La crisis que vive la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se ha convertido en una seria amenaza a los procesos electorales que se avecinan. Con un liderazgo debilitado por un discutible interinato y la escasez de recursos económicos para el soporte tecnológico, el negativo escenario enfila hacia un desenlace que erosiona las bases de la democracia puertorriqueña.

Llegó la temporada navideña y la prioridad de la mayoría tiende a ser –con razón– compartir y celebrar con la familia y con allegados, intercambiar regalos y reflexionar sobre los altibajos que trajo el 2023, haciendo propósitos de mejora para el nuevo año que se avecina. Hagamos como sociedad que esta pausa fraternal y reflexiva perdure.

El dictamen emitido por el juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que acogió las demandas que reclamaban la entrada en vigor del aumento salarial para la judicatura, tras la incomprensible negativa de la Asamblea Legislativa, viene a reparar una razonable petición que ha debido esperar 20 años.

La participación libre y voluntaria de la ciudadanía en los procesos electorales es uno de los ejercicios que más fortalecen y hacen perdurar la democracia. Los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día que indican mayor interés de los votantes en participar en las primarias y elecciones generales del 2024 son señal de esperanza para nuestra sociedad. También deberían inspirar mayor sentido de responsabilidad y compromiso por parte de quienes aspiran a cargos públicos en Puerto Rico.

Podemos señalar a San Juan y Loíza entre las múltiples zonas de Puerto Rico que sufren la documentada fragilidad infraestructural y sistémica que agudiza las inundaciones. Pero el hecho es que casi una cuarte parte de la población de la isla es víctima clara o potencial de la calamitosa normalización de los crecientes y peligrosos aluviones cuyas soluciones reales desde hace décadas se le escapan a la apropiada acción gubernamental.

Puerto Rico está ante una confluencia de oportunidades laborales y de edificación de obras que, bien aprovechadas, pueden propiciar la sostenibilidad económica y social de las próximas décadas. Se requieren pasos afirmativos y consistentes del gobierno y de la ciudadanía para construir la infraestructura del país futuro con enfoque innovador y sostenible.

Los problemas sociales que enfrenta Puerto Rico se agudizan en la medida en que nuestra sociedad desatiende el aumento de la población de mayor edad. Asuntos como la falta de servicios de apoyo y de seguridad atentan contra un grupo en crecimiento y cada vez más vulnerable. Es preciso proveer alternativas que asistan a esta población con premura y empatía.

Los horrores registrados el fin de semana pasado en Israel, tras el criminal y despiadado ataque del grupo terrorista Hamás, que secuestró y asesinó a mansalva a más de un millar de inocentes, incluyendo infantes, quedará registrado como uno de los episodios más sanguinarios y crueles en la historia de la humanidad.

La detección e intervención tempranas son esenciales para la prevención acertada y el tratamiento óptimo de las condiciones de salud mental en menores de edad, las cuales muestran una preocupante incidencia alcista en Puerto Rico, en particular en la población escolar más joven.