El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) inició este martes, mediante la radicación de un informe, el proceso para solicitar la revocación de libertad condicionada y la participación en un programa de desvío a Luis Cruz Santiago, imputado de asesinar a Jackeline Santiago Rodríguez en la entrada del cuartel municipal de Morovis en hechos registrados el 13 de abril.

La secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, dijo a El Nuevo Día que, de aprobarse la revocación, Cruz Santiago “se expone a la posible radicación de nuevos cargos, más la revocación de la probatoria”.

“Nosotros estamos solicitando al Tribunal que la revoque. Quien ordena la revocación es el Tribunal (de Arecibo)”, añadió la titular del DCR.

Escobar Pabón explicó que cuando una persona no culmina con un programa de desvío, “de inmediato los técnicos sociopenales radican (una) moción al tribunal para iniciar el proceso de revocación, y que entonces cumpla la pena en prisión”.

“El tribunal entonces determinará la pena o monto a cumplir (en prisión), y determinará, además, si el tiempo cumplido bajo libertad a prueba se le concede como tiempo cumplido en prisión o no. Así que tiene un riesgo alto de volver, desde cero, a cumplir y que la pena sea mayor”, detalló la funcionaria.

Cruz Santiago permanece hospitalizado y bajo la custodia del Negociado de la Policía tras recibir, al menos, tres heridas de proyectil de bala de un agente municipal que disparó tras presenciar cuando el hombre, presuntamente, abrió fuego contra Santiago Rodríguez en lo que fue el octavo feminicidio en lo que va del 2024.

La pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo reveló que el hombre participaba de un programa de desvío tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Arecibo por cargos de maltrato mediante amenaza y maltrato mediante la restricción de la libertad, al amparo de la Ley 54 de Violencia Doméstica. Este incidente ocurrió con una expareja de Cruz Santiago. El coronel Roberto Rivera Miranda, comisionado auxiliar de Investigaciones Criminales de la Uniformada, dijo, el 13 de abril, a El Nuevo Día, que el expediente de Cruz Santiago detalla otros casos de violencia doméstica.

El DCR indicó, mediante comunicación escrita, que Cruz Santiago asistió a 12 sesiones de terapias preventivas por adicción al alcohol y a 52 terapias grupales para agresores en casos de Ley 54 realizadas por el programa Cuaresma. No obstante, el DCR sostiene que Cruz Santiago solo cumplió con 11 de las 12 sesiones individuales ordenadas.

“A esta fecha, le quedaba una terapia individual para culminar su programa de desvío”, leen las declaraciones del DCR enviadas a El Nuevo Día.

El DCR añadió que como parte de los beneficios de los programas de desvío, si una persona cumple con todas las condiciones, el delito desaparece del récord para fines de obtener certificados de buena conducta para buscar empleo. Sin embargo, la convicción permanece en los sistemas, por lo que personas reincidentes no deben cualificar.

El Departamento de Justicia adelantó que, una vez Cruz Santiago sea dado de alta, la Fiscalía de Arecibo procederá con la radicación de cargos por feminicidio íntimo.