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De 27 vertederos en la Isla, 22 están en incumplimiento con leyes federales, lo que los pone en riesgo de un posible cierre total o parcial. (Archivo / GFR Media)

 La Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) ordenó el cierre de tres nuevos rellenos sanitarios por incumplimiento con leyes federales y estatales, sumándose así a  otros seis que ya fueron clausurados o están en este proceso.

El próximo en la lista es el del municipio de Florida, cuyo cierre está programado para junio, por orden de la EPA.

La situación del manejo de desperdicios sólidos en el País  es tan crítica que 22 de los 27 rellenos sanitarios incumplen con varios estatutos. De persistir, las autoridades no descartan su eventual cierre.

“Como el manejo de desperdicios sólidos no ha sido un asunto prioritario en el País, no se asignan los fondos suficientes a tono para cumplir con la ley”, dijo José Font, director de la EPA en Puerto Rico. 

Los rellenos sanitarios que la EPA ordenó cerrar son los de Isabela, Vega Baja y Juncos. A principios del año pasado la EPA había ordenado cerrar los de Lajas, Moca y Toa Baja.

Otros dos ya cesaron operaciones -uno hace diez años (Aguadilla) y otro hace cuatro (Santa Isabel)- y el siguiente es el de Florida.

Importante el cumplimiento

Según explicó Font, es importante que los vertederos  cumplan con la Ley para la Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA, por sus siglas en inglés), entre otra reglamentación que entró en vigor a partir de la década de 1990.

Según indicó, antes en Puerto Rico había prácticamente un vertedero por municipio. Exigencias más rigurosas, sin embargo, provocaron que muchos fueran clausurados.

“Los (sistemas de relleno sanitario) que continúan no necesariamente están en cumplimiento, al contrario, siguen en violación a la ley”, dijo Font.

El funcionario comentó  que esfuerzos que  realizaron con la Junta de Calidad Ambiental (JCA) para que los vertederos satisficieran las exigencias requeridas no dieron fruto.

“Muchos llegaron a representar un riesgo inminente a la salud pública”, sostuvo.

Recalcó que le corresponde a la JCA velar por el  cumplimiento  ambiental de los vertederos en la Isla.

La JCA no contestó una petición de entrevista e información que se le hizo hace tres días. Dagmar Lugo, gerente de comunicaciones de la JCA, informó ayer que “todos los jefes” de la agencia estaban reunidos atendiendo otras situaciones que no precisó.

EPA ocupa vacío que deja la JCA

En el 2011 la JCA emitió una resolución sobre la política pública aplicable a los sistemas de relleno sanitario, dando un plazo de tres años para que cumplieran con unos parámetros sobre el manejo de desperdicios, gases y lixiviados (líquidos contaminantes que produce la basura). Dicho término se cumplió en octubre de 2014. 

 Ayer, la EPA informó que la cantidad de vertederos locales en violaciones a estipulaciones legales había ascendido a 22. 

Según información provista por la EPA, entre los sistemas que sí están en cumplimiento con las leyes requeridas se encuentran los de Humacao (EC Waste), Ponce (Allied Waste) y Carolina (Landfill Tech).

Font insistió que a la JCA le corresponde la parte de la fiscalización, mientras  la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) debe desarrollar estrategias sobre el manejo de desperdicios sólidos en la Isla.

 “La EPA lo que tiene es un rol secundario (en el cumplimiento de los vertederos), que las leyes y reglamentos estén puestos en vigor, pero ante los esfuerzos fallidos (de cumplimiento) la EPA se vio en la obligación de tomar acción”, dijo.

Ante esta situación fue que la EPA ordenó el cese de operaciones de nueve  rellenos sanitarios. Según se explicó, algunos de estos cierres se hacen de forma unilaterial (la EPA ordenando el cierre), mientras que para otros   se llega a un acuerdo con el dueño u operador  de la instalación para   la clausura.

“A los (vertederos) que les queda vida útil se les permite seguir operando mientras van cerrando áreas donde ya no reciben desperdicios y mientras van desarrollando un plan de reciclaje y de desviar (la basura) a otros lugares”, dijo Font.

Según el ingeniero químico, el cierre de cada instalación conlleva un diseño de campo, además de un estudio de su ingeniería y construcción, entre otros factores. Durante el proceso, sin embargo, se le permite al sistema operar en un área que esté mejor preparada para manejar la basura minimizando la contaminación.

 “Eso le permite al dueño generar algún ingreso que le ayude a cumplir con el cierre”, indicó.

Se mueven los municipios. Según informó el alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, desde que el vertedero  cerró en el 2012 los desperdicios de la alcaldía son procesados por una compañía privada, Con Waste, y llevados hasta Yauco. Mientas, la basura doméstica (de los ciudadanos) es transportada hasta el vertedero de Juana Díaz.

   Aunque el municipio inicialmente enfrentaba una multa de $12 millones por  incumplimientos detectados en su sistema de relleno sanitario, a través de la intervención del Departamento de Justicia federal la suma se ha reducido a  $20,000, indicó el alcalde. Según el funcionario, esta cantidad aún está en disputa pues el municipio quiere utilizar el dinero para costear el proceso del cierre del vertedero, el cual les requiere hacer unas cubiertas de rellenos y pozos de monitoreo de gases, entre otras acciones.

El alcalde de Aguadilla, Carlos Méndez, mientras tanto, comentó que el cierre de su vertedero fue uno  voluntario que ejecutaron hace diez años, pues el sistema “estaba lleno”.

“El municipio recoge la basura y la transporta a Moca”, dijo al comentar que el cierre total de la instalación debe ocurrir en uno o dos años.

Como parte de las medidas tomadas, dijo, el municipio repartió zafacones de 90 galones en las 22,000 casas habitadas por sus residentes.

 “Se recoge la basura una vez a la semana y en el (casco del) pueblo cada tres a cuatro horas”, aseguró.

El alcalde de Florida, José Gerena Polanco, por su parte, comentó que el costo de cerrar su vertedero sobrepasa el millón de dólares y es un proceso que se realiza por fases.

“La EPA nos ha visitado con frecuencia y hemos cumplido con lo que nos han establecido”, dijo al comentar que ya han reducido el espacio donde depositan basura y están llevando parte de sus desperdicios a Vega Baja.

Ayuda de la ADS. Siete municipios están actualmente recibiendo ayuda económica de la ADS para poder entrar en cumplimiento con la RCRA, así como con otros estatutos aplicables a los vertederos, afirmó   Nelson Santiago Marrero, director ejecutivo de la ADS. En la ayuda a estos pueblos (Añasco, Cayey, Juncos, Moca, Toa Alta, Vega Baja y Vieques)  la ADS ha invertido $2.6 millones.

“No es (para) llevarlos al cumplimiento (total), pero sí los ayuda, los mueve a su meta de cumplimiento”, dijo Santiago Marrero. 

Estas obras, dijo, incluyen el hincado de pozos para el monitoreo de aguas subterráneas, así como sistemas de control de escorrentías, lixiviados y gases.

El funcionario  dijo desconocer si el número de vertederos en incumplimiento había variado o se mantenía igual.

“No es un análisis que le corresponde a la ADS. Habría que ver los distintos planes de mitigación y cumplimiento”, manifestó.


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