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La manifestación de hoy aglutinará a diversos sectores de la sociedad civil que están en contra de la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

El 1 de mayo de 2017 ha tomado un matiz distinto para el pueblo puertorriqueño que hoy, movido por una serie de medidas de austeridad resultado de la crisis fiscal que atraviesa el Gobierno, decretó un paro nacional.

“En Puerto Rico, mañana (hoy) no va a ser igual que el resto del mundo. Mañana (hoy), la manifestación ha cobrado otros matices porque, dentro del contexto del pueblo trabajador y todo lo que tiene que ver con la junta de control fiscal, (el primero de mayo) ha cobrado mayor significado y hay una preocupación sobre la criminalización de la protesta social”, expresó Osvaldo Burgos, exdirector de la Comisión de Derechos Civiles y portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE).

Cada 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, sectores obreros acostumbran convocar al pueblo a diversas manifestaciones, pero, en esta ocasión, el llamado es a paralizar el país. Al clamor se han unido grupos religiosos, académicos, feministas y empresas privadas.

 “Lo que estamos enfrentando es una crisis de una magnitud que va a afectar a toda la clase trabajadora, pero, además, va a afectar la educación pública, los servicios de salud... Ha sido un reconocimiento de que hay que unirse y hacerse unos reclamos”, puntualizó la licenciada Nora Vargas, de la Junta Asesora de la American Civil Liberties Union (ACLU).

“Lo que ha traído es una unidad de propósito y creo que eso es lo que vamos a ver, una exigencia de que se audite la deuda, que se respeten los derechos adquiridos y que se salve la importancia de la educación pública”, agregó Vargas.  

Hoy, como parte de la actividad principal, cinco marchas saldrán desde distintos puntos de la capital para confluir en la Milla de Oro. Los manifestantes se congregarán en el Departamento del Trabajo, el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Coliseo José Miguel Agrelot, el estado Hiram Bithorn y Plaza Las Américas. La concentración final será en los predios del edificio Seaborne, donde está la sede de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La superintendente de la Policía, Michelle Hernández Fraley, ha dicho que los 13,600 uniformados, exceptuando aquellos que disfrutan de licencias de vacaciones, estarán activos.

Tanto Vargas como Burgos insistieron en que el equipo de observadores de ambas organizaciones estará atento ante cualquier violación a los derechos civiles de los manifestantes y que velarán por que se cumplan los acuerdos para la Reforma de la Policía producto de la demanda federal en su contra. Asimismo, indicaron que contarán con un equipo de mediadores.


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