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La administración de Ricardo Rosselló Nevares no llegó a un acuerdo con sus principales bonistas ni invocó las protecciones del título III ante la Junta de Supervisión Fiscal. (horizontal-x3)
La administración de Ricardo Rosselló Nevares no llegó a un acuerdo con sus principales bonistas ni invocó las protecciones del título III ante la Junta de Supervisión Fiscal. (Especial GFR Media / Ingrid Torres)

Puerto Rico perdió esta madrugada la protección contra litigios que le dio la ley federal PROMESA sin que la administración de Ricardo Rosselló Nevares llegara a un acuerdo con sus principales bonistas y sin haber invocado las protecciones del título III ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En cuestión de horas, según fuentes de este diario, y dado que el Gobierno ya no puede librarse de reclamaciones de terceros, fondos institucionales y de cobertura de riesgo, aseguradores y hasta bonistas individuales comenzarán a demandar a Puerto Rico recabando el pago de sus acreencias.

La Coalición de Bonistas Principales de Cofina figura en la lista de los primeros demandantes contra Puerto Rico, según confirmó anoche Daniel Salinas, socio del bufete Quinn Emanuel y asesor de ese grupo de bonistas.

De igual forma, según fuentes de este diario, hasta hace unos minutos ciertos bonistas de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) también ponderaban radicar un recurso contra Puerto Rico.

Anoche, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo Portela, reconoció que pese a dos semanas de intensas conversaciones, no pudo lograr un pacto con los acreedores que impidiera que estos acudan al foro judicial. El Gobierno tiene como asesores a Rothschild & Co., Dentons, O’Melveny y Bank of America-Merill Lynch.

Portela planteó que la administración presentó una propuesta en línea con la precaria posición de Puerto Rico y con las guías establecidas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y que sirvieron de base al plan fiscal certificado por el ente federal en marzo pasado y subrayó que “las líneas de comunicación” con los acreedores continúan abiertas.

Según fuentes de El Nuevo Día, anoche el grupo Ad Hoc-GO intentaba además llegar a un acuerdo con la AAFAF, pero se desconocía el saldo de tales intentos.

La semana pasada, congresistas y líderes sindicales, así como el director ejecutivo de Jubilee USA, Eric LeCompte, instaron al Gobierno a solicitar ante la JSF los remedios del título III de PROMESA.

“Sin el título III, Puerto Rico puede terminar en un litigio como Argentina que mantuvo a esa economía como rehén por una década”, dijo LeCompte el pasado domingo a El Nuevo Día.

Grosso modo, este capítulo de PROMESA provee un mecanismo de resolución de deuda muy parecido al que utilizan personas o negocios cuando invocan los capítulos del Código de Quiebras federal.

En el caso de gobiernos municipales, el Código de Quiebras provee un mecanismo para ajustar deudas, pero a través del capítulo 9 de esa ley.

En PROMESA, sin embargo, el Congreso autorizó a Puerto Rico a renegociar su deuda pública, incluyendo la deuda constitucional, una prerrogativa que no se da a los estados.

Demandas en espera

Aparte de los recursos que puedan radicarse a partir de hoy, Puerto Rico ya enfrenta una docena de demandas ante el tribunal federal.

La mayor parte de estas, todas ante la consideración del juez federal Francisco A. Besosa, fueron radicadas el año pasado. Ello, luego de que Puerto Rico diera paso a la Ley de Moratoria y declarara un impago en la deuda pública.

Aunque la Ley de Moratoria fue derogada parcialmente por Rosselló Nevares, el Gobierno continúa incumpliendo con la mayor parte de sus acreencias.


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