Nueve académicos y líderes de organizaciones sin fines de lucro renunciaron a sus puestos como representantes del tercer sector en las mesas de implantación del proyecto para descentralizar el Departamento de Educación (DE), por considerar que los trabajos que se llevan a cabo no cumplen “con los elementos básicos de buena gobernanza”.

Mediante una carta, el grupo solicitó que se detenga el proceso para implementar la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR) que, según está planificado, se dirige a establecer la primera agencia educativa local (LEA, en inglés) para agosto de este año.

“El principio de descentralización se ha visto derrotado por la filosofía existente de mantener el poder decisional en los niveles centrales del DE, lo que se hizo evidente en la renuencia a considerar la modificación de reglamentos o leyes como un mecanismo para adelantar los objetivos y al retirar de las mesas la discusión informada sobre la transferencia de poderes del nivel central al regional”, establece una comunicación escrita.

El Nuevo Día solicitó una reacción a Educación y aún aguarda que se produzca.

La carta fue firmada por la decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Vivian Neptune Rivera; el consultor en política educativa y abogado, Enrique Colón Bacó; la consultora en filantropía y política educativa, Janice Petrovich Beiso; la catedrática en Economía en la UPR, Eileen Segarra Alméstica; el economista y catedrático asociado de la UPR, José Caraballo Cueto; la catedrática en Administración Pública de la UPR, Yolanda Cordero; la psicóloga clínica Ángeles Acosta; la curadora de alianzas educativas de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, Enery López Navarrete; y la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet.

En noviembre pasado, varios de estos profesionales y académicos ya habían exigido mayor participación ciudadana en los trabajos para lograr la descentralización de la agencia.

“De hecho, las decisiones sobre IDEAR se han estado llevando a cabo al interior del nivel central del DE, lo que, desde nuestra perspectiva, resulta conflictivo dado que una descentralización real requiere que el nivel central ceda poder decisional a las comunidades escolares”, establece la carta de renuncia, que tiene fecha del lunes 15 de abril.

La dimisión se discutiría en una reunión entre algunos de los renunciantes con líderes de Educación y el Comité IDEAR este martes.

El comité ejecutivo IDEAR presentó, en agosto pasado, su informe sobre los pasos que se deben tomar para descentralizar la agencia. El plan de trabajo prevé que el 100% de las escuelas estén bajo LEA para el año escolar 2027-2028, mientras que el nivel central de la agencia operaría como una agencia estatal educativa (SEA, en inglés), a cargo de la política pública educativa, de velar por garantías de derechos civiles y la definición de los requerimientos de desempeño académico.

La secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, ha indicado que tienen hasta el fin del año escolar, el 7 de junio, para implantar todas las estrategias que se necesitan.

El economista y abogado Colón Bacó indicó que el malestar ante la falta de transparencia en los trabajos de las mesas de implantación se ha ido acumulando y eso dio paso a la determinación de dejar atrás su participación en ellas.

“Nos han mantenido bien afuera… Ha sido todo un proceso bastante continuo donde ellos nos dan información, nos preguntan lo que pensamos y nosotros decimos qué sentimos, qué falta, damos nuestra opinión de las cosas, pero ha sido bien ‘one sided’ (unilateral). Cuando nosotros pedimos información, no nos dan nada”, lamentó Colón Bacó, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Colón Bacó formó parte de la mesa de finanzas y presupuesto, y señaló que se creó otro equipo, ajeno a las mesas de implantación de IDEAR, que trabaja en determinar cuál debe ser la inversión de Educación por estudiante.

“A mí, por ejemplo, no me gustaría después que ellos digan, ‘Enrique Colón estuvo envuelto en el comité de finanzas y presupuesto y este es el resultado de le mesa de implementación’ y yo no tuve nada que ver. No quiero decir que sea malo lo que vayan a trabajar, pero nos han mantenido bien afuera”, expresó.

Los representantes del tercer sector exigieron, en su carta, que se dé una discusión pública de la propuesta que se ha trabajado del gasto por estudiante. Asimismo, solicitaron que se nombre una comisión independiente con expertos locales que se encarguen de la descentralización.

“Nos frustra y nos ocupa el ver desvanecerse la posibilidad de lograr una gobernanza más participativa y menos politizada. Para nosotros ha quedado claro que nuestra participación en este momento es simbólica y no le haríamos ningún servicio a la educación de PR si nos convertimos en ‘sellos de goma’ en la medida que el proceso se ha desvirtuado de su objetivo inicial”, lee la misiva.