A juicio del gobernador Pedro Pierluisi, la ausencia de los ocho jueces asociados del Tribunal Supremo a su Mensaje de Situación del Estado fue un hecho “desafortunado”, pero consideró este miércoles que la acción refleja el disgusto de los integrantes del máximo foro judicial del país por lo sucedido con el alza salarial para la clase togada, un asunto que fue objeto de pleitos legales y que aún no se ha resuelto.

“Desafortunado. Realmente, es que toda esa controversia en cuanto a la paga de los jueces en Puerto Rico me parece bien lamentable. Es bien lamentable. He insistido en que se atienda el alza en los salarios de los jueces separadamente de cualquier otra alza salarial. Esa ha sido la tranquilla”, expuso Pierluisi.

“Yo espero que, antes de que culmine esta sesión, el presidente de la Cámara (Rafael “Tatito” Hernández) reconsidere su postura. Los jueces del Supremo lo dijeron bien claro en un comunicado de prensa que emitieron. No comparecieron porque están en total desacuerdo con la postura que ha asumido el presidente de la Cámara”, abundó, luego de anunciar el comienzo de los trabajos de construcción del proyecto para dragar, profundizar y ensanchar la bahía de San Juan, a un costo de más de $62 millones.

Para el primer ejecutivo, “es obvio que (los jueces) están muy disgustados con la situación. Yo no voy a entrar a juzgar si esa era la forma y manera de protestar lo que ha ocurrido, pero sé, me consta que están muy disgustados”.

Al momento de esta publicación, fue imposible obtener una reacción de Hernández.

Los jueces asociados del Supremo decidieron no asistir al Mensaje de Situación del Estado e hicieron saber, por escrito, que, aunque tienen “gran deferencia y una relación de respeto con el gobernador y con el presidente del Senado, la situación histórica actual entre las ramas de gobierno hace incompatible la comparecencia de los miembros de ese tribunal a la Cámara de Representantes”.

Hernández, públicamente, ha dicho que no daría paso al aumento de salario a los jueces, pese que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) asignó $11.2 millones para ese fin.

La Asamblea Legislativa, en noviembre de 2023, no dio paso a una medida para la distribución de los fondos, lo que llevó el asunto al foro judicial. El juez Anthony Cuevas Ramos declaró ha lugar una demanda incoada por la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, que reclamaba la entrada en vigor del alza para los togados.

Posteriormente, la Cámara apeló el fallo, pero el Supremo desestimó el recurso e hizo valer el incremento. El 9 de febrero, el máximo foro judicial declaró “no ha lugar” una moción de reconsideración presentada por el cuerpo legislativo y, poco después, el 13 de febrero, despachó una segunda solicitud con el mismo fin.

Hernández catalogó, entonces, como “peligroso para la gobernanza” que el Poder Judicial hiciera uso de los $11.2 millones, que son resguardados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, sin que mediara legislación que determine cómo debe ser la distribución. Entretanto, la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura ha solicitado a la JSF que ordene la reprogramación de los fondos, pero el ente fiscal no ha actuado.