ley tito kayak (horizontal-x3)
Wanda Vázquez y Michelle Hernández ofrecieron ponencias escritas. (Archivo / GFR Media)

La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, y la superintendente de la Policía, Michelle Hernández, favorecieron este miércoles que se reincorpore en el Código Penal el delito de obstrucción o paralización de obras, mejor conocida como la ley Tito Kayak, durante una vista pública para discutir el Proyecto de la Cámara 743.

El mencionado estatuto trata de una disposición del gobernador Luis Fortuño que fue derogado en abril de 2013 por Alejandro García Padilla, un mes después que fuera declarada inconstitucional por un juez de primera instancia en Ponce.

“Supone la incorporación de una norma necesaria para salvaguardar derechos de gran envergadura, sin representar de ninguna manera un menoscabo a los derechos de otros individuos”, aseguró la Titular de Justicia a través de una ponencia escrita que presentó durante una vista de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, que preside la representante María Milagros Charbonier.

Hernández, por su parte, también favoreció la restitución del Artículo 200 en el Código Penal, ya que cuando se paralizan obras de construcción, la Policía tiene que activar personal adicional e incurrir en el pago de horas extras.

“Trastoca nuestros planes operacionales de atajar la comisión de delitos en dicha zona geográfica”, sostuvo en referencia al área metropolitana, donde, dijo, se reportan mayormente estos sucesos.

Insistió, a través de una ponencia escrita, que su posición no resulta en una expresión en contra del derecho a la libre expresión y la protesta, sino que su pretensión es que “cumplan a cabalidad con la doctrina que ha acotado el Tribunal supremo de Puerto Rico” en el aspecto de que el Estado “pueda regular el tiempo, lugar y manera que se efectúan las mismas”.

El Artículo pretende tipificar como delito el que una persona con intención, impida temporera o permanentemente, la entrada o acceso de empleados, vehículos, suplidores, contratistas, o encargados a cualquier obra de construcción, pública o privada, o movimiento de terreno, que cuente con permisos, autorizaciones o endosos de las agencias concernidas.

Igualmente, tipifica como delito el acto de ocupar terrenos, maquinarias o espacios que son parte de la obra o el movimiento de terreno.

Vázquez sugirió, sin embargo, que la pena de restitución obligatoria que pretende establecerse en el Artículo en los casos de perdidas, sea sustituida por un “podrá” debido a que no siempre hay daños. “El juez debe tener la discreción de ordenar la restitución cuando lo entienda apropiado”, dijo.

Ambas funcionarias favorecieron, igualmente, una enmienda al Artículo 182 a los fines de que toda persona que se apropie de fondos públicos reciba una pena de reclusión fija de 15 años cuando el bien apropiado sobrepase el valor de $10,000.

Actualmente, la pena establecidapara este delito es de reclusión por un término fijo de ocho años y multa de $30,000 si se trata de una persona jurídica.

“Esto no solamente como un disuasivo, sino como un mensaje férreo del Gobierno de que no tolerará este tipo de conducta que menoscaba la seguridad y la confianza de un pueblo”, dijo Fernández.

Apoyaron, además, que el delito de escalamiento se tipifique nuevamente como uno grave y que contemple una pena de reclusión por un término fijo de tres años. Los delitos menos graves tienen como imposición una pena de reclusión, restricción domiciliaria que no excederá los seis meses.

Vázquez dijo favorecerla porque “con ella se sopesa mejor la peligrosidad implícita en la mencionada conducta”. Para Hernández, por su parte, una persona que comete este delito “usurpa el lugar donde más protegido” debe sentirse uno debe cumplir con una pena de reclusión.


💬Ver 0 comentarios