4 de mayo de 2024

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Feminicidio en Manatí: lo que se sabe hasta el momento sobre la excarcelación del imputado

Una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, en el 2016, revela cómo Hermes Ávila Vázquez intentó salir a la libre comunidad, algo que logró en el 2023; un año antes de asesinar a Ivette Joan Meléndez Vega

24 de abril de 2024 - 4:53 PM

Actualizado el 24 de abril de 2024 - 4:53 PM

Hermes Ávila Vázquez figura en silla de ruedas en sus fotos en el Registro de Ofensores Sexuales. (Captura)

Por Yaritza Rivera Clemente

Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Hermes Ávila Vázquez, imputado del feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, reportado a las 4:29 a.m. del domingo en la carretera PR-686, cerca de la playa Los Tubos en Manatí, fue sentenciado a 122 años de prisión por el asesinato de otra mujer en 2005, pero salió en la libre comunidad en 2023.

El convicto asesino logró salir de prisión tras presentar con éxito una solicitud al amparo de la Ley 25-1992, conocida como la “Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras Enfermedades en su Etapa Terminal que están confinados”. Pero, ¿por qué este convicto se encontraba en la libre comunidad tras haber sido sentenciado a 122 años? ¿Qué han dicho las agencias pertinentes al respecto? ¿Cuáles son los delitos por los que había sido acusado y sentenciado? ¿Falló el sistema al evaluar su caso?

A continuación, te presentamos un resumen de lo que se sabe, hasta el momento, sobre las circunstancias que rodean la excarcelación de Ávila Vázquez, de 52 años, quien ahora enfrenta cuatro cargos por feminicidio, portación y uso de arma blanca, destrucción de prueba y apropiación ilegal de un vehículo por la muerte de Meléndez Vega.

Desde la década de 1990 hasta el 2005, Ávila Vázquez ha enfrentado problemas con la justicia y ha sido procesado por múltiples cargos, que incluyen asesinato en primer grado, agresión agravada, actos lascivos, portación y uso de arma blanca y posesión ilegal de armas. Por todos los cargos resultó culpable.
En el 2005, el convicto fue sentenciado a 122 años de prisión tras declararse culpable por el asesinato de la terapista Celia López García, de 28 años y madre de dos niños, ocurrido en Caguas. De acuerdo con la investigación del Negociado de la Policía, el convicto violó y asesinó a su víctima, cuyo cadáver fue encontrado con una herida de arma blanca en el cuello.
Luego de 11 años de cumplir su condena, en el año 2016, Ávila Vázquez presentó una solicitud al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para beneficiarse de un pase extendido a la libre comunidad por condición de salud, específicamente paraplejia. En esa ocasión, la agencia denegó la petición “al considerar que su caso no era meritorio”, según consta de una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Al denegar la petición, el DCR expuso que la movilidad del recurrente no era limitante, que podía participar en actividades del diario vivir y se encontraba estable en sus condiciones. Indicó, además, que la prognosis de vida del convicto era mayor de seis meses.
También para el año 2016, el convicto intentó, sin éxito, que el DCR le proveyera una silla de ruedas especializada para “ponerse de pie” porque su condición de “paraplejia” no le permitía asearse adecuadamente. En ese momento, Ávila Vázquez se encontraba confinado en la Institución Ponce 500. Sin embargo, la solicitud fue denegada tras ser consultada con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), que no estaba dispuesta a costear la silla por “lo oneroso de la misma”. El caso llegó hasta el Tribunal de Apelaciones, ente judicial que el 31 de mayo de 2016 emitió un fallo reafirmando la decisión del DCR. La sentencia revisada por El Nuevo Día, que consta de siete páginas y tiene fecha del 31 de mayo de 2016, establece que el convicto no presentó prueba que obre en el expediente administrativo, y que menoscabe el valor probatorio de la evidencia en la que se basó Corrección para emitir su determinación.

Sin embargo, tras presentar una nueva solicitud al amparo de la Ley 25-1992, en abril de 2023, el convicto quedó en libertad luego de cumplir 18 de los 122 años de su sentencia.
Referente a esa última solicitud, que dio paso a que el convicto quedara en libertad hace un año, la compañía privada Physician Correctional, encargada de brindar los servicios de salud a la población penal, indicó que, debido a un accidente laboral mientras estaba confinado, Ávila Vázquez sufrió un evento que le ocasionó daños físicos cubiertos por la CFSE. Estos alegados daños derivaron en una otorgación de incapacidad total por parte de esa entidad, el 6 de noviembre de 2015, debido a varias condiciones de salud que alegadamente presentaba el convicto.
Según la empresa, el 17 de julio de 2021, Ávila Vázquez solicitó a Corrección el beneficio de la Ley 25-1992, que se considera luego de varios procesos que incluyen evaluaciones de salud y otras consideraciones que pondera la agencia para determinar si una persona cualifica o no para que se le otorgue el privilegio de pase extendido, en conformidad con el reglamento vigente. “En este caso, dicha evaluación fue realizada por un médico especialista evaluador y un panel de cuatro médicos adicionales, según exige la reglamentación vigente, los cuales determinaron que el confinado referido padecía de condiciones incapacitantes severas en estado avanzado que lo cualificaban para ese beneficio”, afirmó Physician Correctional.
Ante las circunstancias que rodean la excarcelación del confinado, la secretaria de Corrección, Ana Escobar, ordenó una investigación después de que viera en televisión a Ávila Vázquez caminando esposado y escoltado por policías, tras su arresto como sospechoso del feminicidio en Manatí. Según la funcionaria, al convicto se le permitió salir de prisión porque supuestamente sufría de condiciones de salud que no le permitían “desplazarse” ni “hacer unas funciones fisiológicas que cualquier persona, sin sus condiciones, podía hacer de forma normal”.
Asimismo, el DCR confirmó que, como medida cautelar, una empleada fue removida de su área de trabajo mientras se investiga si tuvo una relación con el convicto. La agencia precisó que la enfermera no ha sido despedida y que la acción se tomó para evitar que esta tenga contacto con el confinado. Sobre si la empleada pudo haber ayudado a Ávila Vázquez a salir de prisión, el DCR dijo que “el personal de enfermería no forma parte del panel médico que evalúa y recomienda en estos casos”.

Hermes Ávila Vázquez de 52 años, enfrenta cargos de feminicidio, hurto de un vehículo, destrucción de evidencia y violación al artículo 6.6 (posesión de un arma blanca) de la Ley de Armas. (Suministrada Policía)

Mientras, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, indicó que Ávila Vázquez resultó convicto en varias ocasiones, durante los años 1991, 2004 y 2005, y que esta semana presentó nuevos cargos por el feminicidio en Manatí. Agregó que, una vez el DCR complete la investigación sobre la excarcelación del imputado, Justicia estará solicitando que se refieran los hallazgos de la misma para examinar si se configuró algún delito. “Que no exista duda de que actuaremos cuando sea requerido. El pueblo merece conocer la verdad y quien haya fallado debe asumir su responsabilidad”, adelantó.

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Tanto la Policía como la Oficina de la Procuradora de las Mujeres tienen herramientas para atender, confidencialmente, cualquier señalamiento o querella sobre un patrón de abuso, maltrato o situación por violencia de género. Si atraviesas por una emergencia o incidente que requiere la intervención inmediata de las autoridades, llama al Sistema de Emergencias 9-1-1. Si eres o conoces de una persona que atraviesa un patrón similar, puedes comunicarte con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, así como con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977.