Los puertorriqueños participarán el 11 de junio en la quinta consulta de estatus celebrada en la Isla desde el nacimiento del Estado Libre Asociado (ELA) en 1952.

Así lo garantizó ayer en la tarde el gobernador Ricardo Rosselló, al estampar su firma en la “Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico” que viabiliza la consulta, la primera en que la frase “Estado Libre Asociado” no aparece en la papeleta.

El ELA sí apareció en la consulta de 2012, pero el Partido Popular Democrático (PPD) no avaló la definición que figuró en la papeleta.

“Una vez estampe mi firma en esa pieza legislativa, los puertorriqueños tendremos la oportunidad de expresarnos sobre las tres alternativas que reconoce el derecho internacional y que son cónsonas con la Constitución de Estados Unidos", dijo Rosselló en medio de una actividad con varios legisladores, los presidentes camerales y dos exgobernadores penepés en el jardín hundido de La Fortaleza.

Rosselló lanzó su primer dardo al PPD inmediatamente después, aunque no los mencionó.

“Los exhorto a definirse y orientar al pueblo sobre la alternativa que defienden”, soltó.

Rosselló también fue contundente al hablar sobre el gobierno estadounidense.

“El portaestandarte de la democracia va a tener que contestar la pregunta en algún momento. ¿Cómo vamos a denegarle a 3.5 millones de personas sus aspiraciones democráticas otra vez?”, preguntó el primer mandatario, quien dijo que, si bien existen razones económicas para aspirar a que Puerto Rico sea estado, igualmente se trata de un asunto de “derechos civiles”.

“No es solo la aportación (económica) federal. Queremos colaborar y ser participantes de los Estados Unidos. Es un asunto de derechos civiles. Que todo hijo de esta tierra pueda votar por el presidente y sus representantes en el Congreso”.

La consulta incluye dos alternativas: la estadidad y la libre asociación/independencia. De ganar la segunda opción, se llevaría a cabo una segunda vuelta el 8 de octubre.

“Cuando gane la estadidad se encaminará una ratificación del resultado del 2012 y nos impulsará a usar instrumentos nuevos para ir a la capital federal y exigir que se encamine un proceso de descolonización”, dijo el gobernador, al mencionar que la ley —el Proyecto del Senado 51 de la autoría de su presidente Thomas Rivera Schatz—, va de la mano del proyecto de incorporación presentado en el Congreso por la comisionada residente Jenniffer González, quien estuvo en la actividad.

González presentó el proyecto el 4 de enero, pero sin coauspiciadores. El proyecto establece que, si gana la estadidad en junio, las leyes federales que aplican en Puerto Rico de manera diferentes serán “enmendadas o eliminadas”, pero el “trato igual” a Puerto Rico entraría en vigor en 2025.

Ayer, González describió la consulta como la ratificación del voto a favor de la estadidad en el plebiscito del 2012.

“El gobierno federal solo hará esta pregunta una vez al pueblo de Puerto Rico”, dijo, en alusión a la alternativa de la estadidad o “el camino de la pobreza”.

“Esos son los caminos. No se puede seguir pretendiendo tener un sistema colonial”, agregó. “Queremos una ciudadanía de primera clase”.

Ayer, el presidente del PPD, David Bernier, acusó al PNP de querer dividir al País con una consulta de estatus “amañada para nuevamente tratar de conseguir una falsa mayoría en favor de la estadidad”.

“Como institución procuraremos defender el derecho que tienen todos los puertorriqueños a participar democráticamente de las decisiones fundamentales para nuestro futuro como pueblo. Que no le quepa duda a nadie que el Partido Popular no se quedará cruzado de brazos y actuará conforme a lo que exigen las circunstancias”, dijo en declaraciones escritas.

Aníbal Acevedo Vilá y Héctor Ferrer, ambos aspirantes a sustituir a Bernier al frente de la colectividad, también han señalado que el proyecto de ley que viabiliza la consulta está cargado a favor de la estadidad.

Mientras, el Partido Independentista Puertorriqueño ha anunciado que mañana anunciará su postura en cuanto al plebiscito, aunque los dos legisladores de la colectividad, Juan Dalmau y Denis Márquez, han objetado el lenguaje en la medida que le da el poder al secretario de Justicia Federal de vetar las definiciones sobre las alternativas que aparecerán en la papeleta.

El plebiscito será sufragado, en parte, por una asignación de $2.5 millones del gobierno federal y, aunque la presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Liza García, ha advertido que la consulta podría requerir el gasto de $4 millones, miembros del PNP en la Cámara han dicho que el dinero va a aparecer.

El ambiente ayer en La Fortaleza era de festejo, considerando que se aprobaba una medida que atiende la razón de ser del Partido Nuevo Progresista.

El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, dijo que era un día “histórico”. Rosselló lo calificó como uno “glorioso”, y estuvo acompañado en la ceremonia por su esposa, Beatriz Areizaga.

Por su parte, el autor de la medida legislativa, Rivera Schatz, describió el plebiscito convertido en ley como un “instrumento” que pondrá final a “la causa de la inequidad social y de la subordinación de los puertorriqueños por mantenernos en una colonia”.

Méndez describió a los representantes que votaron a favor de la medida como los “33 valientes que le dijeron que sí a Puerto Rico”.

Según Carlos Romero Barceló, —junto a Pedro Rosselló González los dos exgobernadores novoprogresistas en la actividad—, “nunca los planetas, la luna y las estrellas han estado alineados para el logro de la estadidad como en este momento”.