Houlihan Lokey, denominado como el Grupo de Fondos Mutuos, hicieron propuestas al Gobierno y la JSF.

Sin embargo, las fuentes aseguran que estas ofertas fueron, en esencia, “ignoradas por el Gobierno y/o rechazadas por la Junta”.

En una entrevista reciente, Matt Rodrigue, asesor de Miller Buckfire para la Coalición, dijo que la oferta del Gobierno no era aceptable porque tenía múltiples deficiencias como secuela de un Plan Fiscal errado.

Sobre todo, dijo Rodrigue, sus clientes no podían aceptar una transacción que ofrece un crédito no asegurado. Esto, porque los bonos de Cofina poseen una estructura legal sólida y por ende, aislada del resto del Gobierno, cosa que quedó confirmada en la petición que hizo la JSF para esa corporación pública.

Según una cuarta fuente, los bonistas de Cofina terminaron retirándose de la mesa ante la imposibilidad de hallar terreno común.

El intento de Assured

A pesar de que el proceso de mediación terminó el pasado viernes, 28 de abril, la aseguradora municipal Assured se mantuvo en la línea de negociación hasta el mismo 1 de mayo cuando expiró la suspensión automática de litigios provista en PROMESA, dijeron las fuentes.

Durante el fin de semana del 29 y 30 de abril, Assured, que asegura $5,400 millones en bonos de la Isla, ofreció un acuerdo de indulgencia. Tras demandar al Gobierno para que la corte que no avale la petición del Título III Assured indicó que “el Gobierno y la Junta” rechazaron su propuesta.

La noche del 2 de mayo

Una de las tres fuentes consultadas, explicó que el proceso de negociación recayó principalmente en los asesores del Gobierno y que “la postura de la Junta siempre ha sido no tomar ninguna posición que tienda a favorecer un acreedor versus otro.

“Aunque la Junta no podía avalar nada en ese momento, sí dijo que no estaría de acuerdo con una oferta que tuviera el efecto de adjudicar la controversia entre los GOs y Cofina”, explicó una de las fuentes en referencia directa a las conversaciones entre el Ad Hoc-GO y el Gobierno.

“El gobernador siempre quiso un acuerdo consensual. Por eso no pidió el Título III para que entrara en vigor de inmediato. Él esperó todo el día del 2 de mayo para que eso pasara hasta la demanda de los GOs”, dijo la cuarta fuente al subrayar que el domingo, 30 de abril, Rosselló Nevares hizo claro que no descartaba el Título III.

Sin embargo,a pesar de queel grupo GO radicó su demanda, sus asesores y aquellos del Gobierno, ubicados todos entre Puerto Rico, Washington DC y Nueva York, intercambiaron mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas toda la noche hasta cerca de las tres de la madrugada del 3 de mayo.

Mientras esas conversaciones se daban, Rosselló Nevares escribía al presidente de la JSF, José Carrión, pidiendo el Título III para la Isla.

La Fortaleza confirmó a El Nuevo Día que la carta de Rosselló Nevares a Carrión con fecha del 2 de mayo se cursó esa noche, mientras una de las fuentes especificó que el envío de la histórica misiva se dio entre las ocho y las nueve de la noche.

Tras la publicación de este reportaje, la Coalición de Bonistas Principales de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) rechazó que el grupo dejara la mesa de negociación convocada por el Gobierno y la JSF durante el período del 13 al 28 de abril pasado.


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