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La consulta está pautada para el 11 de junio de este año. (Archivo / GFR Media)

Luego de un careado intercambio, la Cámara aprobó -con la oposición de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD)- la resolución del Senado 92 que asigna $5.3 millones para la celebración de la consulta de status el próximo 11 de junio. La medida pasaría ahora para la firma del gobernador.

Durante la discusión, tal y como pasó en el Senado, los senadores populares cuestionaron la acción del Gobierno de asignar $5.3 millones a una consulta de status a pesar de la crisis fiscal que vive el Estado y en momentos donde se habla de recortes en áreas esenciales como el retiro de los servidores públicos y el sistema de salud.

“Aquí se están legalizando que se gasten 5.3 millones de los chavos de los puertorriqueños para celebrar este plebiscito”, señaló, por su parte, el representante popular Luis Vega Ramos al insistir en que se está “gastando” dinero en una medida que no tiene el aval del gobierno federal y en momentos en que las necesidades básicas del pueblo están en riesgo.

La mayoría parlamentaria, sin embargo, ha establecido que la medida lo que hace es viabilizar la transferencia de unos fondos, que fueron identificados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), entre unas partidas que habían sido asignadas a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para cubrir gastos relacionados con los comicios generales de noviembre. Sostuvieron además que el dinero no puede ser usado para otros fines.

“Desde el año 1960 este Partido Popular Democrático (PPD) le ha dicho consistentemente a este pueblo que el estatus no es prioridad… da pena que en el siglo XXI estamos todavía tratando de resolver un problema y ellos tratando de engañar al pueblo diciendo que el problema no es una prioridad para resolverlo”, señaló la representante María Milagros Charbonier.

“Asumir una posición derrotista como esa es una posición colonialista y este pueblo no merece esto que ustedes están haciendo”, agregó Charbonier.

Natal, por su parte, recalcó que “el país está de acuerdo: la estadidad no la queremos y la vamos a derrotar donde sea”.

Según la medida, el secretario de Hacienda y el director ejecutivo de la OGP tendrán la obligación de completar la transferencia de los fondos a la CEE no más tarde de los 75 días previos a la fecha en que deberá realizarse el plebiscito. No obstante, podrán adelantar, antes de ese término, cualquier cantidad menor de fondos que sea necesaria para instrumentar las disposiciones de la Ley 7-2017 y así garantizar la certeza de todos los procesos eleccionarios.

La Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico (Ley 7-2017) ordenó la celebración de la consulta en la que, el próximo 11 de junio, los electores tendrán que escoger entre la estadidad, que figura en una primera columna, o la libre asociación o independencia, que fueron incluidas conjuntamente en una segunda columna.


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