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Muchos de los empresarios acogidos bajo las leyes 20 o 22 tienen sus oficinas en el edificio Caribe. (Gerald López Cepero)

Mark Curry es el creador y accionista principal de Sol Partners, empresa que ofrece servicios de consultoría en tecnología informática (IT). Reside en Viejo San Juan y asegura que nunca se irá de la Isla.

Tom McOsker es propietario de la empresa BCMG y recientemente trasladó a Puerto Rico los negocios de asesoría en inversiones y finanzas que tenía en Nueva York, Connecticut y Colorado. Tiene oficinas en el Viejo San Juan, donde acaba de comprarse una residencia, de la que dice estar enamorado, y trabaja también sus negocios desde el edificio El Caribe, en Puerta de Tierra.

El joven empresario Simon Lobanov es original de Ucrania. Recién llegó a Puerto Rico vía Nueva York y por invitación. También está trasladando su negocio a la Isla y a principios de año traerá a su familia a suelo boricua, cuando nazca su primer hijo.

¿El denominador común? Todos llegaron a Puerto Rico por los incentivos de las leyes 20 y 22, diseñadas por el Gobierno para atraer inversionistas y generar actividad económica al País.

Estos incentivos también están provocando que parte de la diáspora regrese a casa. Kristian Riefkohl es un profesional puertorriqueño con experiencia en asesoría financiera que se marchó a Estados Unidos para crecer a nivel profesional. Recientemente Riefkohl regresó a Puerto Rico, atraído también por esta oportunidad.

A la fecha, ya son cientos los empresarios que están aprovechando estos incentivos y que en su mayoría se han movido a Puerto Rico con sus familias.

La mayoría son estadounidenses, pero los hay de otros países y según afirman, tanto ellos como sus allegados, no hay planes de salir de aquí.

Además de traer sus negocios, muchos se han convertido en promotores de la oportunidad y de la Isla como un buen lugar para el emprendimiento.

El éxito de estos incentivos lo certifican tanto la firma de consultoría Estudios Técnicos, como el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Lo proclaman, además, empresarios puertorriqueños que están activos en la promoción de estos incentivos y que con sus negocios ofrecen múltiples servicios a estos inversionistas.

Mientras, muchos de los inversionistas que hacen uso de los incentivos, promueven los mismos entre sus redes de contactos.

Herramientas de estímulo

Los incentivos que están generando esta actividad son los que ofrecen las leyes 20, 22, 399, 273 y la 73.

La Ley 20 es “para Fomentar la Exportación de Servicios”, mientras que la Ley 22 es la “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”.

La Ley 399 es la “Ley de Aseguradores y Reaseguradores de Seguros Internacionales”; la 273 es la “Ley Reguladora del Centro Financiero Internacional”; y la 73 es la “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico” .

“Ahora tenemos un programa en el que hay 600 nuevas compañías exportando servicios desde Puerto Rico. Esos servicios no solo los están exportando los nuevos residentes, sino que se han contagiado empresarios locales y están haciendo sociedades con estos nuevos empresarios para exportar servicios ellos también”, sostuvo el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó, tras completar una visita reciente a varios de estos ejecutivos.

Las visitas fueron realizadas en San Juan, en los edificios El Caribe y Miramar Plaza, ambos ocupados, en su mayoría, por este tipo de empresas exportadoras de servicios.

“Aquí terminó la era moscosiana, que era traer fábricas de muchos empleados con un gerente general local, pero los dueños, los inversionistas, los empresarios no se mudaban a Puerto Rico y el día que querían cerrar esa fábrica la cerraban y se la llevaban”, agregó Bacó, el principal promotor de las leyes 20 y 22, al precisar la diferencia del nuevo enfoque.

Fuente de empleos

Un estudio realizado por la empresa Estudios Técnicos y que fue publicado en diciembre de 2015, indica que al mes de noviembre de ese año se habían emitido 360 decretos bajo la Ley 20, y 574 decretos bajo la Ley 22.

Informó, además, que a esa fecha había 204 solicitudes de decretos en proceso de aprobación para la Ley 20 y otras 180 para Ley 22.

El estudio estima que las empresas operando bajo la Ley 20 crearon cerca de 3,350 empleos directos a 2015. Estos empleos directos a su vez, habrían generado 2,160 empleos indirectos y más de 1,500 inducidos, para un total estimado de sobre 7,000.

La inversión inicial, indica el estudio, se concentró en bienes raíces, maquinaria y equipo, y el monto se estimó en cerca de $143 millones.

