Vista de un crucero de Carnival que ya había sido demandada. (AP)

La Habana, Cuba - Las líneas de cruceros Royal Caribbean, Norwegian Cruise y MSC Cruises fueron demandadas por viajar a Cuba, bajo el Título III de la controvertida Ley Helms-Burton, por personas que sostienen que dichas empresas “traficaron” con propiedades que fueron confiscadas a sus familias por la revolución cubana.

Los demandantes dieron ese paso legal en el sureño estado de Florida, luego de que un juez federal rechazara ayer la moción solicitada por otra empresa de cruceros, Carnival Corp., para desestimar una reclamación previa en su contra, también bajo el Título III.

Uno de los demandantes es Javier García, quien también presentó en mayo la mencionada reclamación contra Carnival Corp. y ahora da un paso similar contra Norwegian Cruise y Royal Caribbean, con el argumento de que es propietario del puerto de la oriental provincia de Santiago de Cuba, donde atracaban cruceros de esas empresas.

Asimismo, se interpusieron demandas contra Norwegian Cruise, Royal Caribbean y MSC Cruises en nombre de Havana Docks Corporation, una compañía perteneciente a Mickael Behn que dice ser “propietaria legítima de ciertos bienes inmuebles comerciales” en el Puerto de La Habana.

Como García, Havana Docks Corporation también presentó una reclamación contra Carnival Corp. el 2 de mayo último, el mismo día en que la administración de Donald Trump permitió la activación del Título III, que permite que ciudadanos estadounidenses demanden en tribunales de Estados Unidos a entidades que “trafiquen” con bienes confiscados tras el triunfo de la revolución en Cuba en 1959.

Esta última línea de cruceros solicitó al juez James Lawrence King desestimar la demanda de García, al argumentar que tenía suficiente permiso del Departamento del Tesoro para hacer negocios en la nación antillana, pero en su fallo de ayer el magistrado dijo que “no estaba persuadido” por ese argumento, por lo que el pleito se verá en su fondo.

No significa que los demandantes hayan ganado, pero sí que tendrán la oportunidad de argumentar su caso ante el tribunal, lo que será inédito bajo el manto del Título III de la Ley Helms-Burton, que fue aprobada por el Congreso estadounidense en 1996.

Aunque entró en vigor en ese momento, todas las administraciones desde entonces suspendieron la aplicación del mencionado Título III, como un reclamo de la comunidad internacional, por su carácter extraterritorial.


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