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Luis Jorge Rivera Herrera, planificador y científico ambiental. (horizontal-x3)
Luis Jorge Rivera Herrera, planificador y científico ambiental. (Archivo/GFR)

Puerto Rico está en riesgo de perder los poco más de $2 millones que anualmente recibe para financiar el Programa de Manejo de la Zona Costanera (PMZC), advirtió el planificador y científico ambiental Luis Jorge Rivera Herrera.

Se trata de una partida recurrente de fondos federales, canalizados a través de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), que subsidian –en parte– la División de Educación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), los asuntos de cambio climático y acceso a playas, y –en algunos casos– el manejo de reservas naturales en la costa.

El DRNA, a través de su División de Zona Costera, es la agencia líder para la implantación del PMZC, que fue adoptado en julio de 1978. No obstante, la Junta de Planificación (JP) también es parte del programa.

Rivera Herrera indicó que los fondos federales podrían perderse, a juzgar por los hallazgos preliminares de la más reciente evaluación de la NOAA sobre el funcionamiento del PMZC. La dependencia federal hizo su evaluación, a fin de determinar si el programa opera conforme a las guías establecidas a nivel nacional.

“La NOAA hizo dos señalamientos principales de incumplimiento del programa, que tienen que ver con transparencia en el proceso (de otorgación) de permisos y asuntos relacionados a participación ciudadana”, dijo el ganador del Premio Goldman (considerado el Nobel Ambiental).

Según el informe de hallazgos preliminares de la NOAA, ambos señalamientos de incumplimiento son resultado de la reforma de permisos aprobada durante la gobernación de Luis Fortuño.

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Aunque la NOAA reconoció que el exgobernador Alejandro García Padilla enmendó esa reforma de permisos, a fin de proveer transparencia y participación ciudadana, determinó que el PMZC no se ha atemperado.

“No ha quedado demostrado que exista una oportunidad adecuada para la participación pública en el proceso de toma de decisiones sobre el uso de la tierra. No hay una transparencia adecuada en el proceso de otorgación de permisos, para que el público pueda comentar sobre acciones ministeriales”, reza el informe, que hasta hace poco estuvo disponible para comentarios y ahora está en fase de elaboración final.

Según Rivera Herrera, la más reciente reforma de permisos, firmada el mes pasado por el gobernador Ricardo Rosselló, complica aún más el panorama para el PMZC.

“Esta nueva versión impone restricciones brutales a la participación pública, como pagarles honorarios de abogados a los ciudadanos que impugnen un permiso en el tribunal y pierdan su caso. Esto disuade a las personas de acudir a los tribunales”, dijo, y añadió que la Ley 19-2017, también faculta a la JP a imponer multas contra quienes protesten por algún proyecto, y permite que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) coarte el acceso a información dándole carácter de confidencialidad.

“Irónicamente, ha sido el propio Gobierno de Puerto Rico, tanto el DRNA como la JP, al endosar la nueva reforma de permisos, los que han puesto en riesgo grave el financiamiento del PMZC”, lamentó Rivera Herrera.

Señaló, por último, que, si los fondos del PMZC se pierden, empeorará el manejo y uso sabio del principal recurso natural, recreativo y turístico de la Isla: las playas.

La investigación ISLA, ¿SIN PLAYAS?, de El Nuevo Día y el Centro de Periodismo Investigativo, encontró que, por los pasados tres años y medio, la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico no ha invertido un solo centavo en las playas. Esto, pese a que la Ley 293-1999 la obliga a mantener y a desarrollar las playas mediante actividades como la protección ambiental, la adquisición de terrenos, el establecimiento de instalaciones para uso y recreación pasiva, la conducción de medidas de seguridad y de programas o campañas educativas, y concretamente la limpieza de las áreas, entre otras.

La Ley 293-1999 también obliga a la Junta de Playas a asegurar que sus 10 agencias miembro hagan valer sus respectivas leyes en lo que al manejo y conservación de costas se refiere.

Pero, según reveló la investigación, la Junta de Playas ha estado prácticamente inoperante por los pasados 18 años, sin liderato y con un mísero presupuesto que, además, fue invertido parcialmente en gastos cuestionables, no relacionados a la protección de las costas.  


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