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El gobierno de Ricardo Rosselló anunció hoy que acogería parte de la deuda del País al Título III. (Archivo / GFR Media)

Ante la falta de un acuerdo con los acreedores del gobierno de Puerto Rico que evitaría una avalancha de demandas, la administración de Ricardo Rosselló tiene bajo la ley federal PROMESA la posibilidad de utilizar a su favor el llamado Título III. Pero ¿en qué consiste esta herramienta legal?

El Título III establece un proceso de reestructuración supervisado por un tribunal, en caso de que los acreedores y el gobierno no lleguen a acuerdos de buena fe que satisfagan los intereses de ambas partes.

“Estas provisiones autorizan a emisores de deuda en Puerto Rico a reestructurar sus respectivas deudas en un proceso supervisado por la corte federal bajo ciertos términos y condiciones, si los esfuerzos para llegar a un acuerdo consensuado o voluntario no rinden fruto”, establece PROMESA.

Por tanto, se detienen todos los pleitos de cobro asociados a la deuda de la Isla y establece que todos los acreedores del gobierno, bonistas o no, tienen que competir para justificar que se les pague.

La urgencia de radicar el Título III surge tras la expiración del llamado “stay” o suspensión contra los litigios que expiró el pasado lunes, 1 de mayo, y que protegía a la Isla contra las demandas radicadas por sus acreedores exigiendo el pago de la deuda.

Esta disposición legal se incluyó en PROMESA debido a que el País quedó, a partir de 1984, excluido de la protección del Capítulo 9 del Código de Quiebras federal que establece los procesos de quiebra para municipios y corporaciones públicas. Es decir, Puerto Rico está desprovisto de un mecanismo legal para radicar una quiebra.

Sin embargo, bajo la ley PROMESA, el Título III establece un proceso que es un híbrido entre el Capítulo 9  y el Capítulo 11 del Código de Quiebras federal -que regula las quiebras de los negocios- y que permitiría que se extienda la suspensión automática de litigios, pero también ofrece otras alternativas para Puerto Rico.

Por ejemplo, el Gobierno o la agencia autorizada bajo el Título III podrá renegociar la deuda con los bonistas, pero también las pensiones, los convenios colectivos, las sentencias de individuos o negocios contra el estado, o cualquier obligación contractual.

De igual forma, el Título III establece que el resultado de un plan de ajuste podría aplicarse de manera retroactiva a todos los acreedores, una vez este cumpla ciertos requisitos. Es decir que la decisión tomada para la mayoría afectará a todos que se acojan al proceso.

Por otro lado, aunque la Junta de Supervisión Fiscal -que representaría al gobierno ante el Tribunal de Distrito Federal para Puerto Rico - solicite la petición para un Título III, el juez puede rechazar ese pedido si no cumple con ciertos criterios de PROMESA y ordenar un proceso de mediación entre las partes que podría durar unos 120 días.

 En ese periodo, la corte podría tomar diversos cursos de acción como la congelación de ciertos activos de Puerto Rico hasta que se llegue a un acuerdo.

Pese a que la administración actual puede hacer la petición de utilizar el Título III, es la Junta de Supervisión Fiscal quien determina si la certifica o no y si le da curso. Para esto, tiene que contar con la aprobación de una supermayoría de cinco de los siete miembros de la Junta, destaca el portal especializado Microjuris.

La Junta, además de ser la encargada de representar ante el tribunal al gobierno, presentaría un plan de ajuste de deudas.


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