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La Corporación de Servicios Legales representó a algunas de las familias pobres que demandaron al Departamento de Educación para exigir servicios de educación especial para sus hijos. (Archivo / GFR Media)

No, no se trata de una mera anotación en el último párrafo de la página 5 de la propuesta presupuestaria del presidente Donald Trump.

Anteayer, el mandatario estadounidense recomendó eliminar de un plumazo todo el presupuesto de la Corporación de Servicios Legales de Estados Unidos.

Pero detrás de ese borrón en una fría hoja de presupuesto –que asegura que persigue “hacer a América grande otra vez”– se ocultan los rostros de miles de mujeres y hombres que quedarían sin representación legal para reclamar el derecho a una educación digna para sus hijos, al disfrute de las playas y a la protección del Estado en los casos de violencia doméstica.

De consumarse las pretensiones de Trump –cuyo presupuesto apuesta a un aumento en las partidas de gastos militares–, la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, el programa Pro-Bono y la Oficina Legal de la Comunidad adscrita a la Universidad Interamericana languidecerían por falta de recursos.

Estos programas, que reciben fondos del mismo pote, ofrecen servicios legales gratuitos a personas de escasos recursos en asuntos de naturaleza civil como casos de desahucio o ejecuciones de hipotecas, despidos, falta de acceso a una cubierta médica, o en casos de divorcio o pensiones alimentarias que surgen en el contexto de la violencia doméstica.

“Estás afectando al bufete de los pobres, a las dos entidades (Corporación de Servicios Legales y Pro-Bono) que atienden a la inmensa mayoría de los indigentes”, apuntó María Jiménez Colón, directora de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Esto presenta un cuadro devastador en un momento cuando más necesidad hay”, agregó.

Jiménez Colón y la licenciada Ariadna Godreau Aubert, coordinadora de la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia observaron que la situación se agudiza cuando se toma en cuenta que el acceso a representación legal en casos civiles no está garantizado en la Constitución como en los casos criminales, pese a que se trata de la protección de derechos fundamentales.

“La situación se agrava con un país empobrecido, que es un país más vulnerable a violaciones de derechos civiles”, insistió Godreau Aubert.

Al analizar la complejidad de la situación, Godreau Aubert resaltó la importancia y la necesidad de mantener el financiamiento a estas entidades en tiempos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y de una reestructuración gubernamental, condiciones que podrían provocar un aumento en los reclamos ciudadanos.

Jiménez Colón observó que la propuesta de recortes federales ocurre en un momento difícil debido a la crisis económica que enfrenta el País, cuya deuda pública ronda los $70,000 millones, y la imposición de la JSF para cuadrar las finanzas públicas.

“Esto ocurre en el peor momento y en el peor de los sitios. Esto es distinto a los estados donde hay mayor participación de los gobiernos estatales en esos presupuestos (de entidades como Servicios Legales)”, afirmó la abogada.

Apuntó que si la propuesta de recortes prospera, contrario a los estados, el Gobierno de Puerto Rico no podrá suplir esa necesidad presupuestaria.

En el plan fiscal aprobado por la JSF esta semana, la administración de Ricardo Rosselló Nevares se comprometió a recortar $2,568 millones en gastos al año y aumentar sus ingresos por $1,389 millones al año.

Malas noticias

La directora ejecutiva de la Corporación de Servicios Legales en la isla, Hadassa Santini Colberg, expresó preocupación por los vientos tempestuosos que soplan en la capital federal.

“No hay buenas noticias”, afirmó en entrevista con El Nuevo Día.

Este año, la Corporación de Servicios Legales opera con un presupuesto de $16 millones, con una inyección de casi $11 millones de fondos federales. También contó con una partida de $5 millones de fondos estatales y $76,000 en ingresos de los aranceles que nutren el fondo del Departamento de Justicia.

La entidad cuenta con 16 oficinas regionales a través de la isla y atiende unos 30,000 casos anualmente.

En Estados Unidos, la Corporación depende de una asignación anual de $375 millones de fondos federales.

Pese a que la Corporación de Servicios Legales ha ganado casos importantes, su nombre no suele figurar en la prensa o en los titulares.

Dos abogados de la Corporación representan a la comunidad en el caso que se lleva ante el Tribunal de Aguadilla para detener la construcción de un proyecto turístico en Playuela.

Otros seis abogados defendieron con éxito a la comunidad de Vietnam de Guaynabo en un pleito en contra del alcalde Héctor O’Neill donde estaba en juego su designación como una comunidad especial y las protecciones legales que acompañan esta denominación, un logro para todos los residentes de estas 752 comunidades.

Abogados de la Corporación también defienden a familias y niños en el pleito de educación especial, así como a mujeres pobres que llegan a diario a las salas judiciales en busca de una orden de protección o de ayuda para no perder la custodia de sus hijos.

Otros afectados

Los recortes de Trump cercenan los fondos destinados para las artes, entre otras áreas del quehacer social.

El director de asuntos públicos del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Enrique Márquez, indicó que el impacto del tijeretazo sería mínimo en la institución, pero reconoció que otros proyectos culturales sufrirán grandemente.

Mencionó entre las posibles víctimas del recorte al Museo de Arte de Puerto Rico, el Museo de Arte Contemporáneo, la Escuela de Artes Pláticas, el Conservatorio de Música y los proyectos culturales de la UPR.

Opina el gobernador

El gobernador tomó con cautela, aunque con algo de optimismo, el plan presupuestario de Trump.

RossellóNevares afirmó que, a pesar de que la propuesta incluye recortes sustanciales en algunas agencias y programas federales de bienestar social, de cultura y ambiente, inyecta nuevos recursos a otras áreas, y afirmó que su administración buscará capitalizar sobre esos proyectos que ahora recibirán mayores asignaciones presupuestarias.

“Tenemos que ver cómo nos insertamos en las áreas donde podemos maximizar esos recursos de tal forma que, si necesitamos mover y hacer cambios presupuestarios, puedan ir a tono con lo que está ocurriendo a nivel federal”, señaló el mandatario durante una conferencia de prensa tras inaugurar un centro de servicios de internet en el municipio de Las Marías.

La reportera Rebecca Banuchi Soto colaboró en esta historia.


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