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Hermes Ávila Vázquez llega caminando a su cita judicial, pero la vista preliminar queda pospuesta hasta junio

El licenciado Alexis Alcaide, quien representa al imputado, explicó al tribunal que no ha terminado el proceso de entrevista inicial a su representado, por lo que no estaba listo para iniciar dicho proceso

7 de mayo de 2024 - 11:42 AM

Hermes Ávila Vázquez figura en silla de ruedas en sus fotos en el Registro de Ofensores Sexuales. (Captura)

Arecibo - Aunque alegaba que tenía problemas de movilidad e incluso paraplejia, Hermes Ávila Vázquez, imputado del feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, ocurrido en Manatí, entró caminando y sin valerse de una silla de ruedas a enfrentar su cita con la justicia.

Con un uniforme de confinado color azul marino, una mascarilla que tapaba gran parte de su rostro y esposado de pies y manos, Ávila Vázquez entró a las 9:33 a.m., a la sala 203, del Tribunal de Arecibo, para el inicio de la vista preliminar en su contra ante el juez Élix A. Morales Cubero.

Sin embargo, el proceso quedó pospuesto luego que el licenciado Alexis E. Alcaide Rosario, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), informara al tribunal que no estaba listo para ver el caso en sus méritos, ya que no ha concluido el proceso de entrevista a su representado.

Alcaide Rosario dijo que inició la entrevista el viernes, pero que no ha culminado. “Nosotros tuvimos la oportunidad de tener una entrevista inicial con el señor Hermes Ávila Vázquez, pero esta entrevista no ha sido concluida, por lo que estaríamos solicitando otra fecha”, sostuvo.

Así las cosas, el juez fijó el 24 de mayo para que la defensa concluya dicho proceso, mientras que el inicio de la vista preliminar quedó pautada para el 3 de junio a las 9:00 a.m. De ser necesario, el proceso seguirá el 4 de junio a las 10:30 a.m., y el 5 de junio a las 9:00 a.m.

Enmiendan la denuncia

De otro lado, el Ministerio Público presentó con éxito una enmienda a la denuncia original contra el imputado para añadir el inciso 9 del Artículo 93 del Código Penal, que se refiere a que “el victimario haya abandonado, expuesto o depositado el cuerpo de la víctima en un lugar público”.

Actualmente, Ávila Vázquez, de 52 años, enfrenta cuatro cargos por asesinato en primer grado en la modalidad de feminicidio íntimo, portación y uso de arma blanca, destrucción de prueba y apropiación ilegal de un vehículo, según el Departamento de Justicia.

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“Está podrido”, expresó un amigo de la mujer sobre Hermes Ávila Vázquez, imputado de asesinarla tras salir de la cárcel en 2023 por una alegada condición de salud, pese a que tenía cadena perpetua en prisión por otro feminicidio.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 21 de abril, a las 4:29 a.m., cuando la víctima fue asesinada y hallada semidesnuda en la carretera PR-686, cerca de la playa Los Tubos en Manatí. Esta tenía una herida abierta en el cuello y en la cabeza que le provocaron la muerte en el acto.

En declaraciones a la prensa, el fiscal Juan Ayala confirmó que tienen sobre ocho testigos en el caso, aunque en la etapa de vista preliminar solo tres serían llamados a declarar, incluyendo familiares de la víctima, el agente investigador y personal del Instituto de Ciencias Forenses.

“Estábamos preparados (para iniciar la vista). Había tres testigos disponibles y con esos tres testigos estaríamos preparados. Dependiendo de cómo fluyan los testimonios, determinaríamos si, en efecto, los íbamos a sentar a todos. Lo cierto es que, uno de los principales y que sí se va a sentar (a declarar), es el investigador del caso”, aseveró.

En compañía de la fiscal Lucianne Sánchez, Ayala no quiso entrar en el detalle específico de la evidencia contra el imputado. “Hay una serie de evidencia que se recopiló. No puedo entrar específicamente en cuanto a qué tipo de evidencia es. En su momento, surgirá de los testimonios”, dijo.

“Entendemos que tenemos toda la prueba necesaria para esta etapa y para una determinación de culpabilidad en la etapa de juicio”, abundó.

No presenta problemas mentales

En tanto, Alcaide Rosario dijo que su representado tiene “la actitud de un confinado que va a empezar un proceso criminal en su contra”.

“¿No debe haber impedimento por su condición mental para que enfrente el proceso?”, le preguntó un periodista. “Entiendo yo que no”, respondió el licenciado, quien afirmó que su representado está cooperando. “Él nos está hablando. Nosotros estamos verificando información”, dijo.

Cuestionado por la prensa, Alcaide Rosario indicó que solo ha dialogado con su representado sobre el caso de Meléndez Vega y no del proceso que siguió ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para obtener un pase extendido a la libre comunidad bajo la Ley 25-1992, conocida como “Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras Enfermedades en su Etapa Terminal que están confinados”.

Actualmente, este proceso es investigado por el Departamento de Justicia luego que el DCR refiriera los hallazgos preliminares de la evaluación hecha a expedientes médicos de Ávila Vázquez, la cual dejó al descubierto inconsistencias en la documentación y discrepancias en los diagnósticos.

“Solamente hablamos del caso criminal que está ante la consideración del tribunal. En ese caso, yo no lo represento y no entro a discutir con él esos asuntos. Todo de lo que hablamos es del caso que está pendiente hoy en el tribunal”, mencionó el licenciado.

A preguntas de El Nuevo Día sobre si su representado le ha indicado que necesita algún tipo de acomodo razonable para no estar parado mucho tiempo en sala, el licenciado contestó: “No hemos entrado hablar de eso. Él no me lo ha expresado y yo no se lo he preguntado”.

“Ustedes tuvieron la oportunidad de verlo aquí cuando se paró. Yo solamente lo vi el viernes y hoy. Él ha venido de pie, caminando, como lo vieron ustedes”, puntualizó el licenciado.

Desde la década de 1990 hasta el 2005, Ávila Vázquez ha enfrentado problemas con la justicia y ha sido procesado por múltiples cargos, que incluyen asesinato en primer grado, agresión agravada, actos lascivos, portación y uso de arma blanca y posesión ilegal de armas. Por todos los cargos resultó culpable.

En el 2005, el convicto fue sentenciado a 122 años de prisión tras declararse culpable por el asesinato de la terapista Celia López García, de 28 años y madre de dos niños, ocurrido en Caguas. De acuerdo con la investigación del Negociado de la Policía, el convicto violó y asesinó a su víctima, cuyo cadáver fue encontrado con una herida de arma blanca en el cuello.

Sin embargo, tras presentar una solicitud al amparo de la Ley 25-1992, en abril de 2023, el convicto quedó en libertad. Desde entonces, se han levantado una serie de cuestionamientos públicos sobre las circunstancias que rodean la excarcelación del convicto, quien ahora enfrenta la justicia por cargos relacionados con el noveno feminicidio del año.

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