El juez Rafael Lugo, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, encontró el lunes causa para arresto contra Luis Cruz Santiago, el hombre imputado de presuntamente asesinar a Jackeline Santiago Rodríguez en el área de retén del cuartel municipal de Morovis en hechos registrados el 13 de abril, confirmó el Departamento de Justicia a El Nuevo Día.

La Fiscalía de Arecibo le radicó a Cruz Santiago cargos por asesinato en primer grado (modalidad de feminicidio íntimo), un cargo por poner en riesgo la seguridad al disparar en un lugar público y dos cargos al amparo de la Ley de Armas, que incluyen portación y uso de un arma de fuego sin licencia y disparar y apuntar un arma de fuego.

Tras evaluar la prueba, el juez determinó causa en todos los cargos y le impuso una fianza de $2.5 millones, la cual no prestó, por lo que será ingresado a una institución penal. La celebración de la vista preliminar quedó pautada para el 8 de mayo.

Por su parte, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, aseguró que la agencia está procesando los casos de feminicidio mientras que exhortó a unir esfuerzos para la prevención.

“El Departamento de Justicia está cumpliendo con el procesamiento de los casos de feminicidio. Lamentablemente, esta función se realiza cuando se ha cometido un delito. Es necesario aunar esfuerzos entre todos los componentes de la sociedad y el Gobierno para prevenir este mal que destruye familias y provoca consecuencias severas”, sostuvo el titular en declaraciones escritas.

“”Como una enfermedad, hay que detectar sus señales y síntomas a tiempo. Las víctimas deben saber que no están solas. Contamos con los servicios y ayudas que necesitan para apoyarles en el proceso”, agregó.

De acuerdo con el pietaje de una de las cámaras de seguridad del cuartel, ese día, la víctima llegó caminando al edificio junto al supuesto victimario, quien tocó el timbre y le abrió la puerta. Posteriormente, Cruz Santiago desenfundó una pistola e hizo detonaciones desde el marco de la entrada, lo que fue respondido por parte de un oficial con disparos desde dentro de la pequeña recepción del edificio policial.

Cruz Santiago recibió, al menos, tres impactos de bala, por lo que fue transportado al Centro Médico, donde permaneció bajo custodia de la Policía.

Al momento de los hechos, el imputado cumplía con un programa de desvío por violaciones a la Ley 54 y tenía una orden de protección vigente en su contra por otro caso de violencia doméstica que vencía el 26 de octubre, fecha en que también culminaba su participación en el programa.

En entrevista con el Nuevo Día, el coronel Roberto Rivera Miranda, comisionado auxiliar de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía, había indicado que el sujeto no tenía licencia de portación de arma de fuego, por lo que la pistola que, presuntamente, utilizó para asesinar a Santiago Rodríguez era ilegal.

Los hechos por los que cumplía con el programa y tenía una orden de protección en su contra se suscitaron en 2022. Este medio tuvo acceso a la resolución de dicho caso, en el que el hombre se comprometía, entre otras cosas, a no poseer o portar armas de fuego y blancas, así como no cometer otros delitos.

Asimismo, debía cumplir con 52 terapias grupales para agresores de violencia doméstica, 12 individuales para ofensores de Ley 54 e igual número para la prevención en el uso de sustancias controladas. También, estaba obligado a mantenerse en contacto con el técnico sociopenal asignado a su caso y recibir supervisión nocturna.

Tras el incidente, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) inició el pasado martes, mediante la radicación de un informe, el proceso para solicitar la revocación de libertad condicionada y la participación de Cruz Santiago en el programa.