El gobernador Pedro Pierluisi insistió este viernes en que la secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón, solo tiene una “responsabilidad vicaria” sobre los eventos que derivaron en el reciente feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, presuntamente a manos de Hermes Ávila Vázquez, quien salió a la libre comunidad el año pasado bajo la premisa de que era parapléjico.

“Hasta el momento, no hay evidencia alguna, ni señalamiento alguno de participación directa de la secretaria en este asunto. Ya eso es responsabilidad vicaria. Yo, por ejemplo, como gobernador, soy responsable de todo lo que pasa en el gobierno de Puerto Rico, lo bueno y lo malo, es mi responsabilidad vicaria. Lo mismo ocurre con los jefes de agencia”, sostuvo Pierluisi.

El jueves, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) refirió al Departamento de Justicia los hallazgos preliminares de una auditoría externa a los expedientes médicos de Ávila Vázquez, quien cumplía cárcel tras una convicción por asesinato en primer grado hasta ser liberado al amparo de la Ley 25 de 1992.

“En la investigación, se va a determinar exactamente quién falló. Si por alguna razón se determina que la secretaria participó en ese asunto, intervino, y tomó una medida o determinación errada, pues ya evaluaremos ese asunto. Hasta el momento no hay evidencia de eso”, dijo el gobernador, al recalcar que los “pases extendidos” que se otorgaban a confinados que cualifican bajo la Ley 25 se había delegado en una secretaría auxiliar del DCR.

La auditoría preliminar –comisionada a UTI Corp– abarcó “los últimos seis tomos del expediente médico” de Ávila Vázquez, señaló Escobar Pabón en un comunicado de prensa.

Aunque se abstuvo de adjudicar responsabilidades en esta etapa, Pierluisi describió la liberación de Ávila Vázquez como “un gran fallo, un gran engaño, un gran fraude”.

“No queremos que eso se repita. Sé que una de las medidas que tomó la secretaria fue paralizar cualquier emisión de pases bajo esa ley, y se tomarán todas las medidas que se tengan que tomar para que ese programa, que existe por ley, se administre debidamente”, expresó el primer ejecutivo, tras participar de una premiación a agricultores del país.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, confirmó el jueves que la agencia recibió la documentación de parte del DCR, por lo que procedería con su investigación. Según Justicia, se habían emitido siete subpoenas con miras a recabar información relacionada con el trámite de excarcelación de Ávila Vázquez.

“Entiendo que ambas investigaciones van a correr de forma paralela, la administrativa (del DCR) y la que pudiera ser de índole penal, de parte de Justicia. Lo importante es que esto se esclarezca y se sepa exactamente por qué pasó, con mucha transparencia, y responda quien tenga que responder”, acentuó Pierluisi.