Su estimado de inversión de los beneficiados por la Ley 22 es, por otro lado, de $266 millones, mayormente en bienes raíces.

Los empleos directos generados por los negocios creados al amparo de la Ley 22 se estiman en cerca de 2,500. Estos habrían creado a su vez cerca de 1,600 empleos indirectos y otros 1,120 que habrían sido inducidos, para un total de 5,200.

Estudios Técnicos evaluó también la aportación fiscal de la actividad generada por los empresarios de Ley 20 y concluye que la misma ascendió a cerca de $58 millones. La misma se desglosa en $34 millones en contribuciones corporativas; $18 millones contribuciones individuales; $3.6 millones en impuestos sobre ventas y $2.3 millones en impuestos municipales.

Empresarios que dan apoyo

“Si el programa se mantiene como está y recibe el apoyo del Gobierno, como lo ha recibido hasta ahora, el programa es una herramienta para mejorar la economía de Puerto Rico”, afirmó a El Nuevo Día, Roberto Corretjer, socio de Omnia Economic Solutions, una empresa que ofrece consultoría en estas leyes e incentivos.

Uno de los servicios de esta compañía es ofrecer espacio de oficina y apoyo administrativo alos que llegan a desarrollar sus negocios a la Isla.

“Ahora mismo hay como 25 (inversionistas) en nuestros espacios de oficinas y unos 50 que usan nuestros servicios de correspondencia y secretaría; son cerca de 75 compañías”, afirmó al describir esa parte de su negocio.

Aseguró, basado en su experiencia, que el potencial de esta actividad es enorme y puede seguir creciendo.

“Ha sido un crecimiento orgánico porque el Gobierno de Puerto Rico no ha invertido mucho dinero en promover este programa. Esto ha sido más bien por referencias y por el buen trabajo que han hecho los que ofrecen los servicios”, agregó al resaltar el gran interés que hay por estos programas.

Al explicar ese interés, Corretjer opinó que “es una combinación de los incentivos, ya que obviamente no existe otro programa así para un ciudadano de Estados Unidos; la accesibilidad de Puerto Rico, donde se entra y se sale sin pasaporte y hay vuelos diarios a las principales ciudades de Estados Unidos; y por el talento”.

Resaltó ese último elemento y afirmó que muchos de sus clientes se han sorprendido “porque han llegado aquí y me dicen: ‘necesito reclutar a un gerente de ventas que tenga mucha experiencia, que tenga buen inglés, y aparecen 50 o 60 resumés’. Están empleando a mucha gente local, que es el efecto que se esperaba tuvieran las leyes”, sostuvo.

Jeanelle Alemar Escabí, de JAE Legal Services, LLC, coincidió con Corretjer y comentó, que a su juicio, este es el único programa en el mundo que le permite a los ciudadanos americanos ahorrar contribuciones federales. “Creo en el programa, creo que ha crecido enormemente y le veo un gran potencial”, dijo Alemar Escabí, quien también trabaja en el apoyo y asesoría a los inversionistas que interesan beneficiarse de estos programas en Puerto Rico.

“En un momento dado, vi la oportunidad de promover a Puerto Rico como un lugar de negocios y enfocarme específicamente en un servicio que fuera evaluar la estructura de negocio actual de la persona, del inversionista y ver cómo todas estas leyes, que son como 12, podrían ayudarle a mejorar la condición económica del negocio y a la misma vez traer negocios nuevos a Puerto Rico”, comentó.

Es de esa motivación que surge el servicio que hoy ofrece a decenas de inversionistas.

“Decidí establecer mi propia empresa y creció rápidamente porque había mucha demanda por el trabajo que yo estaba haciendo. La gente está bien interesada en estos incentivos”, insistió Alemar Escabí.

Explicó que hasta el momento ha trabajado con cerca de 60 negocios que han obtenido sus decretos contributivos. “Eso, a su vez, crea empleo, crea actividad económica, porque ellos alquilan locales, compran residencias, necesitan otros servicios”, añadió.

Crecen en Puerto Rico

Es en la oferta de esos múltiples servicios que laboran y desarrollan sus negocios varios empresarios locales.

“Mi estructura de negocios ha ido ofreciendo también, además de la asesoría legal, servicios de contabilidad, y servicios de ‘real estate’”, dijo.

“Profesionales como yo se han podido beneficiar de esta oportunidad de negocios porque también hemos creado esta comunidad y esta colaboración de diferentes empresas que le producen un servicio completo a los que llegan”, agregó la empresaria.

Por otra parte, reconoció que no es un proceso sencillo, sino que es “una decisión de vida” de los que deciden venir a vivir a Puerto Rico y cambiar todo su entorno.

