El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) confirmó el martes que, como medida cautelar, una empleada fue removida de su área de trabajo mientras se investiga si tuvo una relación con Hermes Ávila Vázquez, quien está siendo imputado de un feminicidio en Manatí.

En declaraciones a El Nuevo Día, la agencia precisó que la enfermera de profesión no ha sido despedida y que la acción se tomó para evitar que esta tenga contacto con el confinado, de 52 años, quien se encuentra nuevamente en prisión a raíz de los nuevos cargos que enfrenta.

A preguntas de este medio sobre si la dependencia gubernamental investiga si la empleada pudo haber ayudado a Ávila Vázquez a lograr la excarcelación en el 2023, se indicó que “el personal de enfermería no forma parte del panel médico que evalúa y recomienda en estos casos”.

La jueza Cyndia Irizarry Casiano, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, halló -el lunes- causa para arresto contra Ávila Vázquez, imputado del feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, en hechos ocurridos el domingo, cerca de la playa Los Tubos en Manatí.

En total, Ávila Vázquez enfrenta cuatro cargos por asesinato en primer grado (modalidad de feminicidio íntimo), portación y uso de arma blanca, destrucción de prueba y apropiación ilegal de un vehículo, según confirmó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

Tras evaluar la prueba que presentó la Fiscalía de Arecibo, la jueza fijó al imputado una fianza de $4 millones, a razón de un millón por cada cargo. Ávila Vázquez fue ingresado a prisión tras no prestar la mencionada suma y el inicio de la vista preliminar quedó pautada para el 7 de mayo.

Ávila Vázquez fue detenido como “persona de interés”, luego de que se reportó el crimen a las 4:29 a.m., a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 4:29 a.m. Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron sobre el pavimento el cadáver semidesnudo de la víctima, con varias heridas.

En 2005, el convicto había sido sentenciado a cumplir 122 años de prisión por asesinato en primer grado, entre otros delitos. Sin embargo, en abril de 2023, se le permitió salir tras invocar una ley, porque supuestamente sufría de varias condiciones de salud que no le permitían “desplazarse” ni “hacer unas funciones fisiológicas” de forma normal.

En una entrevista previa con este medio, la secretaria de Corrección, Ana Escobar, explicó que se trata de un beneficio bajo la Ley 27 de 1989 y Ley 25 de 1992, enmendadas en el 2014, para confinados con enfermedades terminales o con dificultades de desplazamiento.

El hombre, quien está en el Registro de Ofensores Sexuales, se había declarado culpable por asesinato en el 2005, pero a su vez contaba con un extenso expediente criminal, con algunos delitos que se remontan a 1991, incluyendo violación sexual, secuestro y violaciones a la ley de armas.

Por su parte, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, dijo que dicha agencia procesó y logró la convicción de Ávila Vázquez en varias ocasiones, durante los años 1991, 2004 y 2005.

“Asimismo, en el día de ayer, presentamos nuevos cargos criminales por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega en Manatí, tras el esclarecimiento del crimen en menos de 24 horas por parte de la Policía”, mencionó, en comunicado de prensa.

Emanuelli Hernández añadió que ha estado muy atento a lo que ha acontecido en torno a su excarcelación y reiteró que la secretaria de Corrección inició una investigación sobre las circunstancias que rodearon el proceso mediante el cual el convicto por asesinato fue puesto en libertad, al amparo de una ley aplicable a confinados que padecen enfermedades terminales.

“Una vez se complete dicho proceso, solicitaremos que se refiera el resultado de la investigación al Departamento de Justicia para examinar si se configuró algún delito. Que no exista duda de que actuaremos cuando sea requerido. El pueblo merece conocer la verdad y quien haya fallado debe asumir su responsabilidad”, puntualizó.

En tanto, la compañía Physician Correctional, organización dedicada a la administración y operación de servicios de salud a la población de confinados, indicó que “nuestra empresa y todos nuestros empleados nos encontramos muy consternados e identificados sensiblemente con los familiares de la víctima, por su terrible e irreparable pérdida”.

“El confinado referido (Ávila Vázquez) estuvo bajo la custodia del sistema correccional por cerca de dos décadas, donde debido a un accidente laboral estando confinado, sufrió un evento que le ocasionó daños físicos cubiertos por el Fondo del Seguro del Estado, que derivaron en una otorgación de incapacidad total por parte de esa entidad, para la fecha del 6 de noviembre de 2015, debido a varias condiciones de salud”, dijo.

De acuerdo con la empresa, en la fecha del 17 de julio de 2021, el confinado solicitó a Corrección el beneficio de la Ley 25-1992, que considera, luego de unos procesos que incluyen evaluaciones de salud y otras consideraciones que evalúa el Departamento de Corrección, si este cualifica o no para que se le otorgue el beneficio de pase extendido, en conformidad con el reglamento vigente en dicha agencia estatal.

“En este caso, dicha evaluación fue realizada por un médico especialista evaluador y un panel de cuatro médicos adicionales, según exige la reglamentación vigente, los cuales determinaron que el confinado referido padecía de condiciones incapacitantes severas en estado avanzado que lo cualificaban para ese beneficio”, puntualizó la empresa.