Rosselló sostuvo que las negociaciones con los acreedores no han cesado, aún cuando ya venció la paralización de litigios contra el gobierno establecida por la Ley PROMESA. (horizontal-x3)
El Ejecutivo sostuvo que las negociaciones con los acreedores no han cesado, aún cuando ya venció la paralización de litigios contra el gobierno establecida por la Ley PROMESA. (Suministrada)

Ante el reclamo de un grupo de acreedores de exigir el pago total de la deuda, y luego de que optaran por cabildear en Washington en contra de los fondos reclamados por el gobierno de Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosselló advirtió ayer que no le quedaría otra salida que acudir a los tribunales.

“Hasta el momento nos están obligando a ir (a los tribunales). Siempre queda el espacio y siempre queda el tiempo. Mi intención es que esto pueda ser una negociación de buena fe, pero si siguen una trayectoria como va hasta el momento, no queda de otra que ir en la dirección que me permita defender los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, indicó el primer mandatario en una entrevista en La Fortaleza, acompañado del representante del gobierno de Puerto Rico en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Elías Sánchez Sifonte.

Esto significaría un giro en la ruta trazada por la administración que abogaba y aspiraba resolver la deuda de Puerto Rico mediante el Título VI de la ley federal PROMESA, aunque desde hace poco más de una semana abrieron la puerta al Título III. El Título VI permite un acuerdo consensuado entre el gobierno y sus acreedores, mientras que el Título III requiere la participación activa del tribunal en un proceso que se asemeja al de la quiebra. De acuerdo con el primer mandatario, el Título III impediría que los bonistas, en un pleito legal, logren congelar las cuentas del gobierno de Puerto Rico.

“El camino es claro en cómo se dispone. No hay que tener ese miedo. De nuevo, nuestra preferencia es llegar a una solución que sea racional, pero ya nosotros hemos tomado acciones que son concretas. Tenemos un plan fiscal y unas medidas concretas donde todos los distintos sectores han puesto de su parte”, reiteró.

El gobierno hizo su oferta a los bonistas, pero fue rechazada, confirmó Sánchez Sifonte. “El gobierno tenía una oferta que no se llegó a presentar y luego se trabajó para mejorar y se hizo la oferta”, explicó.

¿Debió el gobierno utilizar directamente el Título III en lugar de intentar negociar con los bonistas?, cuestionó este diario.

“El gobierno hizo lo que se comprometió a hacer: negociaciones de buena fe. Y de paso, el gobierno continuará buscando negociaciones de buena fe no importa el escenario en que se encuentre”, respondió Sánchez Sifonte, quien rechazó que este escenario fuera previsible “porque uno aspira que sean de parte y parte las concesiones y no dudo que como quiera se lleguen a acuerdo consensuales”.

Rosselló aseguró que aún se mantienen las negociaciones con los bonistas. Pero, igualmente, reconoció que al momento de la entrevista solo faltaban unas horas para que venciera la protección contra litigios del gobierno de Puerto Rico provista por PROMESA.

“Las negociaciones continúan. Estamos en diálogo, pero queda poco tiempo y es importante que si estas negociaciones no comienzan a llegar a unos niveles sensatos y razonables, donde podamos defender los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, donde se puede llegar a un pago racional, basado en el plan fiscal que hace unos recortes significativos en lo que es el pago a la deuda, pues entonces nos obligan a ir en una sola dirección”, advirtió Rosselló.

“Mi llamado es a la razón, para que podamos sentarnos y llegar a algunos acuerdos”, continuó.

Reveló que algunos de los acreedores exigen el pago de la deuda, en algunos casos hasta el 100% de esta y que han malogrado los esfuerzos del gobierno para obtener fondos para el plan de salud. “Hay algunos que quieren el 100% (de lo que prestaron al Gobierno, más intereses) o cerca de esa área. Eso, cuando todos hemos tomado nuestro sacrificio, simplemente es irracional e inaceptable para nosotros”, apuntó.

Anticipó que “con otros grupos de acreedores” del gobierno prevé “llegar a unos acuerdos”.

Recordó que el plan fiscal aprobado por la JSF ya fue certificado el pasado 13 de marzo e impone una reducción de gastos al gobierno, sus empleados y los ciudadanos. También, el plan fiscal establece que solo se pagará a los bonistas el 20% de lo que debería ser el pago a la deuda. Esa cantidad equivale a $800 millones.


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