El aspirante al Senado por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Díaz Sánchez, volvió a cuestionar el domingo el trabajo de la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, y exigió que la titular haga público el documento donde se autoriza la salida de Hermes Ávila Vázquez –imputado del asesinato de una mujer en Manatí- del sistema carcelario.

“Mientras la familia sufría la perdida de Ivette Joan Meléndez este pasado viernes, la secretara de Corrección y Rehabilitación estaba celebrando el cumpleaños del gobernador (Pedro Pierluisi) sin ni siquiera mantener un decoro de que por su irresponsabilidad, incapacidad e ineficiencia murió una mujer inocente”, alegó Díaz en conferencia de prensa.

Meléndez fue asesinada el domingo pasado, según la investigación de la Policía, a manos de Ávila Vázquez, un convicto de asesinato en primer grado que fue puesto en libertad en 2023 al amparo de la Ley 25 de 1992.

Este estatuto permite la liberación de confinados a quienes se les haya sido diagnosticado el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) o cualquier otra enfermedad en su etapa terminal. A Ávila Vázquez se le concedió el privilegio tras alegar la condición de paraplejía, que resultó ser una mentira, según los eventos que han trascendido tras los violentos hechos.

Díaz Sánchez sostuvo que la salida de todo confinado al amparo de la Ley 25 de 1992 debe ser autorizada por el secretario o secretaria del DCR, según dispuesto en su Artículo 4. Indicó que el estatuto no permite que la titular delegue esta responsabilidad. “Es muy importante que la secretaria del Corrección haga público el documento que autorizó la salida, porque la ley no permite que sea un subalterno”, señaló.

Durante la conferencia de prensa, el aspirante al Senado denunció, además, que Escobar autorizó que un grupo de 43 confinados del área de máxima seguridad del complejo correccional Las Cucharas, de Ponce, participara de un juego de baloncesto a pesar de que el Comité de Clasificación y Tratamiento, encargado de evaluar este tipo de solicitud, no aprobara la salida.

“Este documento muestra que el comité integrado por el presidente, una trabajadora social penal y un oficial correccional denegaron la salida, pero la secretaria de Corrección la autorizó poniendo a la sociedad y a los mismos oficiales, en riesgo”, subrayó Díaz Sánchez. “De esta manera irresponsable es que se tramitan las salidas de confinados de alta peligrosidad”, reclamó.

En expresiones escritas, Escobar declaró que “cualquier asunto o documento” relacionado a la investigación del caso de Ávila Vázquez se hará público una vez concluya la pesquisa y se entregue al Departamento de Justicia. No obstante, aseguró “que no firmé ese documento y eso quedará demostrado”.

Respecto al juego de baloncesto dijo que la actividad se llevó a cabo dentro de un complejo carcelario y sostuvo que la actividad “forma parte de los eventos deportivos que se programan para la población correccional”.

Como parte de sus denuncias, Díaz Sánchez alegó supuestas irregularidades en el Plan de Clasificación y Retribución del DCR y denunció que el documento “es muy diferente” al que se le presentó inicialmente a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Asimismo señaló un supuesto conflicto de interés, pues el esposo de la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), organismo que avala los planes de clasificaciones del gobierno, es asesor legal de Corrección. Díaz Sánchez identificó al esposo de Zahira Maldonado como Francisco José González Magaz.

“Como parte de sus funciones está evaluar, precisamente, el plan de clasificación y retribución que a la sazón, a fin de cuenta, su esposa es la que pasa revisión y acepta o no acepta la recomendación de la secretaria de Corrección”, subrayó Díaz Sánchez.

El político alegó que posterior a presentarle el documento a la JSF y ser aprobado, la OATRH realizó unos ajustes para beneficiar a seis empleados de la agencia -entre ellos Escobar- que forman parte del comité de movilización de campaña de Pedro Pierluisi. Con los cambios, dijo, Escobar recibiría un sueldo de $117,000 anuales una vez deje su cargo de titular de Corrección y regrese a su puesto de carrera de inspectora de seguridad correccional.

“Desde que la nombraron directora de movilización de la campaña de Pedro Pierluisi tiene un aumento de $44,000 anuales. Esos milagros no le pasan al servidor público honesto”, aseveró.

En respuesta a estos últimos señalamientos, Escobar rechazó cualquier conflicto de interés y sostuvo González Magaz no tiene injerencia en los asuntos tratados por la OATRH y el DCR. “Además, para garantizar la transparencia y evitar cualquier conflicto de interés, la licenciada Maldonado Molina, notificó en 2021, a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), que se inhibe de todo asunto relacionado con la agencias en las cuales su esposo esté contratado”, expuso.

“Insto a Díaz a llevar sus denuncias a las agencias con autoridad de investigarlas. Que acuda a la Junta de Supervisión Fiscal y pregunte sobre el proceso de confección de este plan y divulgue las respuestas que le ofrezcan. Lo contrario, es demagogia y deseos de hacer daño”, subrayó la jefa de Corrección.