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Portavoces de las comunidades LGBTT argumentan que la medida “pretende legalizar el discrimen”. (Ramón Tonito Zayas)

Ante la Cámara de Representantes, hay un proyecto que permitiría que una persona rete y eluda cumplir una ley o cualquier norma impulsada por el gobierno si entiende que violenta sus principios religiosos.

El Proyecto de la Cámara 1018, presentado a principios de semana, crearía la “Ley de Restauración de la Libertad Religiosa”, y tan pronto se supo que fue sometido, grupos en defensa de los derechos de las comunidades lésbica, gay, bisexual, transexual y transgénero (LGBTT) advirtieron que, de aprobarse, podría servir como mecanismo para discriminar.

La pieza legislativa es de la autoría del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Guillermo Miranda, a la que se unieron como coautores el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, y María Milagros Charbonier.

“Esta no es una ley para discriminar contra nadie, es para proteger el derecho constitucional que tiene una persona de practicar una fe, cualquier fe, cualquier religión”, manifestó, enfática, la representante Charbonier en entrevista con El Nuevo Día.

Explicó que la medida busca proteger las creencias religiosas de la ciudadanía de algunas leyes generales que, de alguna manera, puedan incidir en sus principios.

Mencionó que, en la reciente ley de la llamada reforma laboral, se incluyó lenguaje con el mismo fin al disponer que el patrono tendría que dar acomodo razonable a un empleado con alguna práctica religiosa que choque con el horario o algunas exigencias de la labor que realiza.

La legislación propuesta ordenaría proveer esa flexibilidad en múltiples circunstancias por motivos religiosos.

Charbonier reconoció que, si se convierte en ley, la pieza podría ser motivo suficiente para que una persona rechace cumplir estatutos como el que estableció que no se puede discriminar, en la esfera laboral, contra una persona por su orientación sexual o identidad de género.

Ello, pues el proyecto establece que sus disposiciones “prevalecerán sobre cualquier otra disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido”.

“Cada quien tiene que entender que estamos viviendo en un mundo en el que todo el mundo tiene diferentes opiniones y diferentes formas de ver la vida. La libertad religiosa es una cuestión de carácter constitucional que hay que respetar”, subrayó la legisladora novoprogresista.

Sin embargo, puntualizó que, como toda ley, la medida estaría sujeta al escrutinio de los tribunales.

El proyecto de ley establece que el “gobierno no deberá imponer una carga sustancial al libre ejercicio religioso de una persona, incluso, si la carga es el resultado de la aplicación de una norma de aplicación general”.

Como excepción a esto, se aceptaría únicamente que el Estado demuestre que existe un interés apremiante y que tomó el mediomenos restrictivo para promover ese interés.

Al presidir la Comisión cameral de lo Jurídico, Charbonier estará a cargo de dirigir el análisis de la medida, proceso que, según estimó, podría comenzar el miércoles próximo.

Aunque todavía no ha citado a los deponentes, anticipó que vislumbra contar con los comentarios del Colegio de Abogados, la Asociación de Abogados, el Departamento de Justicia y la Oficina de Administración de los Tribunales.

Mencionó que cualquier persona o entidad interesada en participar puede comunicarse con la comisión legislativa.


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