La diáspora aboga por un alivio en la deuda (horizontal-x3)
De izquierda a derecha, el periodista Juan González; el abogado Carlos Cuevas; Jaime Farrant, de la Agenda Nacional Puertorriqueña; y la asesora legal de El Puente, Ruth Santiago. (José A. Delgado )

Nueva York - Desde la diáspora, grupos y voces independientes abogaron ayer por elevar la presión para que se produzca un recorte sustancial del principal de la deuda pública de Puerto Rico, y se ponga en marcha una auditoría que permita llevar a los tribunales a los que endeudaron la Isla ilegalmente.

Para que haya un nuevo empezar en Puerto Rico, el recorte del principal de la deuda, que ronda los $69,000 millones, debe ser de un 80%, dijo el abogado de quiebras Carlos Cuevas, quien ha litigado frente a la jueza designada al proceso de quiebra territorial, Laura Taylor Swain.

“De esa forma, se puede hacer un plan de pago realista y Puerto Rico crecer su economía”, indicó Cuevas.

Son dos cosas distintas. Pero, el recorte de 80% en el tamaño de la deuda coincide con la reducción en el servicio de la deuda –es decir, el pago anual–, que busca la Junta de Supervisión Fiscal, QUE funciona por encima del gobierno electo de la Isla.

Poco antes, en un panel de discusión previo, Eric LeCompte, director ejecutivo del grupo Jubilee USA –que ha asesorado a líderes religiosos de Puerto Rico y tiene experiencia en casos de crisis de deuda a nivel internacional–, advirtió que la tijera del principal debe ser de por lo menos 60%.

Tanto Cuevas como LeCompte fueron panelistas ayer en la segunda cumbre de la diáspora del Centro de Estudios Puertorriqueños, celebrada en la Escuela de Trabajo Social del Hunter College, en el mismo corazón del antiguo barrio puertorriqueño de Nueva York. Más de 250 personas y representantes de un centenar de organizaciones boricuas participaron del primer día de conferencias y paneles.

Hay un reconocimiento general de que se requieren nuevos planes de acción mientras se mantiene la presión sobre el tribunal y la Junta de Supervisión Fiscal, que va a representar al gobierno en el proceso dirigido a reajustar gran parte de las obligaciones financieras del gobierno de Puerto Rico.

Pero, debido a que la deuda nunca va a ser pagada bajo los términos actuales, el abogado Cuevas dijo que el proceso de reestructuración de la deuda debe verse como “una oportunidad para transformar a Puerto Rico”, y auditar la deuda para juzgar por la vía judicial, criminal o civil, a los que endeudaron irregularmente al país. “No va a haber justicia hasta que los responsables tengan que rendir cuentas”, agregó.

Las decisiones ya tomadas por la Junta de Supervisión Fiscal –que funciona por encima del gobierno electo de la Isla y las mismas propuestas del gobernador Ricardo Rosselló– ya hacen inminente una era de duros recortes en el gasto gubernamental, que en los próximos años contraerá más la economía.

“Va a haber austeridad. La cuestión es cómo se va a distribuir”, indicó el director del Centro de Estudios Puertorriqueños, Edwin Meléndez, quien organizó la reunión.

Para el periodista Juan González, copresentador del programa radial “Democracy Now”, Washington no puede desentenderse de la gravecrisis fiscal. “Puerto Rico nunca ha tenido el poder para controlar su economía”, indicó, al acentuar la necesidad de acabar con la relación colonial vigente.

El más reciente debate en el Congreso sobre los esfuerzos para lograr reemplazar los cerca de $1,200 millones de asignaciones de Medicaid que ha provisto Obamacare y que se agotan al terminar el año, le dejó a la Isla una asignación de $295.9 millones que mantiene el mismo nivel de gastos del sistema de salud de Puerto Rico solo hasta marzo de 2018.

“Estamos en un momento más complicado para el tema de la salud”, dijo Dennis Rivera, quien fue portavoz del Comité para Atender la Crisis de Salud y es asesor del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), al mencionar la negativa de los republicanos del Congreso a darle paridad a Puerto Rico en el programa de Medicaid y los tuits del presidente Donald Trump buscando frenar la asignación de $295.9 millones en Medicaid.

Rivera ha tenido relaciones estrechas con altos líderes del Congreso desde sus tiempos como presidente del poderoso sindicato 1199 de Nueva York. Hay consenso de que se requieren nuevos niveles de acción. “La Junta nos va a mantener a flote, pero no nos va a llevar hacia delante”, dijo Gretchen Sierra Zorita, de la Agenda Nacional Puertorriqueña, una coalición de más de 30 organizaciones que aprovecharía la cumbre para tener una reunión independiente.

“Tenemos que tomar acción, pero también comprender que esta crisis va a durar toda una década. Hay que hacer trabajos urgentes de respuesta, pero también levantar una estructura que sostenga trabajos consistentes en una dirección”, dijo, por su parte, el presidente del sindicato 32BJ, Héctor Figueroa, quien es líder sindical boricua de mayor influencia en EE.UU., con una matrícula de 160,000 trabajadores.

Figueroa, quien es vicepresidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), sostuvo que ese gremio estudia cómo vincularse al proceso de reestructuración de deuda por la vía judicial, como ya lo hizo la Federación de Empleados de Gobiernos Estatales, Condados y Municipales (AFCSME)

“Hay que entrar a defender las pensiones de los trabajadores”, dijo, al señalar “que hay que convencer a la jueza de que el enfoque de la bancarrota debe ser no cuánto Puerto Rico puede pagar de la deuda, sino que Puerto Rico no puede pagar la deuda y entonces cómo nos aseguramos que los servicios al pueblo no se afecten”.


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