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Los dos votos disidentes fueron de los jueces Stephen Breyer y Sonia Sotomayor. (Archivo/AP)

WASHINGTON - En votación de 6-2, el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó hoy la determinación de la corte de distrito de que el Estado Libre Asociado (ELA) no tiene soberanía propia para fines de la cláusula constitucional federal contra la doble exposición en casos criminales.

La opinión de la mayoría fue emitida por la jueza Elena Kagan, quien advirtió que en el tema de la soberanía local del gobierno de Puerto Rico el caso se refiere al aspecto del poder para acusar en sus tribunales a convictos federales por casos criminales.

Pero, de todos modos indica que "la última fuente de poder para fines de presentación de cargos es el gobierno federal, porque cuando rastreamos esa autoridad llegamos a las puertas del Congreso estadounidense".

Kagan menciona, para fines históricos, que en 1952 la Isla se convirtió "en una nueva especie de entidad política", pero compara el poder del Congreso sobre la Isla con el que tienen los estados sobre los municipios.

Los jueces Ruth Bader Ginsburg y Clarence Thomas emitieron opiniones concurrentes.

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Los dos votos disidentes fueron de los jueces Stephen Breyer y Sonia Sotomayor, quienes en la audiencia oral de enero fueron los que con más fuerza defendieron el reclamo del gobierno de Puerto Rico de que el ELA tenía soberanía para fines de la cláusula constitucional contra la doble exposición en casos criminales.

Aunque se cuida de coincidir con Kagan en que el caso no entra a considerar toda la naturaleza jurídica de la relación entre Puerto Rico y EE.UU., Breyer afirmó que Puerto Rico ganó suficiente soberanía entre 1950 y 1952 para que la fuente de poder para presentar cargos criminales emane del pueblo puertorriqueño.

Breyer destaca que la Organización de las Naciones Unidas coincidió, en 1953, con el memorándum del Gobierno federal en el que afirmó, al pedir dejar de presentar informes sobre la situación colonial de la Isla, que Puerto Rico había adquirido un nuevo status político, con cierto gobierno propio.

La determinación del Tribunal Supremo de EE.UU. se publicó, sin embargo, justo cuando la Cámara de Representantes puede aprobar hoy un proyecto de ley que establece una nueva autoridad federal para controlar los asuntos fiscales, y hasta poder revisar leyes, del gobierno de Puerto Rico.

El caso de Puerto Rico versus Sánchez Valle era el único que el tribunal tenía pendiente entre las sesiones orales de enero.

Todavía tiene que decidir, quizá a finales de mes, el caso que revisa la constitucionalidad de la ley puertorriqueña de quiebras.

Lea más sobre el caso Sánchez Valle

Cuando el caso de Sánchez Valle se debatió ante el Tribunal Supremo de EE.UU., la subprocuradora general, Nicole Saharsky, dijo que están conscientes de la magnitud de todo este debate. "La última fuente de poder de los territorios – como Puerto Rico-, se deriva del Congreso", indicó entonces Saharsky.

Aunque pensó que no se haría, Saharsky – como le dijera prácticamente en 2006 Hillary Clinton al entonces exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, según el político puertorriqueño-, afirmó claramente entonces que el Congreso, como puede hacer ahora con el proyecto 5278, tiene el poder para echar abajo la Constitución de Puerto Rico.

Origen de la controversia

Los hechos del caso se refieren a cargos criminales por venta de armas en contra de Luis Sánchez Valle y Jaime Gómez Márquez, por la venta de un arma a un agente encubierto de la Policía.

Las autoridades de Puerto Rico les acusaron a base de la ley puertorriqueña, pero mientras los cargos estaban pendientes, un gran jurado también sometió acusaciones contra ambos.

Sánchez Valle y Gómez Márquez se declararon culpables en el foro federal y pidieron la desestimación de los cargos en los tribunales de Puerto Rico.

En el tribunal de distrito, un juez rechazó el argumento del gobierno local de que Puerto Rico y Estados Unidos eran soberanías separadas para fines de la cláusula constitucional contra doble exposición en casos criminales.

Reacciona el Departamento de Justicia

El secretario de Justicia, César Miranda, aceptó de inmediato que la determinación del Tribunal Supremo es adversa a la posición que defendían.

“Reconoce los grandes cambios estructurales del gobierno que se dieron en el 1952, reconoce el concepto de gobierno propio que se estableció en el 1952, entiende que hay un nivel de soberanía que nace de esa relación, pero no es la soberanía que tendría un estado ni las tribus indígenas, y que el poder lo seguiría teniendo el Congreso”, sostuvo a periodistas en el Capitolio.


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