Una querella por supuestas violaciones ambientales en dos propiedades que Anthony Pierluisi Rojo –hijo mayor del gobernador Pedro Pierluisi– mantiene en la bahía de Guánica fue presentada este miércoles, ante varias agencias locales y federales, por el aspirante al Senado del Partido Popular Democrático (PPD) Carlos Díaz Sánchez.

El precandidato sometió referidos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés) y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (USFWS, en inglés).

En el caso de la querella remitida al DRNA, el político pide a la agencia que “ejerza su deber ministerial, conferido mediante la Ley 23-1972, según enmendada, y conocida como Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”.

El documento, de tres páginas, consigna que el Artículo 5(h) de la Ley 23 establece que “el secretario tendrá el deber de ejercer la vigilancia y conservación de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo ellas y la zona marítimo terrestre, conceder franquicias, permisos y licencias de carácter público para su uso y aprovechamiento”.

El Nuevo Día intentó, pero no tuvo éxito, obtener reacciones del DRNA, OGPe, el USACE y el USFWS. Desde la semana pasada, y pese a un pedido de este medio, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, no ha contestado un pedido de entrevista. Tampoco ha emitido declaraciones escritas sobre el asunto.

Este medio trató de conseguir a Pierluisi Rojo a través de su abogado Leonardo Aldridge, quien comunicó que estarían en disposición de emitir una reacción una vez tuvieran acceso a la querella completa.

Previamente, el 12 de abril, el hijo del gobernador había dicho, por conducto de su representante legal, que los muelles estaban fuera de su propiedad y son “una estructura pública que ha existido desde la década de 1970″.

“Al ser una propiedad en bien de dominio público, es el DRNA el custodio del mismo. El muelle lo utilizan inquilinos de la propiedad, como también pescadores de la zona y kayakeros del área, entre otros”, expuso entonces Pierluisi Rojo.

La querella hace constar que está vigente el Reglamento 4860 del DRNA para el aprovechamiento, vigilancia, conservación y administración de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo estas y la zona marítimo terrestre.

Díaz Sánchez solicita que se verifique si las dos propiedades de Pierluisi Rojo, ubicadas en el sector San Jacinto del barrio Carenero, en Guánica, cumplen con todos los delineamientos establecidos en ese reglamento.

El estatuto establece, entre otras cosas, los usos permitidos y el aprovechamiento de los bienes de dominio público correspondientes a la zona marítimo terrestre y los terrenos sumergidos de Puerto Rico. Además, define el proceso que el DRNA debe seguir en la evaluación y adjudicación de solicitudes de concesiones en la zona marítimo terrestre y en terrenos sumergidos.

En el referido, Díaz Sánchez solicita saber si las propiedades operan “acorde con la ley orgánica del DRNA” y su Reglamento 4860, si cumple con la Ley 161 de 2009, la ley orgánica de OGPe, y si el uso existente “no menoscaba o coloca en peligro los recursos naturales del área donde ubica”.

También, pide a las agencias estatales y federales que verifiquen si las propiedades cumplen con las leyes federales, como la Ley de Barreras Costeras de 1982.

La semana pasada, el USACE, por conducto de José Alicea Pou, jefe de la División de Permisos del Programa Regulatorio de la agencia federal en Jacksonville, confirmó a El Nuevo Día que los muelles de las propiedades carecen de los permisos en virtud de la Ley federal de Agua Limpia (“Clean Water Act”) y la Ley federal de Ríos y Muelles (“Rivers and Harbors Act”).

Igualmente, dijo que las estructuras necesitaban una “concesión” del DRNA, según lo establece el Reglamento 4860 de la agencia.