Miles de personas viven hacinadas, en campamentos de refugiados en condiciones deplorables, sin nacionalidad, despojadas de su identidad, en extrema pobreza, sin recursos básicos, sin alimentos, expuestas a peligrosas enfermedades, arropadas por la incertidumbre y siempre a la expectativa.

Esta precaria situación no describe la crisis humanitaria que viven los asilados sirios en Europa, sino la tragedia que subsiste en el Caribe, en la isla vecina de La Española, donde miles han sido expulsados de sus hogares en República Dominicana solo por su ascendencia haitiana.

“Las personas que están sobreviviendo en los campamentos de refugiados en la frontera haitiana son las que se han visto obligadas a salir de la República Dominicana a partir de la Ley de Regularización. O han sido deportados o han salido voluntariamente para evitar ser expulsados”, explicó la coordinadora de la organización sin fines de lucro Comuna Caribe, Hilda Guerrero.

“Están en espera de ser ubicados por las autoridades haitianas, están en esos campamentos improvisados en condiciones infrahumanas, con mucha necesidad. Hace poco hubo un brote de cólera y enviamos dinero para controlarlo”, añadió.

El Plan de Regularización de Extranjeros de República Dominicana entró en vigencia en el 2014 luego de una controversial sentencia de la Corte Constitucional que anulaba la nacionalidad dominicana a descendientes de extranjeros sin papeles, que nacieron a partir de 1929.

El plan daba un año para que residentes del país sin permiso migratorio presentaran evidencia que les permitiera quedarse y legalizar su estatus.  Al vencer el periodo, cerca de 288,000 personas se habían inscrito.

Quedan aún demasiadas dudas e interrogantes sobre este proceso que agobia al más de medio millón de haitianos o descendientes de haitianos que viven en República Dominicana.

“La falta de reconocimiento a ser ciudadano tiene un impacto terrible en las vidas de las personas. La posesión de la nacionalidad es esencial para la participación plena en la sociedad y un requisito previo para el disfrute de muchos derechos fundamentales”, expresó la presidenta de la Comisión de los Derechos de las Víctimas de Delito del Colegio de Abogados, Astrid Soto López.

Como parte de la lucha por el reconocimiento de los derechos de estas personas que viven en la incertidumbre, la comisión junto a Comuna Caribe, presentará mañana a las 6:30 p.m. en el Colegio de Abogados el documental “Vidas en tránsito”, que narra el transcurso de la vida en República Dominicana después de la aprobación de la sentencia.

Además, las abogadas Jenny Morón y Mariela Louis, ambas del Departamento Legal del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, ofrecerán un conversatorio para aclarar dudas sobre la sentencia, el Plan de Regularización, la desnacionalización, entre otros temas. 

“Es un documental buenísimo y es una gran oportunidad para que la gente conozca de primera mano este caso que se nos hace tan difícil de entender”, mencionó Guerrero sobre la actividad libre de costo y abierta al público en general.

En el marco de esta presentación, las organizaciones aprovecharán la visita de las licenciadas para enviar con ellas a los campamentos alimentos y artículos de primera necesidad. Los artículos solicitados son: toallas sanitarias, cepillos de dientes, pasta de dientes, arroz, pastas, granos y cereales no enlatados y sal.

Los interesados en cooperar pueden llevar sus donativos  a la sede del Colegio de Abogados en Miramar.