El gobernador Pedro Pierluisi anunció este martes dos acuerdos colaborativos entre el Poder Judicial, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Negociado de la Policía para promover el intercambio de información sobre el trámite de órdenes de protección por violencia de género e interconectar los sistemas electrónicos de las entidades públicas para que esos datos estén disponibles de inmediato.

A tono con el estado de emergencia por violencia de género –decretado por Pierluisi vía orden ejecutiva en enero de 2021 y que ha extendido desde entonces–, la vigencia de los acuerdos es inmediata.

“Uno de los acuerdos es para uniformar y desarrollar un proceso consistente en el manejo de las órdenes de protección, y el otro acuerdo viabiliza la interoperabilidad de los sistemas electrónicos para que estén disponibles a los agentes de ley y orden inmediatamente que se expidan las órdenes de protección”, precisó el gobernador.

El Centro de Operaciones de Órdenes de Protección (Copop) recibirá digitalmente de los tribunales las órdenes de protección expedidas, a fin de registrarlas y notificarlas a los centros de mando de las áreas policíacas, explicó Pierluisi. De esta forma, agregó, se procedería con su diligenciamiento –cuando corresponda– y se mantendría informada a cada una de las personas que interceden en casos de violencia de género.

“Ahora mismo, esto ocurre, pero ocurre por vía de correo electrónico, pero puede tardar horas, cuidado si hasta el próximo día. No. Esto va a ser ahora virtual, inmediatamente, o sea, en tiempo real. Cuando se expide la orden, inmediatamente ya el Copop tiene visibilidad. Es un gran paso de avance”, sostuvo.

“Las órdenes no son solo un documento judicial. Son también un llamado al apoyo, la orientación y la ayuda”, agregó el gobernador, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el secretario del DSP, Alexis Torres; la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez; y el comisionado de la Policía, Antonio López.

Pierluisi dijo que, “para facilitar aún más” el proceso de divulgar y diligenciar una orden de protección, la Policía creó el Copop móvil, que permite que los uniformados accedan a toda la información del organismo.

“De esta forma, oficiales de ley y orden pueden ver, de forma remota y completamente electrónica, datos importantes de la parte peticionada, como los índices de peligrosidad, el historial criminal, tenencia de armas de fuego, órdenes de arresto pendientes, fotos y datos de contacto, así como la copia de la orden de protección”, precisó.

El primer ejecutivo enfatizó que esta herramienta tecnológica permite que alguaciles, policías estatales o municipales tengan inmediatamente “un perfil” de la persona en contra de la que se diligencia una orden de protección.

Ya 27 municipios han suscrito acuerdos con la Policía para tener acceso al Copop móvil, se informó en la conferencia de prensa. A su vez, unos 50 municipios están integrados al Copop, “y el plan es llegar a los 78 a finales de este año”, anticipó Pierluisi.

Hasta el 31 de marzo, había 2,522 órdenes de protección expedidas al amparo de la Ley 54 de 1989, conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Se informó, además, que, desde junio de 2021 hasta el presente, están activas 12,782 órdenes de protección.

Tanto el gobernador como la jueza presidenta del Supremo defendieron la efectividad de las órdenes de protección como un mecanismo que ayuda, y coincidieron en que los acuerdos “mejoran la respuesta”.

“Lo importante es seguir en lucha y estar todo el tiempo monitoreando los casos, las estadísticas, con miras a que se reduzca esta violencia, en todas sus modalidades, incluyendo la lucha de género”, afirmó el gobernador.

“Sin duda, (la orden de protección) es un papel, pero, en la gran mayoría de los casos, la opción de tener una orden de protección ayuda. No es una protección absoluta, pero está comprobado que tener una orden de protección, en la gran mayoría de las ocasiones, es mejor que no tenerla”, agregó Oronoz Rodríguez.

Igualmente, recalcó que se requiere de educación para erradicar este mal social. Abogó por la aprobación de un currículo con perspectiva de género, cuando el gobierno adoptó lo que ha llamado un “currículo de equidad y respeto”.

“He sido enfática en que el primer paso para erradicar esta problemática yace en momentos claves previos a la intervención judicial, principalmente en la educación. Se vuelve cada vez más imperioso e ineludible dejar atrás las visiones androcéntricas y machistas de antaño para adoptar nuevos conceptos que redefinan las relaciones de poder entre los géneros”, expuso la jueza presidenta.

Indicó que, como parte del acuerdo, la Policía implantará un “programa de patrullaje preventivo en beneficio de todas las víctimas de violencia de género que cuenten con una orden de protección a su favor y que autoricen recibir dicho servicio”.