Programa de promotores

Mientras algunos empresarios evalúan los pro y los contra de venir a vivir a Puerto Rico, el DDEC cuenta con un programa de promotores dedicados a atraer o a convencer a potenciales inversionistas a la Isla, acogidos bajo los beneficios que otorgan estas leyes, y quienes pueden recibir una buena compensación por su gestión.

El razonamiento tras el programa es que si se establece en la Isla una nueva empresa y se acoge a alguna de estas leyes como resultado de las gestiones del promotor, se genera una actividad económica que justifica recompensar esa gestión.

Para cualificar, se informó, los candidatos deben radicar una solicitud ante la Oficina de Exención Contributiva; del DDEC para recibir la certificación. Estos, además, deben tener estudios de bachillerato, al menos cinco años de experiencia en su especialidad, y conocer las leyes y los incentivos para poder promoverlos y atraer negocios.

La compensación que reciben es una proporción de lo que las empresas que promuevan paguen en contribuciones en Puerto Rico.

Alemar Escabí es una de esas promotoras, función que vincula a su exitoso negocio.

“Da la casualidad que se desarrolló un reglamento de promotores certificados, en el cual, las personas que interesan promover a Puerto Rico y que tienen el conocimiento para hacerlo, pueden recibir una compensación de un fondo que se ha creado para promover estas leyes, que se basa en la cantidad de impuestos que esas personas pagan”, explicó. “Si estas personas y estos negocios no pagan impuestos, los promotores no cobramos”, subrayó, y agregó que “la intención es traer negocios que generen capital, que generen ganancias, que creen empleos, que paguen impuestos”.

Inversionistas con éxito

Kristian Riefkohl es uno de los empresarios que llegó a la Isla acogido por los incentivos. Su empresa, Sol Partners, opera bajo la Ley 20 y fue creada en Puerto Rico por Mark Curry, quien, además, se beneficia de los incentivos de la Ley 22.

“Nosotros tenemos aquí varios negocios. Sol se dedica a proveerle servicios a nuestros clientes de los Estados Unidos en el mundo de computadoras, consultoría de IT (‘information technology’) y ese tipo de negocios. Tenemos, además, una cooperativa que empezamos siete miembros. Se llama cooperativa de crédito Sol y tiene los sistemas más adelantados”, detalló.

“Ocupamos tres pisos y la cooperativa en el ‘lobby’. Nosotros nos mudamos al edificio (El Caribe) en el 2014, pero este ha sido el año de mayor crecimiento”, sostuvo Riefkohl.

A Curry, según Riefkohl, “le estuvo bien atractiva la empleomanía de Puerto Rico y las oportunidades”.

Señaló que este empresario fue uno de los primeros en llegar a Puerto Rico con la Ley 22. “Él se ha enamorado de Puerto Rico, vive en el Viejo San Juan. Es de los pocos que vive en el área metropolitana. Lo llevé al campo y ahora come arroz blanco y pasteles con kétchup. Está enamorado de esto aquí, le fascina ir a Culebra y me dijo que no piensa irse de Puerto Rico”, señaló.

Sobre la empresa, adelantó que “el progreso es tal, que estamos por coger un cuarto piso para crear ahí un espacio de ‘coworking’, y atraer más gente a Puerto Rico, amistades de Mark, amistades mías, para que estén en un sitio juntos todos y podamos seguir colaborando”.

Uno de los efectos de esta legislación es que ha traído de regreso a Puerto Rico a profesionales puertorriqueños que habían salido del País en busca de oportunidades.

“Yo soy un ejemplo de eso”, dijo Riefkohl. “Yo estuve en Boston por 13 años, trabajando primero con Ernst & Young y después con varios fondos de inversión, y volví a Puerto Rico por la oportunidad que trajo la Ley 22 y la Ley 20 y las oportunidades de negocio que yo veía en Puerto Rico”, afirmó.

“Mark me enseñó, y yo estoy totalmente de acuerdo, que donde hay una crisis siempre hay una oportunidad. Me fui de Puerto Rico para crecer y creo que volví para ayudar a Puerto Rico a crecer de nuevo”, declaró.

Vino a experimentar y se quedó

El propietario de la empresa BCMG, es otro empresario que se beneficia de los incentivos de las leyes 20 y 22 y conversó con El Nuevo Día sobre su experiencia con los incentivos económicos de la Isla.

“Llegué en marzo de 2014 y éramos un grupo pequeño entonces. Me moví primero solo por par de meses, y luego moví una de mis compañías de Estados Unidos para acá (Bloxtrade)”, relató Tom McOsker.

“Después trajimos la firma de corretaje bajo la Ley 20 y luego nuestros ojos se abrieron ante la enorme oportunidad que hay aquí. Acabamos moviéndolo todo a Puerto Rico”, indicó.

“Fue esencialmente un plan de tres años: en el 2014 lo dedicamos a mover todas nuestras compañías, así que las movimos. No eran grandes, de dos o tres empleados por empresa, y las movimos de Nueva York, Connecticut y Colorado”, explicó.

“En el 2015 nos dedicamos a investigación y desarrollo de tecnología, y en el 2016 nos acogimos a la Ley 73 y empezamos a desarrollar terminales de acceso para impuestos de propiedad e inversiones, tipo Bloomberg, y los desarrollamos aquí en la Isla”, abundó.

“Tenemos una oficina aquí y tenemos otra en el Viejo San Juan con cerca de 13 programadores y nosotros desarrollamos todo el terminal en Puerto Rico y nos está yendo muy bien y ya lanzamos nuestra primera versión”, añadió entusiasmado.

Los planes de este empresario son despegar todos sus negocios en la Isla durante este próximo año 2017.

“Así que en el 2014 fue la Ley 20, el 2015 fue la Ley 73 y el 2016 nos hemos enfocado mayormente en remodelar, y ya tenemos cerca de 25 empleados. El 2016 ha sido mayormente traer el aspecto financiero de la compañía. Ha sido una marcha lenta de tres años pero nos sentimos confiados en que el 2017 todo va a estar en su sitio”, precisó McOsker.

Este inversionista, que tiene también el beneficio de la Ley 22, dice que ya adquirió tres propiedades aquí en Puerto Rico, incluyendo una reciente adquisición en el Viejo San Juan.

Atraído por invitación

El empresario Simon Lobanov, original de Ucrania, llegó a Puerto Rico por invitación de Roberto Corretjer.

“Soy un inmigrante. Migré a Estados Unidos en 2015 y desarrollé varios negocios en Nueva York. Fui muy afortunado de conocer a Roberto, porque hay mucha gente no competente alrededor de uno, así que fui muy afortunado y ahora somos amigos”, dijo a El Nuevo Día.

“Ha sido una experiencia fantástica. La gerencia media y alta está muy bien desarrollada aquí, especialmente en el campo de la tecnología, donde hay mucha gente educada”, opinó.

Lobanov recibió su decreto bajo las leyes 20 y 22 en días recientes y proyecta mudarse a la Isla junto a su familia a principios del próximo año, cuando su esposa, que está aún en Nueva York, alumbrará al primer hijo de la pareja.

“La Oficina”, que alberga a varios de estos inversionistas de las leyes 20 y 22, está llena a capacidad. Entre los inquilinos figuran CoolBrook (Jean Cora), LLC; Dislocation Capital Management PR Inc. (Gary Uglier); FeedYAK (Rafael Valls); Madeira Global Analytics (Christina Alfonso); TC Villas PR, LLC. (Millie Fuentes);

En el edificio Miramar Plaza, donde hay otra concentración de empresarios de leyes 20 y 22, sobresale The Morgan Reed Group, una empresa de bienes raíces y desarrollos con sede en Miami que, según informó el DDEC, ya ha adquirido sobre 40 propiedades comerciales y residenciales en Puerto Rico.

En sus instalaciones en este edificio, hay varias otras empresas, entre las que se incluyen Sonnedix Solar, Bellicose Capital/Ascencion Technologies, y Enablement Lab, todas acogidas a los beneficios de la Ley 20.

Importantes para el futuro

El estudio que realizó Estudios Técnicos concluye que “en el largo plazo, mantener ambas herramientas (las leyes) como política puede rendir buenos frutos para la economía local, particularmente si el Gobierno y los proveedores de servicios son capaces de capturar el producto de la actividad de los beneficiados por estas”, dice.

Sostiene, además, que “mantener incentivos para el desarrollo del sector de servicios permitirá aPuerto Rico absorber la actividad económica que genera un sector de servicios más robusto”.

Afirma igualmente que “en contraste con la estrategia previa de desarrollo, que estaba enfocada en la manufactura, incentivar el sector de servicios, aún cuando sea a través de la inyección de capital foráneo, va a traer mayor crecimiento económico”.

Con este análisis coincide el saliente secretario del DDEC, quien entiende que con las leyes 20, 22, 399 y 273, están las bases para promover un mayor desarrollo del sector de servicios.


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