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Demócratas del Congreso y sindicatos piden auditar la deuda (horizontal-x3)
El congresista Raúl Grijalva habla durante un foro de la minoría demócrata en Washington sobre la crisis fiscal en Puerto Rico. (José A. Delgado )

Washington - Demócratas del Congreso reclamaron ayer que se audite la deuda pública de Puerto Rico, que la Junta de Supervisión Fiscal acabe de utilizar el mecanismo de la quiebra judicial y que el gobierno de Ricardo Rosselló desista de quitar beneficios a los trabajadores.

Junto a expertos en el tema de la crisis fiscal y representantes de sindicatos, legisladores demócratas participaron de un foro en la Cámara baja para reclamar mayor atención del Congreso a la situación de Puerto Rico, que desde ayer perdió el escudo del freno en la litigación judicial para el cobro de deuda que proveyó la ley PROMESA.

“La gente debe saber cómo esta deuda fue alentada, como ocurrió y cómo podemos asegurarnos de que no vuelva a ocurrir”, dijo el congresista demócrata José Serrano (Nueva York), al sumarse a la consigna #AuditoríaYa que han hecho antes sus colegas boricuas Luis Gutiérrez (Illinois) y Nydia Velázquez (Nueva York).

Una enmienda de Serrano a la ley PROMESA había garantizado que la junta no tomara pasos para eliminar la comisión de auditoría. Pero, la decisión de derogar la comisión fue hecha por el gobernador Ricardo Rosselló, pese al rechazo de los miembros del organismo, la oposición política y amplios sectores cívicos.

Esta semana, en declaraciones a El Nuevo Día, el exjuez especializado en bancarrota Gerardo Carlo sostuvo que es tiempo de que el Congreso investigue las emisiones de deuda de Puerto Rico, ante posibles violaciones a la ley federal de valores y a conflictos de interés.

El demócrata boricua Darren Soto (Florida), miembro del subcomité de Asuntos Insulares, sostuvo que está abierto a llevar la propuesta ante la dirección de ese organismo, que tiene jurisdicción directa sobre la Isla.

Aunque le parece una buena idea, el profesor Simon Johnson, ex economista en Jefe del Fondo Monetario Internacional y catedrático del Massachusetts Institute of Technology (MIT), considera que los republicanos no han mostrado interés en seguir buscando alternativas a la crisis.

A la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, le parece que los tribunales "van a tener” que hacer una auditoria de la deuda.

Pero, Eric LeCompte, director ejecutivo de la coalición de grupos religiosos Jubilee USA, dijo que aunque una vez se declare la bancarrota judicial la auditoría tendrá que hacerse, “no sería tan profunda la evaluación de la deuda como hubiese hecho el comité multisectorial” de la Isla.

Piden la quiebra judicial

Tanto la congresista Velázquez como su colega Gutiérrez acentuaron ayer además la necesidad de que la Junta de Supervisión Fiscal, creada por PROMESA para controlarle las decisiones financieras al gobierno de Puerto Rico, utilice el título III del estatuto que permite llevar procesos de reestructuración de deuda ante un juez especial de quiebras que designaría el juez presidente del Tribunal Supremo de EE.UU., John Roberts.

En una declaración escrita, la congresista Velázquez sostuvo que “es inconcebible” que en momentos en que ha comenzado el desfile de demandas, la junta federal no haya utilizado el título 3 de la ley ni el gobernador Rosselló lo haya solicitado.

La legisladora federal sostuvo que votó a favor de la ley PROMESA porque permitiría reestructurar el 100% de la deuda pública. “El gobernador y la junta tienen el imperativo moral de actuar con rapidez. Si no lo hacen, la historia les juzgará con dureza”, agregó Velázquez

Como portavoz demócrata en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, Raúl Grijalva (Arizona), encabezó el foro. “Nos preocupa que una avalancha de demandas de ‘fondos buitre’ convierta una recesión económica en Puerto Rico en depresión”, dijo Grijalva, al denunciar “las medidas impopulares de austeridad” que ha tomado el gobierno.

Gutiérrez, por su parte, destacó en el foro la resistencia que han mostrado los estudiantes universitarios a los recortes que han impulsado el gobernador y la junta que controla las finanzas públicas de Puerto Rico.

Y dijo que desde el inicio era evidente que PROMESA no sería la respuesta a la crisis. “En medio de una crisis de salud y de trabajo”, sostuvo Gutiérrez, la defensa de los republicanos de la ley PROMESA, “fue que no costaría un centavo a los contribuyentes estadounidenses, lo que refleja cuánta voluntad hay para ayudar”.

Pese a la derogación del comité de auditoría, los sindicatos - representados en el foro por Iram Ramírez, de la Federación de Trabajadores, Steve Kreisberg de AFSCME, y Mairym Ramos, de la SEIU-, perciben que la presión crece en Puerto Rico en contra de las medidas de austeridad, como demostró la marcha del 1 de mayo.

El economista Johnson sostuvo, por su parte, que urge la reestructuración de la deuda pública, para entonces pensar en medidas de asistencia desde el Congreso y a favor del crecimiento económico.

Como advirtiera esta semana la congresista Velázquez al conocerse la asignación de $295.9 millones en fondos de Medicaid, Johnson teme que nuevas asignaciones - como llegó a indicar el plan fiscal del gobernador-, puedan ser utilizadas por la junta para aumentar los pagos a los acreedores.


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