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El gobernador Ricardo Rosselló. (Suministrada)

Tres días después de su aprobación en la Cámara de Representantes, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en Ley las enmiendas al Código Penal que asegura reforzarán la lucha contra el crimen y protegerán a la ciudadanía.

“Las enmiendas al Código Penal que firmo hoy darán más fuerza al gobierno para combatir el crimen. Estas medidas son parte esencial del compromiso de nuestra Administración con la seguridad del Pueblo, según se contempla en el Plan para Puerto Rico”, afirmó el mandatario en un parte de prensa.

“Hoy, las estadísticas de la Policía reflejan una reducción de casi 11% en los Delitos Tipo I y siete asesinatos menos, si comparamos lo que va del año con la misma fecha en el 2016. Falta mucho por hacer y esta medida es un instrumento adicional como lo fue el Acuerdo con las autoridades federales que firmamos en febrero de este año”, agregó.

Con esta revisión al Código Penal, volvió a aumentar de 8 a 15 años la pena por incurrir en un cargo de  apropiación ilegal de fondos públicos. Durante la pasada administración se había reducido la pena.

También se tipificó nuevamente como delito menos grave la utilización de un disfraz durante manifestaciones que alteren las actividades ordinarias en una instalación pública educativa, en una instalación de salud, o en el interior de edificios de gobierno.

Pero si se utiliza un disfraz mientras se realiza o intenta cometer un delito grave, el uso de ese antifaz  se convertirá en delito grave con pena de tres años.

También se restituyó como delito grave, con pena de tres años, la obstrucción o paralización de obras de construcción con los permisos necesarios; esto incluye impedir la entrada o el acceso u ocupar los terrenos.

Además, constituye un delito menos grave la obstrucción de acceso o de labores en instituciones de enseñanza y de salud o edificios donde se ofrecen servicios al público, entre una decana de cambios.

Las enmiendas al Código Penal causaron preocupación entre abogados y criminólogos debido a la cantidad de cambios que ha sufrido este cuerpo de leyes en la última década.

También surgió una inquietud que detrás de la resucitación de varios delitos que confinan el derecho a la libertad de expresión, parecía existir un plan de la nueva administración en anticipo al descontento ciudadano que generarán las medidas de austeridad o cambios de política pública que implementará para atender el monumental déficit gubernamental.


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