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Carlos García, expresidente del Banco Gubernamental de Fomento bajo el gobierno de Luis Fortuño, abogó por la junta federal. (Lenin Nolly / Especial para El Nuevo Día)

WASHINGTON.- Aunque aún tiene en agenda una audiencia adicional, la dirección del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes recibió hoy recomendaciones para implantar una junta federal de control fiscal que tenga amplios poderes sobre Puerto Rico.

Por su experiencia, el exalcalde de Washington D.C., Anthony Williams, apostó a que los temores que comprende existen en Puerto Rico respecto a la pérdida de mayor control sobre sus decisiones, "desaparecerán prontamente una vez haya desarrollos positivos" como consecuencia de la nueva autoridad federal.

Por todos lados, estaba la implicación de que el gobierno de Puerto Rico necesita supervisión para lidiar con sus problemas financieros. Pero, voces boricuas – el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, y los congresistas Luis Gutiérrez y José Serrano-, advirtieron de que el Congreso no puede zafarse de su cuota de responsabilidad, debido a sus políticas públicas inconsistentes y el ejercicio que hace de sus poderes plenarios sobre Puerto Rico.

"La incapacidad actual de la administración de la Isla y el Banco Gubernamental de Fomento para solucionar los impagos inminentes, así como la magnitud de la deuda, justifican la acción del Congreso", indicó Williams, quien fue principal oficial financiero en Washington D.C. cuando se creó la junta federal de control fiscal a mediados de la década de 1990 y piensa que por su mismo trabajo en ese puesto obtuvo la popularidad que le catapultó hacia la alcaldía.

Voces boricuas en el Congreso. (Lenin Nolly / Especial para El Nuevo Día)

El expresidente del Banco Gubernamental de Fomento bajo el gobierno de Luis Fortuño, Carlos García y el abogado de las firmas de inversiones Oppenheimer y Franklin, Thomas Moers Mayer, abogaron también por una junta federal que tenga plena autoridad sobre las principales decisiones fiscales del gobierno de Puerto Rico, que se enfrenta a una deuda de $70,000 millones y ha pronosticado un impago de grandes proporciones este verano. 

Hasta el momento, el gobierno ha dejado de pagar cerca de $100 millones de sus obligaciones.

García, quien ahora es principal funcionario ejecutivo de la empresa financiera BayBoston Managers, sugirió que la junta tenga dos copresidentes, uno de Estados Unidos y otro de Puerto Rico.

A nombre de las firmas de inversiones Oppenheimer y Franklin, con fuertes intereses en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Moers Mayer sostuvo que "la única forma de asegurar que inversionistas de clase media que han confiado en Puerto Rico lo vuelvan a hacer en el futuro, es por medio de la creación de una autoridad designada a nivel federal que sea fuerte e independiente".

Tanto el profesor Simon Johnson, execonomista en Jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), como el director ejecutivo de la coalición religiosa Jubilee Usa, Eric LeCompte, coincidieron en que cualquier nueva autoridad federal deberá tomar en cuenta a los puertorriqueños y respetar sus estructuras de gobierno, si se quiere que funcione.

Si Puerto Rico tuviera acceso a los programas federales que tienen los estados, "no estaríamos aquí", indicó Johnson, profesor en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Por eso mismo, piensa que no tiene sentido que entonces se argumente que Puerto Rico no debe tener autorización para una reestructuración abarcadora porque los estados no tienen esa posibilidad.

Johnson afirmó que los reclamos de las firmas de inversiones para que Puerto Rico se apriete más el cinturón, lo que hará será generar más emigración y erosionar más la base contributiva de la Isla.

LeCompte dijo que cualquier esfuerzo dirigido a reactivar la economía de Puerto Rico debe incluir una reestructuración de la deuda pública y mayor transparencia gubernamental. Con respecto a la creación de una junta federal, mantuvo tiene que mirar con mucho cuidado "como Puerto Rico va a estar representado".

"Si el Congreso aprueba la protección de la bancarrota con una junta de control, debe asegurarse de que la junta esté copresidida por personas designadas por los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico", sostuvo LeCompte, quien presentó una carta de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. en favor de que se le reconozca a la Isla un proceso para reestructurar buena parte de su deuda.

Tras la audiencia, que estuvo a cargo del subcomité, el presidente del Comité de Recursos Naturales, Rob Bishop (Utah), afirmó que comenzarán a evaluar posibles proyectos de ley, pero antes de ir a una votación quiere convocar a una audiencia de toda la comisión.

Bishop sostuvo que siguen decididos a tener lista una medida para llevar a votación al hemiciclo cameral antes de que termine marzo, como ha prometido el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan (Wisconsin).?


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