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Fue cuestión de tiempo para que quedara demostrado que los ciudadanos tenían razón, aunque quizás a un costo demasiado alto. (José Rodríguez)

El actual incumplimiento de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con los Estándares de Emisión de Mercurio y Tóxicos de Aire (MATS, por sus siglas en inglés) hace recordar, casi inevitablemente, el pobre historial de la corporación pública en términos del respeto a las leyes y reglamentos ambientales que rigen la operación de sus centrales.

La cadena de sucesos se remonta a  la década de 1970, cuando, según reportes de prensa de la época, la gerencia de la AEE fue amenazada con ser encarcelada si incumplía varios acuerdos con la Junta de Calidad Ambiental (JCA), a quien la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) le había delegado su programa de control de emisiones y calidad de aire.

La misma amenaza de cárcel resurgió en la década de 1990, cuando los desaciertos ambientales de la AEE cobraron notoriedad, debido  a las  denuncias de los residentes aledaños a las centrales. Los vecinos acusaban a la AEE de quemar combustibles altamente contaminantes, generando emisiones tóxicas para el ambiente y la salud. Denunciaban, además, una exigua operación de las centrales por falta de fondos para mantenimiento preventivo y adecuado.

Fue cuestión de tiempo para que quedara demostrado que los ciudadanos tenían razón, aunque quizás a un costo demasiado alto.

Aire, terreno y agua

 En febrero de 1992, funcionarios de la EPA visitaron las centrales de la AEE, como parte de un programa de “evaluaciones multidisciplinarias” que abarcaban las áreas de aire, terreno y agua, entre otras. Era la primera vez que la EPA realizaba este tipo de inspección, y se  confirmaron varias irregularidades, como violaciones en las emisiones y descargas ilegales al mar.

  “No había que ser ingeniero para saber que la AEE estaba contaminando. Lo que salía por las chimeneas  era color azabache. A la JCA se le dio oportunidad de intervenir, pero ante la falta de progreso la EPA decidió tomar acción”, recordó el exdirector de la EPA en Puerto Rico y el Caribe, Carl Soderberg, quien precisamente asumió ese puesto en 1992.

De forma forma paralela, los vecinos de la cuenca aérea de Cataño -integrada por zonas de ese municipio, Bayamón, Guaynabo, Toa Baja y San Juan- empezaron a organizarse de la mano del grupo ambientalista Misión Industrial, evocó su portavoz, Juan Rosario, quien hoy es miembro de la Junta de Gobierno de la AEE.

“Fue un proceso colectivo, en el que gente de todas las clases sociales se sentaba en la misma mesa. Escogimos líderes, entre ellos a Rosa Hilda Ramos, y el movimiento pasó a llamarse Comunidades Unidas contra la Contaminación (Cucco). El historial de cumplimiento de la AEE era un desastre”, contó Rosario.

 En octubre de 1993, la EPA, a través del Departamento de Justicia Federal, demandó a la AEE por $46 millones por violaciones a la Ley Federal de Aire Limpio, la de Agua Limpia, la de control dederrames de combustible, la del almacenamiento de tanques soterrados, y la de reportar en un inventario de productos químicos.

Entre otras cosas, la EPA alegó que la AEE llevaba dos años incumpliendo con las exigencias de bajar el por ciento de azufre contenido en el combustible que usaba en sus centrales.

Soderberg, de paso, resaltó que la AEE llegó a quemar combustible con hasta 3% de azufre en su contenido, cuando ya había jurisdicciones, como Nueva York, que quemaban combustible con 0.30% de azufre.

“Lo que pasa es que en la JCA hubo una manipulación de datos para permitirle a la AEE operar como lo hizo. Las agencias fiscalizadoras en Puerto Rico siempre han mirado para el otro lado cuando se trata de la AEE; la han tratado como a un niño malcriado”, expresó, por su parte, Ramos.

La portavoz de Cucco se refirió a que en la década de 1970,  la JCA fijó, supuestamente por error, un límite a la cantidad del material particulado que salía por las chimeneas  que aplicaba a  plantas de carbón y no a las que usan petróleo, como son las de la AEE. Las plantas de carbón podían emitir tres veces mayor cantidad de particulado. Por eso, la AEE emitió -durante varias décadas- tres veces más contaminantes  de lo que se permitía en todo Estados Unidos, hecho que la EPA supuestamente nunca cuestionó. 

