Editorial

El mensaje de la comunidad científica en Puerto Rico, como en Estados Unidos, ha sido consistente y rotundo: vacunarse es la única forma de poner fin a la crisis de salud por el COVID-19, ya extendida por alrededor de año y medio. Resistir ese hecho validado científicamente es atentar contra la salud propia, contra la de otros y contra la recuperación del país.

La entrada del gobierno de Puerto Rico a la regulación de tarifas del acarreo privado de mercancías ha creado una intervención oficialista innecesaria, y hasta perjudicial, en un espacio de negociación que debe estar reservado para los participantes en esa actividad empresarial.

A un primer nivel, lo más llamativo en la concesión de tres días libres con cargo a vacaciones para los empleados del gobierno de Puerto Rico es la enorme confusión que ha generado este asunto, no solo en el sector privado, sino en los ciudadanos que contaban con hacer gestiones en oficinas públicas. Se trata de un frenazo inoportuno al país.

Con una agenda que marca tres grandes prioridades de Puerto Rico – reconstrucción, la emergencia del coronavirus y el desarrollo económico a largo plazo – la administración del presidente Joe Biden ha dado un nuevo paso afirmativo hacia el cumplimiento de sus promesas al formalizar la primera reunión del comité interagencial de la Casa Blanca sobre la isla.

Es inadmisible que hayan quedado atrás los tiempos en que un pequeño manatí, Moisés, se convirtió en símbolo de la conservación en Puerto Rico. Fue un salvamento y una posterior liberación que conmovió al país y contribuyó a inculcar valores de respeto a la vida a toda una generación en la isla.

Las dudosas circunstancias en que se finiquitó el controversial contrato mediante el cual el alcalde de Cataño, Félix Delgado, pactó el uso por $4,500 mensuales de un lujoso vehículo levantan banderas que ameritan una minuciosa investigación de parte de las autoridades.

El respeto a las normas de sana convivencia, promulgadas para evitar los abusos de unos contra otros, es fundamental en nuestra sociedad democrática. A ese principio le ha fallado un sector de camioneros dedicados al acarreo de mercancías, al exponer esta semana a penurias y pérdidas a Puerto Rico, incluidos las poblaciones vulnerables y otros trabajadores.

La reciente firma de un acuerdo entre los departamentos de Educación y Agricultura para que hasta el 60% de los alimentos servidos en los comedores escolares sean confeccionados con productos locales es una noticia muy positiva con múltiples beneficios para todos los involucrados en el importante trato.

La solución razonable de las discrepancias en torno a las tarifas que rigen el acarreo de los productos que entran a Puerto Rico a través de los puertos no debe seguir postergada. Sin embargo, las estrategias para lograr un acuerdo que satisfaga a las partes en la controversia, de ninguna manera deben incluir actuaciones que afecten la actividad socioeconómica del país.

Ante los estragos causados por la nueva cepa del coronavirus, que ya suma sobre cuatro millones de víctimas alrededor del mundo, el inicio de las Olimpiadas representa un bálsamo en medio de uno de los periodos históricos más convulsos en décadas recientes.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: