Familias, centros de cuido y otras instituciones deben sumarse a los esfuerzos gubernamentales para asegurar que toda persona que reúna los requisitos garantice la renovación de su cubierta bajo el programa federal Medicaid.

A las puertas de la nueva temporada de huracanes, que se inicia el primero de junio, urge definir prioridades, tanto a nivel doméstico como gubernamental, conscientes de que en nuestra capacidad inmediata de respuesta está la diferencia entre lo que puede ser un evento con daños limitados, o una catástrofe que nos vuelva a sumir en la oscuridad.

Este día en que conmemoramos a los soldados perecidos en las guerras en que Estados Unidos ha participado, convocamos a nuestra sociedad a sembrar amor en lugar de dolor, diseminando paz en las familias y comunidades, con la esperanza de que la armonía florezca a nivel mundial.

La precariedad del sistema responsable de atender la enorme crisis de salud mental en Puerto Rico obliga a repensar las iniciativas que han pretendido resolverla. Mayo es el mes de la salud mental. Y hay muy pocas razones para celebrar. Los desafíos del sector representan una urgencia transversal que golpea a miles de hogares puertorriqueños.

Los testigos son componentes fundamentales en los procesos de administración de la justicia. Cualquier intento de intimidar, sobornar o influenciar de otra forma a una persona declarante constituye una obstrucción a la trascendental misión de lograr dictámenes de probada rectitud en procedimientos civiles o criminales.

La elevada incidencia de accidentes de tránsito con saldo grave o letal en Puerto Rico, causada por factores diversos, hace imperativo encontrar soluciones integrales cuya puesta en vigor debe partir del reconocimiento de la responsabilidad que comparten las autoridades y los ciudadanos.

La deuda millonaria que el Departamento de la Familia tiene con centros de cuido de adultos mayores debe resolverse con urgencia para evitar una crisis de servicios que atente contra el bienestar de esta creciente y necesitada población en Puerto Rico.

Se ha abierto la puerta para satisfacer las necesidades particulares de cada escuela pública puertorriqueña, en beneficio inequívoco del estudiantado, con los planes de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos de descentralizar funciones administrativas del Departamento de Educación. La comunidad escolar debe abrazar con optimismo y diligencia esta gran oportunidad para el desarrollo del porvenir educativo boricua.

La proliferación de casos de fraude a la Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA), cometidos por personas que se habrían apropiado ilegalmente de fondos federales destinados a mitigar las penurias del pueblo puertorriqueño durante la pandemia del COVID-19, requiere una respuesta contundente y aleccionadora.