“Aquí se quemaba el combustible más sucio del mundo entero. La gente de Cataño nos dimos cuenta porque los carros amanecían corroídos y las hojas de los árboles con rotitos. Las propias chimeneas de la AEE estaban carcomidas”, dijo Ramos, quien en abril de 1996 solicitó y obtuvo intervención en el litigio que aún seguía entre la EPA y la AEE.

Logran acuerdo

 En enero de 1997, tras cuatro años de negociación, la EPA y la AEE firmaron un acuerdo por consentimiento para corregir el incumplimiento ambiental de la corporación pública. La AEE se comprometió a quemar combustible con 1.5% de azufre, instalar un sistema para analizar las operaciones de las calderas, y destinar $4.5 millones para desarrollar proyectos ambientales en las comunidades cercanas a las centrales, entre otras cosas. La EPA  impuso una multa de $1.5 millones.

En junio de 1998, en un hecho nunca antes visto, la AEE se declaró culpable de violar la Ley Federal de Aire Limpio por provocar que más de 200,000 galones de agua mezclada con ácido sulfúrico cayeran al río Bayamón. La EPA y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) habían iniciado una pesquisa criminal sobre estos hechos, que se remontan a septiembre de 1995. La AEE acordó pagar una multa de $140,000 y estar en probatoria por dos años.

“Ese fue el primer acto criminal de la AEE. Esa gente no conocía las propiedades de las sustancias que manejaban. Al poco tiempo ocurrió otro acto criminal, cuando una pieza de la central San Juan se rompió y estuvo emitiendo hollín hacia tres pueblosdurante toda una noche. La AEE se aferraba en negar los hechos, pero luego los admitió, lo que dio paso a otra negociación”, narró Ramos.

Esa negociación concluyó en junio de 2004, cuando se modificó el acuerdo por consentimiento para acordar, entre otras cosas, que el nivel de azufre a quemar en las centrales no sería mayor a 0.50%. Funcionarios de la EPA afirmaron entonces que era la primera vez que las comunidades lograban cambiar un acuerdo por consentimiento ya negociado.

Soderberg,  entretanto, detalló que tras el cambio, la AEE redujo sus emisiones de bióxido de azufre a razón de 160,166 toneladas por año y de material particulado a razón de 10,212 toneladas por año.

En octubre de 2011, en medio de la discusión de la llamada Vía Verde (gasoducto), el exgobernador Luis Fortuño solicitó  a la EPA que se le permitiera a la AEE aumentar a 1.00% o más el nivel de azufre en el combustible que utiliza. La directora regional de la EPA, Judith Enck, rechazó tajantemente la petición.

“Cambio significativo”

 El actual director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea, fue testigo de muchos de los sucesos antes relatados, por lo que afirmó -sin titubeo- que en la corporación pública ha habido un “cambio significativo” en términos de cumplimiento ambiental.

  “Con solo pasar y ver las chimeneas puedes ver el cambio, todas lucen transparentes. La EPA nos tiene muy regulados y contabilizados, y los números hablan más que mil palabras”, sostuvo Alicea.

Precisó que por los pasados 10 años, la AEE ha obtenido, de forma sostenida, un 99.93% de cumplimiento con los requisitos que impone el acuerdo por consentimiento en el reglón de aire, y un 99.40% de cumplimiento con los requisitos en el renglón de agua. “Llevamos 16 años con más de 99%, pero en los pasados 10 han sido los mejores resultados. La firma del acuerdo por consentimiento fue bueno para todos, no solo para cumplir con la reglamentación ambiental, sino para mejorar nuestras operaciones. Fue un cambio cultural, pero también fue un logro”, dijo.

Alicea, quien no puedo especificar cuándo fue la última vez que la AEE pagó multas por incumplimiento ambiental, indicó que sigue en conversaciones con la EPA con miras a evitar sanciones por violaciones a los MATS en cuatro unidades. Adelantó, de paso, que se impuso como “solución permanente” el reemplazo de “unidades completas”, puesto que algunas tienen más de 40 años.

Ningún funcionario de la JCA estuvo disponible para entrevista.


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