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¿Un "huracán" en la Autoridad de Energía Eléctrica? Quizás no sabías esto.

El Departamento de Hacienda desembolsó hoy los fondos del préstamo de emergencia aprobado por la jueza Laura Taylor Swain a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que la corporación pública continúe operando, informó el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Gerardo Portela.

“Con este préstamo, la AEE tiene acceso a $300 millones, los cuales ayudarán a brindarle liquidez a corto plazo a la corporación pública para que pueda continuar operando”, indicó el jefe de AAFAF.

El secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, indicó en declaraciones escritas que el préstamo puede ser utilizado para los usos elegibles que estén directamente vinculados a recuperación del sistema como el pago de nómina, la compra de combustible y otros gastos operacionales para salvaguardar las operaciones de la AEE.

“Este préstamo asegura que un servicio crítico para Puerto Rico, como es la energía eléctrica, continúe”, señaló Maldonado Gautier.

Portela expresó mediante comunicado de prensa que, debido a las necesidades de liquidez de la AEE, se requiere tomar otras medidas para mantener la estabilidad fiscal de la corporación pública como lo son las ayudas federales que el tesoro federal aún no desembolsa, medidas de ahorros y otros préstamos.

El asesor financiero del gobierno indicó además que continúan las negociaciones con el Departamento del Tesoro federal y la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para que Puerto Rico pueda obtener acceso finalmente a los fondos aprobados por el Congreso bajo el programa de préstamos a comunidades afectadas por desastres.

El financiamiento fue aprobado el pasado lunes luego que la Aafaf y la Junta de Supervisión Fiscal modificaran la petición ante la jueza Swain, puesto que inicialmente solicitaban la aprobación de un préstamo de $1,000 millones que fue denegado.

Según la orden de Swain, Hacienda tendrá la prioridad de pago para recobrar los fondos prestados a la corporación pública y cualquier cambio sobre el uso del préstamo para usos "elegibles" deberá pasar por el aval de la corte. 


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