Editorial

En apenas una semana, las furias huracanadas se han ensañado con el Caribe y el Atlántico, dejando una estela de daños por las Antillas y otras jurisdicciones, incluidos desastres mayúsculos en Puerto Rico. Justo cuando la diáspora boricua en Estados Unidos se ha movilizado para proveer su abrazo de siempre a su casa isleña, la fuerza del ciclón Ian amenaza Florida, estado donde radica una amplia población puertorriqueña que se relaciona constantemente con su tierra natal.

La documentación certera y rápida de los daños ocasionados por Fiona es un paso neurálgico en el proceso para reclamar a los programas de asistencia gubernamental y a las aseguradoras. Esta gestión tiene que ser correspondida con la mayor responsabilidad por parte de las entidades públicas y el sector de seguros.

Los daños dramáticos a la agricultura de Puerto Rico, debido al impacto severo del huracán Fiona, hacen imperiosa la coordinación de iniciativas gubernamentales y privadas para lograr la recuperación y el crecimiento de tan vital sector.

Garantizar las operaciones de los hospitales y de otros centros salubristas esenciales para la preservación de la vida, tras el severo impacto del huracán Fiona en Puerto Rico, es una alta prioridad que requiere la colaboración esmerada de los sectores público y privado.

En medio de la carencia de energía eléctrica y del suministro de agua potable en muchos hogares, Puerto Rico enfrenta una emergencia invisible que requiere la movilización inmediata del gobierno junto con el Tercer Sector. Se trata de la niñez, en particular la de la región sur que enfrenta otra vez pérdidas materiales y la suspensión de su educación.

Que más de una tercera parte de los abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) permanezca sin suministro de agua potable a casi una semana desde que el fenómeno Fiona empezó a manifestarse en Puerto Rico, es una experiencia desoladora que de ninguna manera debe repetirse. Las acciones de la corporación para prevenirlo tienen que acelerarse.

La escena se ha repetido en montañas y costas de numerosos pueblos de Puerto Rico: carreteras colapsadas, calles de urbanizaciones con socavones y vías arrastradas por deslizamientos de tierra que mantienen a familias incomunicadas. La infraestructura vial, ya comprometida tras el paso del huracán María en 2017, ha quedado mucho más dañada, con la consecuente repercusión en el quehacer cotidiano.

El litigio que se avecina, a raíz de las negociaciones en torno a la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, añade otro capítulo de dificultad a la ya complicada ruta para la transformación energética en Puerto Rico.

El golpe monumental que el ciclón Fiona ha propinado coloca a Puerto Rico frente a un nuevo desafío de recuperación que se suma a los trabajos de reconstrucción por los daños de los huracanes del 2017 y de los terremotos del 2020.

Mientras los vientos y las lluvias del huracán Fiona arreciaban sobre Puerto Rico, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una oportuna declaración de emergencia para la isla. Su puesta en vigor requiere acción rápida y eficiente de parte de las autoridades puertorriqueñas, con colaboración cercana del gobierno federal.

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