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El concepto de doble ciudadanía, recocido por la doctrina de “ciudadanía efectiva”, está contenido en el proyecto de nueva Constitución que ha sido sometido a debate popular desde el pasado 13 de agosto. (GFR Media)

La Habana, Cuba - Las autoridades cubanas colocarán a nivel constitucional el derecho de sus ciudadanos a tener ciudadanía doble, una movida que hará legal una práctica que se viene realizando el país desde hace varios años, pero que está amparada en un decreto que, en términos estrictamente legales, es contrario a lo estipulado en la Constitución vigente en el país.

El concepto de doble ciudadanía, reconocido por la doctrina de “ciudadanía efectiva”, está contenido en el proyecto de nueva Constitución que ha sido sometido a debate popular desde el pasado 13 de agosto.

Admitir la doble ciudadanía es una de las novedades más significativas del texto aprobado el 22 de julio último por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el cual debería someterse a referéndum en febrero próximo, pues se suprime que el lenguaje actual que sostiene que “cuando se adquiera una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana”, como establece el artículo 32 de la vigente Carta Magna.

En correspondencia, ahora se propone la “ciudadanía efectiva” en el artículo 35, en el que se lee que “los cubanos en el territorio nacional se rigen por esa condición, en los términos establecidos por la ley, y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera”.

Eso significa que los ciudadanos cubanos no perderán su ciudadanía de adquirir una segunda, aunque cuando estén en Cuba sólo se regirán por los estatutos de su ciudadanía cubana, algo similar a lo que ocurre en Estados Unidos, donde a los ciudadanos con doble ciudadanía sólo se le reconoce la americana.

La inclusión de este principio de derecho responde a un cambio en la política migratoria de la Isla, ocurrido en el 2013, el cual permite la repatriación de ciudadanos cubanos al aceptar su doble ciudadanía, además del aumento de los viajes de cubanos hacia y desde el exterior, sumado a un número importante de nacionales que ostentan residencia o ciudadanía de otros países.

Ernesto Soberón, director del Departamento de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior (Daccre), dijo a la Agencia Cubana de Noticias que los cambios “responden a la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y actualizar esa Carta Magna que data de momentos cuando la situación migratoria era diferente”.

El funcionario de la Cancillería apuntó que resultaría un contrasentido mantener el mismo tratamiento que se le otorga al tema en la Ley de leyes vigente (1976), “cuando en la práctica lo que sucede es que varias personas tienen dos ciudadanías, en contraposición con los preceptos constitucionales”.

A juicio de Soberón, el primer beneficio es que ya se está plasmando en el proyecto de Carta Magna, y “a partir de entonces habrá que actualizar el resto de las normas jurídicas relacionadas para que luego tenga sustento”.

Cuba, por ejemplo, no tiene una Ley de ciudadanía, que deberá crearse junto con otros cuerpos legales a fin de regular todo cuando pauta la próxima Constitución.

Sí existe una Ley de migración (1976), actualizada y concordada con decretos-leyes en 2012 y 2015, mientras que en enero de 2018 entraron en vigor cuatro nuevas medidas en virtud de fortalecer aún más las relaciones del Gobierno con los nacionales radicados en otras latitudes.

En el caso de la ciudadanía efectiva, insistió Soberón, habrá que esclarecer en las normas jurídicas complementarias los derechos y deberes que también tendrían en suelo nacional los ciudadanos cubanos con residencia en el exterior, o que disfruten de otra ciudadanía.

Ante las dudas recurrentes con respecto a las cuestiones migratorias, el director del Daccre subrayó que un cubano, amén de tener otra ciudadanía, debe hacer uso del pasaporte cubano en territorio nacional, tanto para ingresar como para salir, de acuerdo con lo dispuesto.

Especificó que ello no varía en caso de tener un pasaporte español, que podrá seguir empleándose pues éste sólo constituye “el permiso o visa para entrar o salir del país de destino”, lo cual “no quiere decir que la persona esté saliendo de Cuba como ciudadano español”.

En otro orden, en el documento constitucional propuesto se mantienen varios postulados vinculados con la adquisición de la ciudadanía “por nacimiento o naturalización”, así como también pérdida de la misma.

Una de las novedades introducidas en el texto es la renuncia a la ciudadanía, y la modificación de que será el Presidente de la República quien autorizará la obtención de la cubana a personas privadas arbitrariamente de su ciudadanía de origen, facultad que hoy atañe al Consejo de Estado.


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