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El gobierno se acogió la semana pasada al Título III. (horizontal-x3)
El gobierno se acogió la semana pasada al Título III. (GFR Media)

Washington - En alguna medida, son buenas noticias que la Junta de Supervisión Fiscal a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico, con el visto bueno del gobernador, haya solicitado acogerse al mecanismo de quiebra que provee la ley PROMESA, indicó hoy la junta editorial del periódico The Washington Post.

“Lo que importa ahora para Puerto Rico es que haya un sacrificio razonablemente compartido por todos - acreedores, pensionados del gobierno, agencias gubernamentales demasiado grandes - para poder restaurar el orden financiero y reactivar el crecimiento económico”, agregó.

Para el diario, aunque en el mejor escenario Puerto Rico, antes de obtener beneficios, va camino inicialmente a ajustes económicos muy difíciles, es posible, como sucedió con la capital estadounidense, que con el tiempo la situación fiscal de la Isla tenga “un final feliz”.

En su editorial, The Washington Post consideró que fue correcta la decisión del gobierno de Puerto Rico de optar por el uso del Título III de la ley PROMESA, pues las negociaciones con los acreedores no rendían fruto.

El uso del mecanismo de la bancarrota territorial, abre paso a que “un juez federal imparcial” sirva de árbitro “ante la desconcertante cantidad de reclamos conflictivos de los que tienen más de $70,000 millones en deuda”, sostuvo.

Aunque los acreedores de la Isla reclaman ya en los tribunales que el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico pudo haber asignado más dinero al servicio de la deuda, el periódico afirmó que su solidaridad con los bonistas es limitada pues “muchos de los acreedores de la Isla en este momento son fondos de cobertura de riesgo que compraron deuda de Puerto Rico con descuento”.

“El Congreso, en autoridad soberana, ha decidido que el éxito de ese modelo económico no debería por encima de otras consideraciones, lo que a nuestro juicio es sabio”, agregó el editorial, que tiene como título “Puerto Rico se ha ido a la quiebra oficialmente”.

Para el diario, el caso de Puerto Rico, aunque tenga el efecto de aumentar en uno o dos puntos las tasas de interés del mercado municipal, debe ayudar además a ciudades y estados a recordar “los riesgos que supone la indisciplina fiscal”.

El Título III de la ley federal PROMESA da la oportunidad de establecer, al gobierno encabezado por Ricardo Rosselló, un proceso de reestructuración que sea vigilado por un tribunal. Esto se hace en el caso de que los acreedores y el deudor no lleguen a un acuerdo que les convenga a ambos. 

La semana pasada, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico aprobó la radicación de una petición voluntaria bajo el Título III de la Ley Promesa para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante -Cofina-.

La jueza que fue designada para llevar el caso es Laura Taylor Swain, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.


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