Fachada del Departamento de Hacienda. (GFR Media)

En momentos en que los acreedores del gobierno presionan a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que separe una porción mayor de los ingresos del gobierno para repagar la deuda pública, el Departamento de Hacienda proclamó que en los primeros cinco meses del año fiscal han recaudado $667.6 millones en exceso a lo proyectado.

Esos fondos, sin embargo, no podrán ser usados a menos que haya una autorización expresa del organismo que controla las finanzas de Puerto Rico por mandato congresional. Esto porque en el plan fiscal vigente, los excesos en los recaudos actuales se congelarán para cubrir las deficiencias presupuestarias que se proyectan para la próxima década.

Esta determinación de la JSF, sin embargo, ha generado descontentos en el gobierno central y la legislatura cuyos líderes han exigido y hasta aprueban medidas dando uso a estos fondos a los que no tienen acceso.

“El comportamiento positivo de los recaudos durante los primeros cuatro meses del año fiscal, valida el éxito de estas iniciativas y de la visión de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, de trabajar con un grupo fiscal alineado y mejores relaciones con el ente fiscal federal”, expresó el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea en una declaración escrita.

Vázquez Garced lleva en la gobernación desde inicios de agosto, cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró inconstitucional la investidura del ex comisionado residente Pedro Pierluisi Urrutia y ya estuviera en vigencia la renuncia del anterior gobernante Ricardo Rosselló Nevares.

El aumento en los recaudos responde, principalmente, a un alza en lo que le cobra el gobierno a las corporaciones por concepto de contribución sobre ingresos. El alza en este renglón es de $657 millones en comparación con el mismo periodo en el año fiscal 2019, según los datos provistos por Hacienda. Parés Alicea no precisó a qué obedece el alza en lo que pagan las corporaciones en ese tributo. El aumento equivale al 93% del incremento en los recaudos del gobierno.

En contraste, Hacienda cobró $18 millones menos que el año anterior en el arbitrio sobre las ventas de las manufactureras foráneas con operaciones en la isla. Este tributo, que representa cerca del 20% de los recaudos del todo el gobierno central, está bajo amenaza debido a que el gobierno federal dejará de acreditar en las planillas federales lo que estas manufactureras pagan aquí por ese arbitrio. Esto podría ocurrir tan pronto como inicios del 2020, afectando así la competitividad industrial de la isla, ya maltrecha por la reforma contributiva federal del 2017.

La recomendación del gobierno estadounidense es que Puerto Rico cambie el arbitrio a una modalidad de contribuciones sobre ingresos que, bajo las leyes actuales, puedan acreditarse en el Código de Rentas Internas estadounidense.

Esto, sin embargo, no se ha concretado todavía. La gobernadora Vázquez Garced ha informado que Hacienda trabaja sobre varias alternativas que mantengan los niveles de recaudos.


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